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TRENTON
– La Fiscal General Anne Milgram y
la Directora de la División de Justicia
Criminal, Deborah Gramiccioni informaron
que un contratista en pinturas del condado
de Mercer ha sido acusado de falsificar
un certificado de registro del Estado y
poder obtener cinco contratos públicos
después que su registro original
fue invalidado.
La
Directora Gramiccioni, explicó que
George M. Vanicsko Jr., de 52 años,
de Yardley, Pennsylvania, y su empresa,
Vanko Painting/Coating Inc., localizada
en Ewing, New Jersey, fueron acusados el
14 de Julio pasado por un jurado investigador
de cuatro cargos de falsa representación
para obtener un contrato del gobierno, y
un cargo de falsa representación
para un conseguir un contrato del gobierno
en tercer grado.
Este
caso fue referido a la División de
Justicia Criminal por la División
de Salarios y Observancia de Horas, la cual
inicialmente investigó el fraude.
Además de la revocación de
su registro, Vaniscsko, más tarde
fue prohibido de trabajar mediante contraltos
públicos durante 3 años empezando
el año 2008, debido a que no cumplió
con mantener y demostrar ante el Departamento
de Trabajo los documentos de planillas de
pagos que son requeridos según ley
(Prevailing Wage Act).
“seguiremos
trabajando con el Departamento de Trabajo
en las investigaciones y acusaciones contra
los contratistas que intenten burlar las
leyes y normas y cometer fraudes”,
dijo la Fiscal General Milgram “Cuando
los empleadores quiebran las normas para
conseguir injustas oportunidades, los ciudadanos
de New Jersey son los que sufren. Esta acusación
demuestra que el Estado toma con seriedad
su misión de proteger a los trabajadores
y los contribuyentes al hacer cumplir las
leyes de salarios y observancia de las horas”,
precisó el Comisionado de Trabajo,
David J. Socolov. “los castigos severos
son apropiados en este tipo de casos, en
los cuales un contratista de construcción
tenia un certificado de registro de contratista
que previamente había sido revocado,
le fue prohibido efectuar trabajos en proyectos
públicos y presuntamente trató
de evitar estas penalidades al pretender
ilegalmente su elegibilidad y falsificar
documentos pata seguir obteniendo contrato
públicos”, indicó Socolov.
El
20 de septiembre de 2006, Vanicsko y Vanko
tenían su certificado de registros
de contratista de obras públicas
revocado por el Comisionado de Trabajo por
un año, porque Vanicsko hizo declaraciones
falsas en la solicitud de renovación
de registro de la empresa Vanko. Un registro
válido del Departamento de Trabajo
se requiere para trabajar en contratos públicos
con el Estado. Un juez Administrativo determinó
que Vanicsko no cumplió con revelar
sus intereses financieros en otra empresa,
denominada VW Painting, que también
realizó contratos con el gobierno.
Vanicsko
y Vanko fueron obligados a poner alto en
su trabajo en cualquier contratación
pública y no realizar ofertas en
trabajos sobre de contratación pública.
Sin embargo, la acusación indica
que Vanicsko alteró la fecha de expiración
de un certificado anterior para que Vanko
pudiera obtener dos nuevos contratos públicos
y seguir trabajando en otros tres. Vanicsko,
presuntamente presentó el certificado
falso a los contratistas generales a los
proyectos.
Los
nuevos contratos incluyen un sub-contrato
de trabajo por $ 98,500 para trabajar en
el Cresskill Junior Senior High School,
y un sub-contrato por $46,000 dólares
para trabajar en el High Mountain School
en North Haledon. Los sub- contratos en
curso incluían un trabajo por $195,000
dólares para realizar obras en el
Harrison High School; un sub-contrato de
$ 150,000 para trabajar en West New York
Public School # 4, y otro sub-contrato por
$ 23,000 para trabajar en Lakehurst Emergency
Management Facility.
Cuando
el fraude fue descubierto, el Departamento
de Trabajo ordenó que la empresa
Vanko sea removida de los lugares de trabajo.
La interrupción de los proyectos
dio como resultado que el supuesto fraude
le costará a los contribuyentes decenas
de miles de dólares.
La
acusación fue entregada a l Juez
de la Corte Superior Gerald J. Council,
del Condado de Mercer. Los demandados deberán
comparecer en la Corte Superior del Condado
de Mercer en una fecha posterior para responder
a las acusaciones.
Los
delitos en segundo grado se castigan con
sentencias máximas de 10 años
de prisión y el pago de una multa
de $150,000, mientras que los delitos en
tercer grado se castigan con sentencias
de 5 años en prisión y el
pago de una multa de $15,000.
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