NEWARK-
La Fiscal General Paula T. Dow y la Directora
Interina de la División de Asuntos
del Consumidor, Sharon M. Joyce, anunciaron
hoy que cuatro concesionarios pertenecientes
a “Sansone Auto Network” han
acordado a la demanda del estado y pagar
$175,000 dólares y revisar sus prácticas
de negocio.
El
estado alega que los cuatro concesionarios,
ubicados en los condados de Middlesex y
Monmouth, quebrantaron el Acta de Fraude
para el Consumidor del estado y las Regularizaciones
de Publicidad de Vehículos Motorizados
por no decirle a los consumidores que los
vehículos usados habían sido
previamente dañados, antes de la
renta, o uso de parque automovilístico
de autos usados, y que el precio puesto
o anunciado de los autos usados no incluían
el costo de matrícula, registración,
o impuestos.
“Nuestras
leyes y regularizaciones requieren que se
les diga a los consumidores todo lo pertinente
a un vehículo motorizado antes que
estos lo compren. Esperamos que los concesionarios
cumplan con todas nuestras leyes, para que
los consumidores tomen una decisión
bien informada antes de gastar el dinero
que han ganado con tanto trabajo”,
dijo la Fiscal General Dow.
Los
cuatro concesionarios incluidos en la Orden
Judicial de Consentimiento son: Fords National
Auto Mart, Inc., que hace negocio como Sansone
Ford Lincoln Mercury en Ocean Township;
Paladin Chevrolet, que hace negocios como
Sansone Chevrolet en Avenel; Sansone Plaza
Dodge, Inc., que hace negocios como Sansone
Dodge en Ocean Township; y Sansone Management
Corp., que hace negocios como Sansone´s
Route 1 Auto Mall en Avenel.
Dos
de estos concesionarios -Sansone Chevrolet
y Sansone Dodge- entraron en una Orden Judicial
de Consentimiento con la División
de Asuntos del Consumidor en el 2004 para
resolver alegaciones similares a las contenidas
en la demanda del 2009.
Sin
admitir responsabilidad o maldad, los demandados
acordaron a las siguientes prácticas
de negocios para satisfacer la demanda del
estado:
-
no envolverse en prácticas o actos
engañosos en sus negocios en el
estado y cumplir con todas las leyes,
reglas y regularizaciones estatales y
federales;
-
discernir el uso previo del vehículo
motorizado ofrecido para vender o arrendar
y decírselo a los consumidores
antes de que lo compren o arrienden;
-
discernir si el vehículo motorizado
ofrecido para vender o arrendar ha estado
envuelto en un accidente o ha sido dañado
de otra manera e informar a los consumidores
de eso antes de que lo compren o arrienden;
-
cuando declaren el previo uso y o previo
daño del vehículo motorizado
por Carfax u otro historial de reporte
semejante, claramente y visiblemente identificar
el enlace de Carfax (o semejante reporte
historial de vehículos), juntamente
con la designación : “Reporte
gratis del historial del vehículo”
(Free Vehicle History Report) con la descripción
del vehículo;
-
incluir la declaración que “
los precio(s) incluye(n) los costos que
el consumidor tiene que pagar, excepto
por los costos de matrícula, registración,
e impuestos” en cualquier sitio
web o anuncio.
-
incluir en cualquier anuncio, claramente
y visiblemente, si el vehículo
ha sido previamente dañado y que
reparos y trabajo de carrocería
importantes se han hecho en él,
cuando los demandados lo saben o deben
saber de ese trabajo de reparos o trabajo
de carrocería;
-
en cualquier publicidad de un vehículo
usado a un precio anunciado, claramente
y visiblemente decir el uso anterior del
vehiculo, cuando se sabe el uso anterior
del vehículo o debe saberse, a
no ser que los dueños o los que
arrendaron el vehículo anteriormente,
han sido individuos que han usado el vehículo
exclusivamente para uso personal; y
- en
cualquier publicidad de un vehículo
motorizado a un precio anunciado incluyan
la designación: “ los precio(s)
incluye(n) los costos que el consumidor
tiene que pagar, excepto por los costos
de matrícula, registración,
e impuestos”
Los
demandados confrontarán una multa
civil adicional de un máximo de $200,000
dólares si los términos de
la Orden Judicial de Consentimiento es violada
durante los próximos 12 meses.
“
Esperamos que obedezcan el acuerdo, y actuaremos
otra vez para proteger a los consumidores
si lo rompen” dijo la Directora Interina
Sharon M. Joyce.
El
pago de $175,000 requerido bajo la Orden
Judicial de Consentimiento incluye $83,232.58
en multas civiles y $91,767.42 en reembolso
al estado por costos de investigación
y de abogados.
Las
Delegadas del Fiscal General Alina Wells
y Patricia Schiripo de la Sección
de Prosecución de Fraude al Consumidor
representaron al estado en esta acción.
El investigador Murat Botas de la Oficina
de Protección para el Consumidor
encabezó la investigación.
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