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-TRENTON-
La Fiscal General Anne Milgram informó
que una mujer residente en la ciudad de
Newark fue sentenciada despues de declararse
culpable de apoderarse de los fondos del
programa de prevención para personas
desamparadas administrado por el Departamento
de Asuntos de la Comunidad del Estado de
New Jersey (DCA).
La Directora de la División de Justicia
Criminal Deborah Gramiccioni, explicó
que Joana Pereira de 27 años de Newark,
tambien conocida como Joana Rodrigues,fue
sentenciada a 2 años de libertad
condicional y permanecer 364 dias en la
prisión del condado.La sentencia
fue impuesta por el Juez de la Corte Superior
Robert Billmeier en el Condado de Mercer.
Pereira se declaró culpable el 5
de febrero de 2007.
Pereira, propietaria, confesó que
en forma ilegal sometio cuatro solicitudes
fraudulentas del Programa de Prevención
de Desamparados,por un total de $14,963,
en complicidad con una de sus inquilinas,
Tashime Mitchell, de 36 años, de
Irvinton, quien compartió con Pereira
de los beneficios.Tres de las solicitudes
señalaban a Pereira como la propietaria
y mencionaba a Mitchell como inquilina,
un familiar de ella o un nombre ficticio.La
cuarta persona en la lista, mencionaba a
su novio, Vitor Pedreiras como propietario
y un familiar del mismo como inquilino.
El
pasado 29 de octubre, Pedreiras,de 32 año,
de Hillside, también fue sentenciado
por el Juez Billmeier a 2 años de
libertad condicional debiendo servir 364
dias en una cárcel del condado. En
agosto, se declaró culpable de robo
y cooperar con Pereira en someter solicitudes
fraudulentas. Pedreiras fue obligado a renunciar
a su trabajo de oficial de policia de Hillside
y estara prohibido de volver a trabajar
en un empleo público en New Jersey.
Pereira and Pedreiras recibieron la orden
de devolver $14,963 al Departamento de Asuntos
de la Comunidad.
Las
solicitudes fraudulentas fueron sometidas
a Robin Wheeler-Hicks, de 50 años,
de Elizabeth, quien anteriormente se desempeño
como Representante de DCA en el condado
de Union y tenia la responsabilidad de procesar
los casos del programa de prevención
para personas desamparadas. En marzo de
2,006, Wheeler-Hicks, se declaró
culpable de robar más de $800,000
del programa. El Estado recomendará
que sea sentenciada a 7 años de prisión
y la fecha de su sentencia aun ha sido fijada.
Mitchell
y Renita Livingston, de 36 años,
de Hillside, previamente se declararon culpables
de cooperar con Wheeler-Hicks al someter
numerosas solicitudes falsas al Programa
de Prevención para Desamparados.
Mitchell, se declaró culpable de
soborno y fue sentenciada el 3 de noviembre
de 2,006 a 5 años de prisión.
Livingston, se declaró culpable de
conspiración y también fue
sentenciada a 3 años de prisión
el 15 de diciembre de 2,006. A Mitchell
se le ordenó pagar la cantidad de
$29,000 en restitución, y a Livingston
la suma de $10,500.
Estas
acusaciones son el resultado de una investigación
efectuada por la Division de Justicia Criminal
y la Policia Estatal de New Jersey. Nueve
otros acusados se han declarado culpables
incluyendo dos empleados de DCA. A todos
los demandados se les requirió devolver
el dinero que se apropiaron ilicitamente.
El
Departamento de Asuntos de la Comunidad,
alertó a la División de Justicia
Criminal cuando descubrieron ciertas irregularidades
con los funcionarios encargados de las transacciones
del programa de Prevención para Desamparados
en el condado de Union. DCA facilitó
los recursos administrativos y asistencia
en las investigaciones efectuadas por la
División de Justicia Criminal y la
Policía Estatal.
La
Fiscal General Milgram recordó que
la División de Justicia Criminal,
tiene una línea telefónica
gratis y el público puede llamar
y reportar con confidencialidad los casos
de corrupción, delitos financieros
y otras actividades ilegales. El teléfono
es: 1-866-TIPS-4CJ. El
público también puede visitar
la Página Web www.njdcj.org.
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