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TRENTON
- La Fiscal General Anne Milgram Informó
hoy que sometió una demanda legal
en contra de tres personas y dos corporaciones
en Union City, acusadas de cometer fraude
con embargos hipotecarios.
Los
demandados han sido acusados de prometer
ayudar a los propietarios de las viviendas
con serias dificultades para mantener sus
hogares
En vez de ayudarlos compraron sus propiedades
con descuentos exorbitantes, sometiendo
a sus víctimas prácticas predatorias
con ciertos acuerdos de venta-alquiler"
y tipicamente desalojandolos de sus viviendas
antes de venderselos a otros compradores.
Las
compañias que han sido demandadas
por la Fiscal General son: Property Solutions
of N.J, Inc. and PSRE Holding Company, LLC
ambas en la ciudad de Union City. Tambien
han sido nombrados como acusados Edward
Toledo, presidente de Property Solutions
y miembro de PSRE; leon Toledo, vice-presidente
de Propserty solutions , y Raymond Vega,
Tesorero de la compañia y miembro
s de PSRE.
La
querella legal fue sometida el jueves pasado
en la Corte Superior del Condado de Hudson
y se les acusa a cada demandado de violar
la Ley contra el Fraude al Consumidor a
través de
inconcebibles prácticas comerciales,
engaño, falsas promesas y falsas
declaraciones. Dicha demanda abre cargos
en contra de 9 personas civiles por cargos
de fraude en embargos hipotecarios, que
han sido identificados por el Estado, haciendo
un total de 92 individuos y corporaciones
acusadas hasta la fecha.Los demandados han
sido acusados de estafas incluidas aquellas
de ls víctimas que trataron de adquirir
propiedades de inversión, otras en
que las victimas trataban de mejorar sus
situación mediante las oportunidades
de “rentar su propia vivienda”
y la más reciente , los fraudes a
familias desesperadas con problemas de cubrir
los pagos de hipotecas de sus casas y la
necesidad de obtener alguna ayuda para librarse
de la ejecucion de los embargos.
"El
hilo vinculante en estos casos es que los
demandados no sólo robaron el dinero
de esta gente sino también, les robaron
sus esperanzas ", puntualizó
Milgram. "En el caso que hoy anunciamos,
los acusados explotaron con crueldad los
temores de los propietarios que luchaban
por su vivienda.. "Ellos les prometieron
encontrar soluciones financieras"a
personas desesperadas a punto de perder
su hogares, pero, al final, los beneficios
sólo fueron a parar para ellos mismos",
precisó la Fiscal Milgram
Según
la demanda, Los Toledo, Vega, y los propietarios
de Property Solutions of N.J, Inc. Y PSRE
Holding Company, LLC generalmente operaban
tomando contacto con los propietarios de
viviendas en ejecución hipotecaria
o bien poco antes, o poco después,
que sus viviendas fueron subastadas en ventas
efectuadas por la Oficina del Alguacil del
Condado (Sheriff ).
Los
demandados aparentemente para salvar la
vivienda de las familias afectadas se comprometían
a cubrir los pagos de las cuentas delincuentes
de sus hipotecas, ya sea antes de la venta
por el Alguacil, o dentro del período
de gracia posterior a la venta.
Usando esta táctica, los acusados
daban un salto al típico proceso
de venta del Alguacil y las viviendas adquiridas
mediante el” pago total"(pay-off)
del embargo de hipotecas - una cantidad
que por lo general es mucho menor que las
propiedades se han vendido mediante el Alguacil
Como
parte de la aparente "solución"
que ofrecían a las víctimas,
los acusados lograban llegar en un acuerdo
de “venta-alquiler” con ellos
que les podria permitir la oportunidad de
volver a comprar la vivienda en términos
sumamente desfavorables. Por ejemplo, los
contratos solicitaban a los consumidores
volver a comprar la vivienda dentro de 90
días, a precios significativamente
más altos que lo que los acusados
habian aquiridios por esas propiedades.
Aunque
los consumidores que entraron en estos acuerdos,
por un tiempo, podian permanecer en sus
viviendas sin embargo el acuerdo no era
lo último.Cada mes
los acusados de estos fraudes les solicitaban
a menudo pagos de alquiler más elevados
que los pagos de la hipoteca de la misma
vivienda que no habían podido pagar.
En última instancia, muchas de las
víctimas tenian que irse o eran desalojadas
por los acusados, pese a que efectuaban
altos pagos mensuales.
En el marco del los acuerdos de venta-alquiler,
los ex-propietarios de viviendas que no
terminban con los pagos por la re-compra
de sus hogares, se les prometió pagos
en efectivo por parte de los acusados. Sin
embargo, muchas de las veces, esos pagos
no se materializaron
La demanda del Estado, también los
acusa de haber mentido a los consumidores
acerca de sus nivel de experiencia en la
industria, y su capacidad para garantizar
la financiación que les ayude a re-comprar
sus viviendas.
" Desde un comienzo estos acusados
engañaron a los consumidores”,dijo
David Szuchman, director de la División
de Asuntos del Consumidor. “Sabían
muy bien que sus victimas podian finalizar
no pudiendo efectuar sus pagos mensuales
de alquiler y tenian que verse forzados
a abandonar estas viviendas que los acusados
les habían prometido salvaguardar,
" precisó Szuchman.
La
demanda sometida por el Estado,contiene
ejemplos de cuatro casos en los que los
acusados explotaron a los propietarios de
viviendas que necesitan ayuda. La experiencia
de una mujer de 43 años de Paterson
y su hermano es un ejemplo típico.
En
junio de 2005, su casa fue incluida en la
lista de venta del Alguacil del condado.
Los acusadospresuntamente se reunieron con
los dos propietarios de la vivienda todo
este tiempo y les prometieron que podrían
ayudarles a permanecer en sus casa y también
"limpiar" su crédito dañado.
Posteriormente,
los acusados se reunieron de nuevo con los
propietarios y les dijeron que ellos podian
salvar la vivienda efectuando el pago total
de la deuda pendiente, es decir, $ 96.000
a cambio que los propietarios debian firmar
el título de la casa y tendrían
la oportunidad de volver a comprar la misma
casa en un plazo de 90 días por $
159.900.
Los
acusados también dijeron que garantizarian
la financiación para ayudar a los
hermanos propietarios a poder volver a comprara
su vivienda , y les prometieron un pago
de $ 30,000 si en última instancia,
los dos no pudieron llevar a cabo la re-compra
despues de 90 días.
Los acusados exigieron que los dos hermanos
debian firmar un acuerdo de alquiler-venta
por el cual tendrían que pagar 1,388
dólares por mes en alquiler para
poder permanecer en su casa - una cantidad
mas elevada a los pagos de la hipoteca no
habian podido pagar.
A pesar de los pagos elevados de alquiler,
los propietarios lograron mantener los pagos
mensuales de alquiler, sin embargo los acusados
nunca garantizaron la financiación
para ayudar a los hermanos en volver a comprar
la vivienda, y en diciembre de 2005, tomaron
una acción legal para obligarles
a desalojar la casa.
Los
acusados nunca pagó a los propietarios
la promesa hecha de $ 30 mil dólares
si ellos no cumplian con efectuar la re-compra
de la vivienda, y en septiembre de 2007,
vendieron su casa a otros compradores por
más de $ 384,000.
Además
de las sanciones apropiadas y la devolucion
del dinero a los consumidores, la demanda
de Estado busca prohibir permanentemente
que los Toledo, Vega, Property Solutions
y PSRE participen en el futuro en negocios
de bienes raíces o adquisición
con los servicios para personas con problemas
de embargo de hipotecas.
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