TRENTON
- La Fiscal General Paula T. Dow informó
hoy que un nuevo informe acerca de las actividades
de la Policía Estatal de New Jersey
realizada por la propia oficina estatal
“Law Enforcement Professional Standards
(OLEPS por sus siglas en Inglés)
da cuenta que se sigue cumpliendo con las
normas federales establecidas en virtud
de un Decreto de Consentimiento federal
de 1999 que fue disuelto desde entonces.
Entre otras cosas, el informe -el primero
acerca de la Policía Estatal -efectuado
en casa desde la disolución del Decreto
de Consentimiento en 2009 - está
basada en un análisis de datos de
cientos de vehículos motorizados
que han sido obligados a detenerse durante
el año 2008, y una revisión
de casi 300 cintas de vídeo de estos
mismos casos efectuados por personal de
OLEPS.
El
OLEPS también realizó auditorías
de los asuntos internos de la Policía
Estatal y las funciones de capacitación
para determinar si cumplieron con las normas
del Decreto de Consentimiento. Además,
OLEPS evaluó los esfuerzos de la
Policía Estatal para supervisar las
actividades de los agentes subordinados
a través del sistema conocido como
MAPPS (Management Awareness Personnel Performance
System), así como otros mecanismos.
El informe abarca el período del
primero de enero de 2008 hasta el 31 de
diciembre 2008, tiempo durante el cual la
Policía Estatal estuvo bajo la supervisión
federal.
"Este
informe demuestra que, como organización,
la Policía Estatal acepta el cambio
histórico y sirven como un modelo
nacional en áreas tales como capacitación,
supervisión y rendimiento de los
agentes policiales," dijo la Fiscal
General Dow. "Sin embargo, aun cuando
los esfuerzos de la Policía del Estado
de abordar el asunto del perfil racial,
han sido reconocidos como exitosos, y estamos
obligados a permanecer alertas. Tenemos
una responsabilidad legal para garantizar
en adelante, las "mejores prácticas"
que se cumplen todos los días, y
que nuestras altas normas en el rendimiento
de nuestro personal así como la supervisión
nunca se vea comprometido”.
El
Decreto de Consentimiento, que el cual participó
el Estado junto con el Departamento de Justicia
de Estados Unidos, seguido de una investigación
acerca de las prácticas de perfil
racial en las carreteras de New Jersey de
los conductores pertenecientes a minorías.
El 21 de septiembre de 2009, tras una década
de control federal, La jueza de la Corte
Federal Mary L. Cooper aceptó las
propuestas de ambas partes y disolvió
el Decreto de Consentimiento.
Sin
embargo, un Comité Asesor en Normas
de la Policía que llevó a
cabo un examen independiente de las prácticas
de Policía Estatal recomendó
que las reformas adoptadas por la Policía
Estatal sean codificadas mediante la legislación.
Eso se hizo a través de la aprobación
de la Ley de Aplicación de la Ley
de Normas Profesionales de 2009. Esta ley
firmada en agosto de 2009, no solo codifica
las reformas llevadas a cabo por la Policía
Estatal para poner fin a la discriminación
racial, sino que ordena la supervisión
y el control permanente del Estado - el
rol que antes desempeñaban los monitores
federales - por una oficina bajo la competencia
de la Fiscal General. Esta oficina es OLEPS
Los
aspectos destacados del informe de seguimiento
incluyen:
-
Se han logrado importantes progresos en
el ámbito de la identificación
del adiestramiento de los policías
que se derivan de las actividades diarias,
desarrollando programas de capacitación
para abordar estos asuntos cuestiones,
y mediante la medición de la efectividad
de los programas.
-
El personal de OLEPS observó muy
pocos asuntos o cuestiones con respecto
a la "sospecha razonable" articulado
por los agentes policiales en apoyo a
sus solicitudes de tener permiso para
la revisión de los vehículos.
Esto se atribuyó a la capacitación
efectiva en el servicio que respondió
a las cuestiones planteadas en anteriores
informes de la supervisión federal.
-
Los supervisores estatales de la policía
que revisaron cientos de vehículos
motorizados que fueron obligados a detenerse
en 2008, no pudieron identificar los errores
de los policías en menos del 6
por ciento de los incidentes, lo cual
es favorable par un índice del
94 por ciento de cumplimiento, satisfaciendo
el valor de referencia establecido en
el proceso.
-
Las anomalías atribuibles a problemas
de sonido o de vídeo a bordo en
los patrulleros de la Policía Estatal,
están aumentando en un 15 por ciento
de los vehículos policiales revisados
por OLEPS. Si bien el informe identifica
como un problema potencial, también
señala que los patrulleros se equiparon
con nueva tecnología y grabación
digital a partir de 2010.
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