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TRENTON
- La Fiscal General Anne Milgram y la Directora
de la División de Justicia Criminal
Deborah L. Gramiccioni informaron que un
ex supervisor de la Agencia de Vehiculos
Motorizados en Cardiff, encargado de tomar
los exámenes de manejo a los candidatos
a choferes, fue acusado por cargos de recibir
sobornos por falsificar los resultados de
los exámenes y permitir a los conductores
aprobar los exámenes escritos.
La
directora Gramiccioni dio a conocer que
Drake, R. Williams, de 47 años, residente
en Egg Harbor Township, fue acusado por
jurado investigador de conspiración,
conducta deshonesta y recibir soborno,(segundo
grado).
Segun
la acusación se presume que entre
el primero de enero de 2007 y el primero
de mayo de 2008, Williams recibio pagos
en efectivo de los clientes a cambio de
calificaciones aprobatorias fraudulenta
de los examenes escritos de conductor que
realiza MVC. William aceptó pagos
de $ 50.00 a $ 200.00 por cada cliente.
Los tramitadores de licencias de manejo
presuntamente dirigian a los clientes a
Williams, quien administró las pruebas
en papel, en lugar de hacerlo con una computadora.
Williams falsificó los resultados
para los clientes que no podian hablar Inglés
adecuadamente o no pudieron pasar los exámenes
por otros motivos.El acusado fue arrestado
el primero de mayo de 2008.
La
investigación fue llevada a cabo
por el detective Michael LaRosa y el Sargento-Detective.
Marc Wilhelm de la Policía Estatal,
y el investigador Philip Foley de la Comision
de Vehiculos Motorizados de New Jersey.La
Fiscal Adjunto Christine A. Hoffman presentó
el caso ante el jurado investigador estatal
a nombre de la División de Justicia
Criminal.
La
acusación estuvo a cargo de la Juez
Superior María Marinari Sypek del
Condado de Mercer, quien asignó el
caso a la Corte Superior del Condado de
Atlantic, donde Williams fue ordenado comparecer
en una fecha posterior para responder a
los cargos.
Los
delitos en segundo grado se castigan con
sentencias máximas de 10 años
de prisión y el pago de una multa
$ 150.000, mientras los delitos en tercer
grado se castigan con sentencias máximas
de cinco años de prisión y
una multa $ 15.000.
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