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29 de octubre de 2009

Oficina del Fiscal General
- Anne Milgram, Fiscal General
Division de Justicia Criminal
- Deborah Gramiccioni, Directora

 

División de Justicia Criminal
609-292-4791

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Un Agente Policial de Hillside es Sentenciado por Robar Fondos a Programa de Prevención de Personas Desamparadas
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TRENTON - La Fiscal General Anne Milgram informó que un agente de la policía de Hillside fue sentenciado despues de declararse culpable de apoderarse de los fondos del programa de prevención para personas desamparadas, administrado por el Departamento de Asuntos de la Comunidad del Estado de New Jersey (DCA).

La Directora de la División de Justicia Criminal Deborah Gramiccioni, explicó que Vitor “Víctor” Pedreiras, de 32 años, de Hillside, fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y permanecer en la prision del condado 364 dias/La sentencia fue impuesta por el Juez de la Corte Superior Robert Billmeier en el Condado de Mercer. Los cargos están contenidos en las acusaciones de un jurado investigador estatal efectuado el 14 de agosto de 2,007.

Cuando Pedreiras se declaró culpable el 5 de agosto pasado, confesó que en forma falsa y con la ayuda de su novia sometió ilegalmente cuatro solicitudes fraudulentas para obtener fondos del programa de Prevención de Personas Desamparadas por un monto total de $14,963. La novia de Pedreiras, Joana Pereira, de 27 años, de Newark, anteriormente conocida como Joana Rodrígues, se declaró culpable el 21 de febrero de 2007, por cargos de robo en tercer grado. Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Pedrerías y Pereira deben devolver el dinero al Departamento de Asuntos de la Comunidad por la cantidad de $14,963.00


El Juez Billmeier firmó asimismo una orden para remover a Pedreiras de su posición de oficial de policía y prohibir permanentemente que preste servicios en un empleó del sector publico.Pedreiras fue suspendido por el Departamento de Policía desde que fue acusado de estos cargos.


Pereira, propietaria, confesó que en forma ilegal sometio cuatro solicitudes fraudulentas del Programa de Prevención de Desamparados, en complicidad con una de sus inquilinas, Tashime Mitchell, de 36 años, de Irvinton, sometió 4 solicitudes al programa de prevención para desamparados compartió con ella los beneficios.Tres de las solicitudes señalaban a Joana Pereira como la propietaria y mencionaba a Mitchell como inquilina, un familiar de ella o un nombre ficticio.La cuarta persona en la lista, mencionaba a Vitor Pedreiras como propietario y a un familiar del mismo como inquilino.Pereira\ será sentenciada por el Juez Billmeier el 5 de septiembre próximo.

Las solicitudes fraudulentas fueron sometidas a Robin Wheeler-Hicks, de 50 años, de Elizabeth, quien anteriormente se desempeño como Representante de DCA en el condado de Union y tenia la responsabilidad de procesar los casos del programa de prevención para personas desamparadas. En marzo de 2,006, Wheeler-Hicks, se declaró culpable de robar más de $866,000 del programa. El Estado recomendará que sea sentenciada a 7 años de prisión y la fecha de su sentencia ha sido fijada por el juez Billmeier para el 5 de noviembre.

El Programa de Prevención para Desamparados (HPP) facilita fondos económicos a individuos y familias elegibles que se encuentran en peligro de quedarse indefensos. Provee dinero para pagar la renta y mantener a la familia en una vivienda, a su vez que facilita dinero para cubrir 2 meses de renta y un depósito de seguridad para conseguir una nueva vivienda si la familia es obligada a salir de su anterior vivienda.

Mitchell y Renita Livingston, de 36 años, de Hillside, previamente se declararon culpables de cooperar con Wheeler-Hicks al someter numerosas solicitudes falsas al Programa de Prevención para Desamparados. Mitchell, se declaró culpable de soborno y fue sentenciada el 3 de noviembre de 2,006 a 5 años de prisión. Livingston, se declaró culpable de conspiración y también fue sentenciada a 3 años de prisión el 15 de diciembre de 2,006. A Mitchell se le ordenó pagar la cantidad de $29,000 en restitución, y a Livingston la suma de $10,500.

Estas acusacione son rel resultado de una investigación efectuada por la Division de Justicia Criminal y la Policia Estatal de New Jersey. Nueve otros acusados se han declarado culpables incluyendo dos empleados de DCA. A todos los demandados se les requirió devolver el dinero que se apropiaron ilicitamente.

El Departamento de Asuntos de la Comunidad, alertó a la División de Justicia Criminal cuando descubrieron ciertas irregularidades con los funcionarios encargados de las transacciones del programa de Prevención para Desamparados en el condado de Union. DCA facilitó los recursos administrativos y asistencia en las investigaciones efectuadas por la División de Justicia Criminal y la Policía Estatal.

La Fiscal General Milgram recordó que la División de Justicia Criminal, tiene una línea telefónica gratis y el público puede llamar y reportar con confidencialidad los casos de corrupción, delitos financieros y otras actividades ilegales. El teléfono es: 1-866-TIPS-4CJ. El público también puede visitar la Página Web www.njdcj.org.

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