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TRENTON - La Fiscal General Anne Milgram y el Director de la División de Justicia Criminal, Gregory A. Paw informaron que el ex-alcalde de la ciudad de Irvington Michael Steele, fue acusado de conducta deshonesta y recibir sobornos no menos de $ 120,000 al haber manipulado ilegalmente los contratos del distrito escolar como administrador de negocios de la Junta de Educacion de Irvington.
La investigación conducida por el Buró de Corrupción de la División de la División de Justicia Criminal y la Policia Estatal de New Jersey, reveló que entre 2003 y 2007, Steele estuvo involucrado en dos separadas manipulaciones de licitaciones y sobornos relacionados con contratos que llegaban a $ 1.4 millones. Steele se retiró del distrito escolar el pasado mes de abril.
Steele, de 52 años, residente en Easton, Pensilvania, presumiblemente recibió sobornos por un total de $120,000 por parte de un contratista de suministros de la Florida a cambio que el distrito escolar de Irvington ordene las compras de suministros a esta empresa. Steele, presuntamente falsificó las órdenes de compra, exagerando la cantidad de suministros que se proveen, con el fin de hacer aparecer que la empresa ofrecía los mejores precios. La Florida Company, recibió un total de $ 900,000 en contratos del distrito escolar de Irvington.
En otro caso, Steele se presume hizo un arreglo con las ofertas de un contratista en Lakewood, NJ, con el fin de adjudicarle los contratos de los proyectos de construcción e instalación de cámaras de seguridad en el distrito escolar. Se presume que dichas ofertas públicas fraudulentas permitieron al menos, 29 contratos de la escuela con precios de los contratos inflados producir miles de dólares en sobornos para Steele.
“El señor Steele es acusado de violar la confianza del público y apropiarse ilegalmente al menos de $120,000 en sobornos que se generaron por inflar los costos de los contratos para el sistema escolar que en gran parte es respaldado por el Estado, así como los contribuyentes en Irvington”, manifestó la Fiscal General Milgram. "Nuestro dólares en impuestos, se utilizan para servir a los estudiantes que merecen mejores escuelas y que preparen a los jóvenes para un futuro con oportunidades. Los dólares no son para servir los intereses egoístas de administradores corruptos”, aseveró la Fiscal Milgram.
Según el director Paw, la División de Justicia Criminal logró que un jurado investigador pueda formular nueve cargos en contra de Steele, dos cargos de conducta deshonesta en segundo grado, dos cargos de patrón de conducta deshonesta en segundo grado, dos cargos de soborno en segundo grado, dos cargos de aceptar o recibir beneficios ilegales como funcionario público en segundo grado, y un cargo de conspiración en segundo grado.
Cada uno de los delitos se castigan con sentencias máximas de 10 años en prisión y un mínimo de 5 años en prisión después de ser condenado, así como el pago de $150,000 en multas.
" Los distritos escolares de New Jersey gastan millones de dólares cada año en contratos de bienes y servicios", precisó el Director Paw. "Tenemos que estar vigilantes para garantizar la integridad del proceso de contratación contra aquellos que pueden utilizar para sus propios intereses. Los investigadores hicieron un trabajo sobresaliente al descubrir estos delitos”, subrayó Paw.
La investigación estatal reveló que Steele, cuyo salario era de $ 120,000 al año, podia ordenar la compra de suministros de mantenimiento para el distrito escolar - incluyendo articulos como productos químicos para la limpieza, compuestos para la reparación de asfalto y sal para derretir la nieve, para lo cual ordenaba las compras a una empresa en Margate, La Florida, y la empresa presuntamente le podia pagar a Steele un "bono" entre $ 5,000 y $ 20,000 por cada pedido. Las acusaciones contra Steele mencionan el pago de 17 veces que totalizaron $ 120,000 entre el 31 de diciembre de 2003 y el 15 de octubre de 2007.
Steele, aparentemente llamaba al propietario de la empresa La Florida y le pedía la cantidad de productos que necesitaba para obtener sobornos en un monto determinado. Se presume que Steele podía ordenar las cantidades de suministros indicadas por el propietario, y al mismo tiempo, el propietario podía enviar a Steele el monto del soborno. Si bien la compañía podia acordar las cantidades de suministros para el distrito escolar, Steele, creaba falsas órdenes de compra con cantidades exageradas. La empresa La Florida no coincidía con los precios ofrecidos por los competidores, de modo que Steele podia dar la apariencia que esta empresa facilitaba un mayor número de suministros para dejar a un lado las demás ofertas.
En el segundo caso se encuentra implicado un contratista de Lakewood que posee dos empresas, una de construcción y otra de instalación de cámaras de seguridad. Steele, se presume se puso en contacto con el contratista para encargarle ciertos proyectos para la escuela y el distrito y prepararle un estimado de costos. Se afirma que Steele decidió inflar la estimación de los costos al incluir una cantidad como soborno y presentar la oferta inflada al distrito escolar.
Steele o el contratista de Lakewood prepararon dos ofertas fraudulentas competidoras con elevadas cantidades del proyecto. Como el contratista siempre mantenía una oferta más baja, la Junta de Educación le adjudicaba el contrato. Después, el contratista terminaba el trabajo y recibia un cheque del distrito escolar, para luego reunirse con Steele y entregarle la cantidad de dinero en soborno y en efectivo.
La acusación identifica 29 contratos con el contratista de Lakewood, entre enero de 2003 y diciembre de 2007.
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