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La
Fiscal General Anne Milgram sometió
una breve comunicación a la Corte
Suprema de New Jersey que insta a la Corte
posponer la aplicación de la decisión
del 25 de febrero con respecto a la investigación
de vehículos por parte de la policía
en el Estado en los casos State v. Pena-Flores
y State v. Fuller hasta que sea
implementada el sistema de garantía
estatal telefónica. La breve comunicación
explica que, sin esa acción, el Estado
se quedará con una elección
"Hobson” cuando existe
una causa probable para registrar un vehículo
y obtener pruebas de un delito: "si
rutinariamente se embargan los vehículos
y se arrestan a sospechosos por períodos
prolongados de tiempo o si efectivamente
se detiene la accion policial en nuestras
calles”.
Dicha comunicación señala
que al disminuir la accion policíal
es una "alternativa totalmente
inaceptable". Al mismo tiempo,
observa que la nueva norma acdoptada por
la Corte respecto el análisis de
las salidas de los agentes del orden es
incierto cuando una orden es necesaria para
registrar un vehículo motorizado
"Hasta las órdenes telefónicas
son una posibilidad realista",
explica la carta, "El resultado
será el aumento en las cargas que
pesan sobre los agentes del orden, los jueces,
los conductores y los ocupantes",
asi como más vehículos incautados
y los sospechosos detenidos, mientras que
una orden de garantia se asegura”.
La
Fiscal General solicita que la Corte posponga
la aplicación de su participación,
al mismo tiempo, avanzar lo más rápidamente
posible hacia la aplicación de una
orden teléfónica del estado
en el que los funcionarios puedan obtener
las órdenes de los jueces a distancia
por teléfono. La breve carta reconoce
que hay una serie de cuestiones prácticas
y logísticas que requieren de resolución
antes de ese sistema está en su lugar.
La
Fiscal General solicita que la Corte pueda
posponer la aplicación de su participación,
al mismo tiempo, avanzar lo más rápidamente
posible hacia la aplicación de una
orden telefónica del estado del sistema
en el que los funcionarios puedan obtener
las órdenes de los jueces a distancia
por teléfono. La breve carta reconoce
que hay una serie de cuestiones prácticas
y logísticas que requieren soluciones
antes que este sistema sea implementado.
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