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TRENTON-
La Fiscal General Anne Milgram informó
que el Asambleísta de New Jersey Anthony
Chiappone y su esposa fueron acusados hoy
de conspiración por canalizar a su
propia cuenta bancaria y la campaña
2005 del mencionado Asambleísta, la
cantidad de US $ 8.000 en cheques de pago
emitidos por el Estado que estuvieron destinados
a los pagos de un asistente legislativo y
un colaborador.
La
pareja presuntamente tenia $ 7,532 dólares
en cheques de pago emitidos para un asistente
legislativo, quien había donado todos
sus cheques a la campaña. Los demandados
presuntamente desviaron $ 4.299 dólares
de estos cheques a sus cuentas bancarias para
uso personal, así como un cheque de
$ 629.00 girado por una mujer alegando que
fue otra asistente legislativa.
Mientras
los cheques restantes del asistente legislativo
quedaron depositados en la cuenta bancaria
de la campaña, se presume que los acusados
no incluyeron las contribuciones en los informes
presentados ante la Comisión Electoral
de New Jersey (New Jersey Election law Enforcement
Commission-ELEC). Chiappone, quien fue elegido
por primera vez a la Asamblea el año
2,003, perdió las primarias demócratas
en junio de 2005, sin embargo fue elegido
nuevamente a la Asamblea en noviembre de 2007.
Chiappone, es candidato a la reelección
en noviembre de este año.
“El
asambleísta Chiappone y su esposa,
conspiraron para que el Estado emitiera más
de $ 8.000 en cheques de pago para los ayudantes
legislativos, a sabiendas que el dinero realmente
fue destinado para los bolsillos de la pareja
o de su campaña de reelección",
sostuvo en conferencia de prensa la Fiscal
General Milgram. "Esta acusación
demuestra una falta de confianza en la fe
pública por este funcionario elegido",
indicó Milgram.
La
Directora de Justicia Criminal Deborah L.
Gramiccioni, explicó que el asambleísta
Chiappone, de 51 años residente en
Bayonne, quien representa al Distrito Legislativo
número 31 y su esposa, Diane Chiappone,
de 54 años, han sido acusados por un
jurado investigador de siete cargos: conspiración
(en segundo grado ), dos cargos de mala conducta
oficial (en segundo grado), robo por engaño
(en tercer grado), interferencia con los registros
públicos o de información (en
tercer grado), falsificación o alteración
de documentos (cuarto grado), y mantener oculta
o tergiversar las contribuciones o los gastos
( en cuarto grado).
Los
cargos se derivan de una investigación
efectuada por la División de Justicia
Criminal. Según las acusaciones se
presume que en 2005, Anthony y Diane Chiappone
conspiraron para obtener los 13 cheques de
pago del Estado por un total de $ 7,532.96
que fue emitido a un individuo que en ese
entonces se desempeñó como asistente
legislativo del Asambleísta Chiappone,
a sabiendas que los cheques iban a ser depositados
en las cuentas bancarias personales de la
pareja o en la cuenta de la campaña
para asambleista 2005 de Chiappone.
El asistente legislativo que no es nombrado
en la acusación, donó todos
los cheques que recibió para la campaña
del asambleista Chiappone en 2005. Sin embargo,
en lugar de acudir a depositar todos los cheques
en la cuenta bancaria de la campaña,
Anthony y Diane Chiappone presuntamente depositaron
ocho de los cheques de pago por un total de
$ 4,299.32 en sus propias cuentas bancarias
y para uso personal.
Los
acusados no hicieron el depósito de
los otros cinco cheques que totalizaron $
3,233.64 en la cuenta de banco de la campaña
del asambleista Chiappone del 2005. Sin embargo,
estos cheques de pago no se registraron en
las contribuciones de la campaña y
los informes de gastos que presentaron ante
ELEC. Además, se presume que los acusados
falsamente certificaron las contribuciones
a la campaña para no exceder los límites
de ELEC, a pesar de los cheques de pago para
el asistente, superaba el límite de
$ 2,600 dólares en las contribuciones
de un solo individuo.
La
acusación también incluye que
en abril de 2004, Anthony y Diane Chiappone
conspiraron para tener un cheque de pagos
del Estado por la cantidad de $ 629.47 contribucion
efectuada por una mujer que según ellos
era un asistente legislativo para Chiappone.
De hecho, la mujer, que no es nombrada en
la acusación, nunca trabajó
como ayudante. La mujer hizo el endoso del
cheque, y los acusados se presume, depositaron
el dinero en una cuenta conjunta personal
en el banco.
"Esta
investigación comenzó con un
llamada por una persona del público,
y fue diligentemente investigado por los detectives,"
dijo la Directora Gramiccioni. "Vamos
a investigar a fondo todas las denuncias de
corrupción de funcionarios y castigar
agresivamente a quienes hayan violado la ley.
Acudimos al publico para que nos llamen y
nos den información de presuntas irregularidades
y nos pueden llamar al telefono gratis
1-866-TIPS-4CJ”, agregó
Gramiccioni.
Los
delitos en segundo grado acarrean una sentencia
máxima de 10 años de cárcel
y una multa de $ 150.000, mientras que los
delitos en tercer grado acarrean una pena
máxima de cinco años de prisión
y una multa de $ 15.000 dólares. Los
delitos en cuarto grado acarrean una sentencia
máxima de 18 meses de prisión
y una multa de $10.000 dólares.
La
acusación fue entregada al juez del
Tribunal Superior Pedro J. Jiménez
Jr. en el Condado de Mercer, quien asignó
el caso al Condado de Mercer, donde se les
ordenó a los acusados comparecer ante
este tribunal en una fecha posterior para
responder por los cargos.
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