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NEWARK.
La Fiscal General Anne Milgram informó
hoy que su oficina y la División
de Asuntos del Consumidor, sometieron una
demanda legal contra las compañías
Drug Fair, Target y Wal-Mart por la presunta
venta de fórmula infantil y medicamentos
sin recetas con fechas expiradas que estuvieron
marcados en los productos y también
por la venta de mercaderías para
el retorno a las escuelas que no correspondían
con los precios que anunciaban.
Las
tres compañias, enfrentan penas civiles
más elevadas debido a que cada uno
de estos negocios, violó los terminos
de las Ordenes de Consentimiento previamente
alcanzado con el Estado, por la presunta
venta de fórmula infantil y los medicamentos
sin recetas con fechas expiradas. Cada compañía
efectuó el pago de las multas civiles
y acordó no poner en venta los productos
que ya habían caducado, según
los términos de las Ordenes de Consentimiento..
“Estas compañias han violado
los anteriores acuerdos con el Estado y
también violaron una vez más
la confianza de los consumidores”,
dijo la Fiscal General Anne Milgram, “No
tengo tolerancia para que se repitan estas
violaciones y los consumidores tampoco deben
tolerar estas acciones”, añadio
Milgram.
Las
tres demandas sometidas en contra de Drug
Fair, Wal Mart y Target, son las últimas
en una serie de acciones tomadas por la
Fiscal General y la División de Asuntos
del Consumidor, en contra de estas compañias,
presuntamente porque les cobraron a los
consumidores con sobreprecios, vendieron
fórmula infantil y los medicamentos
sin recetas con fechas expiradas.
En junio pasado, Rite Aid acordó
pagar $475,000 para resolver una demanda
por similares situaciones en contra esta
empresa. Duane Reade acordó pagar
$ 200,000 en noviembre de 2007 tambien por
situaciones similares.
Los investigadores de la División
de Asuntos del Consumidor también
encontraron que varios productos dados a
conocer mediante la exhibicion de los anuncios
en las tiendas, incluyendo varios productos
de ‘Regreso a la Escuela” como
calculadoras, impresoras, y carpetas de
presentación, no estaban disponibles
para la venta. Los investigadores de esta
División, incluyendo los inspectores
de la Oficina de Pesas y Medidas que tiene
las regulaciones acerca de los productos
escaneados, condujeron inspecciones sorpresivas
en las dos últimas semanas del mes
de agosto.
“En
esta temporada en que la gasolina se paga
$ 4.00 por galón y $4.00 por un galón
de leche, los consumidores sienten que sus
bolsillos son apretados. Cuando los precios
que se exhiben en los estantes, no son los
precios escaneados en las registros de caja
como estamos presumiendo en estas demandas,
los consumidores son defraudados al sacarles
su dinero que se ganaron con su sudor”,
afirmó David Szuchman, Director de
la División de Asuntos del Consumidor.
Las demandas del Estado sometidas en la
Corte Superior de los condados de Hudson
y Union, presumen que Drug Fair, Target
y Wal-Mart, violaron la Ley Contra los Fraudes
al Consumidor del Estado, al ofrecer mercaderías
vencidas, por estar involucrados en prácticas
comerciales desmedidas, y por efectuar falsas
promesas y tergiversaciones. Asimismo, cada
una de las compañias violaron la
Ley de Pesas y Medidas al comprobarse los
precios inexactos de los productos al momento
de ser escaneados.
Target
y Wal-Mart, se presume que también
violaron la Ley contra el Fraude al Consumidor
al no cumplir con exhibir los precios frente
a los productos en venta. Target, tambien
cometió otra violacion al no cumplir
con exhibir las normas de las ofertas de
productos en venta, conocidas como “rain
check”.
Drug
Fair, Target y Wal Mart, tambien se presume
que violaron las leyes estatales de regulación
de publicidad, al no tener suficiente cantidad
de productos para la venta.
Target y Wal-Mart, se presume que además
violaron la Ley de Seguridad en Bicicletas
al no exhibir junto a las bicicletas o las
cajeras, acerca de la ley de New Jersey
en el uso de cascos para proteger a los
consumidores.
Según
las violaciones con penas civiles más
elevadas solicitadas por el Estado, cada
una de las violaciones por Ordenes de Consentimiento
acarrean penas civiles hasta por la cantidad
de $20,000.
El
Vice Fiscal General Jah-Juin Ho,Nicholas
Kanta y Jeffrey Koziar representan al Estado
en estos casos.
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