TRENTON
- La Fiscal General Anne Milgram informó
que un agente de la policía de Hillside,
se declaró culpable de apoderarse
de los fondos del programa de prevención
para personas desamparadas, administrado
por el Departamento de Asuntos de la Comunidad
del Estado de New Jersey (DCA).
La Directora de la División
de Justicia Criminal Deborah Gramiccioni,
explicó que Vitor “Víctor”
Pedreiras, de 32 años, de Hillside,
se declaró culpable al comparecer
ante el juez de la Corte Superior Robert
Billmeier en el Condado de Mercer. Los cargos
están contenidos en las acusaciones
de un jurado investigador estatal efectuado
el 14 de agosto de 2,007.
El
juez Billmeier fijó la fecha de la
sentencia para el 29 de octubre próximo.
El Estado recomendará una sentencia
de 364 días en una prisión
del condado como condición de ser
condenado a libertad condicional.El juez
ordenó remover de su posición
de oficial de policía a Pedreiras
y prohibir permanentemente que preste servicios
en un empleó del sector publico.Pedreiras
fue suspendido por el Departamento de Policía
desde que fue acusado de estos cargos.
Al declararse culpable,
Pedreiras confesó que en forma falsa
y con la ayuda de su novia sometió
ilegalmente cuatro solicitudes falsas para
obtener fondos del programa de Prevención
de Personas Desamparadas por un monto total
de $14,963. La novia de Pedreiras Joana
Pereira, de 27 años, de Newark, anteriormente
conocida como Joana Rodríguez, se
declaró culpable el 21 de febrero
de 2,007, por cargos de robo en tercer grado.
Según los términos del acuerdo
de culpabilidad, Pedrerías y Pereira
deben devolver el dinero al Departamento
de Asuntos de la Comunidad por la cantidad
de $14,963.00
Pereira, propietaria, confesó
que en forma ilegal y en complicidad con
una de sus inquilinas, Tashime Mitchell,
de 33 años, de Irvinton, sometió
4 solicitudes al programa de prevención
para desamparados por una cantidad de $14,963.
Mitchell, compartió con ella los
beneficios.
Joana Pereira, dijo que
sometió cuatro solicitudes fraudulentas
del programa de prevención de desamparados
mediante una de sus inquilinas Tashine Mitchell,
de 35 años, de Irvington. Tres de
las solicitudes señalaban a Joana
Pereira como la propietaria y mencionaba
a Mitchell como inquilina, un familiar de
ella o un nombre ficticio.La cuarta lista,
mencionaba a Vitor Pedreiras como propietario
y a un familiar del mismo como inquilino.Pereira,
será sentenciada por el Juez Billmeier
el 3 de septiembre próximo.
Las
solicitudes fraudulentas fueron sometidas
a Robin Wheeler-Hicks, de 50 años,
de Elizabeth, quien anteriormente se desempeño
como Representante de DCA en el condado
de Union y tenia la responsabilidad de procesar
los casos del programa de prevención
para personas desamparadas. En marzo de
2,006, Wheeler-Hicks, se declaró
culpable de robar más de $866,000
del programa. El Estado recomendará
que sea sentenciada a 7 años de prisión
y la fecha de su sentencia ha sido fijada
por el juez Billmeier para el 3 de septiembre.
El Programa de Prevención para Desamparados
(HPP) facilita fondos económicos
a individuos y familias elegibles que se
encuentran en peligro de quedarse indefensos.
Provee dinero para pagar la renta y mantener
a la familia en una vivienda, a su vez que
facilita dinero para cubrir 2 meses de renta
y un depósito de seguridad para conseguir
una nueva vivienda si la familia es obligada
a salir de su anterior vivienda.
Mitchell y Renita Livingston,
de 35 años, de Hillside, previamente
se declararon culpables de cooperar con
Wheeler-Hicks para someter numerosas solicitudes
falsas al Programa de Prevención
para Desamparados. Mitchell, se declaró
culpable de soborno y fue sentenciada el
3 de noviembre de 2,006 a 5 años
de prisión. Livingston, se declaró
culpable de conspiración y también
fue sentenciada a 3 años de prisión
el 15 de diciembre de 2,006. A Mitchell
se le ordenó pagar la cantidad de
$29,000 en restitución, y a Livingston
la suma de $10,500.
Otras 9 personas se han
declarado culpables como consecuencia de
esta investigación, incluyendo 2
ex-empleados de DCA que fueron sentenciados
a libertad condicional. Todos ellos han
sido ordenados devolver el dinero sustraído.
DCA,
alertó a la División de Justicia
Criminal cuando descubrieron ciertas irregularidades
con los funcionarios encargados de las transacciones
del programa de Prevención para Desamparados
en el condado de Union. DCA facilitó
los recursos administrativos y asistencia
en las investigaciones efectuadas por la
División de Justicia Criminal y la
Policía Estatal.
La
Fiscal General Milgram recordó que
la División de Justicia Criminal,
tiene una línea telefónica
gratis y el público puede llamar
y reportar con confidencialidad los casos
de corrupción, delitos financieros
y otras actividades ilegales. El teléfono
es: 1-866-TIPS-4CJ. El
público también puede visitar
la Página Web www.njdcj.org.
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