TRENTON-
La Fiscal General Paula T. Dow y el Director
de Justicia Criminal Stephen J. Taylor anunciaron
que tres agentes de seguros de Maryland
y sus dos compañías fueron
acusados judicialmente por robar $216,495
dólares de la Ciudad de Perth Amboy
por colectar pagos de un ‘programa
de bienestar” para los empleados,
que no existía.
De
acuerdo al Director Taylor, un gran jurado
del estado hoy emitió una acusación
judicial que carga a Francis X. Gartland
de 59 años de edad de Baltimore,
Maryland, su compañía, Federal
Hill Risk Management LLC., su yerno Derek
Johnson de 39 años de edad de Lutherville,
Maryland, su socio de negocios, Thomas B.
Kelleher, de 62 años de edad de Parksville,
Maryland y a otra compañía
de seguros de la que los tres eran dueños,
East Coast Administrative Services Inc.
La acusación judicial es el resultado
de una investigación en curso del
Buró de Corrupción de la División
de Justicia Criminal.
“Se
alega que estos acusados se aprovecharon
de la confianza que la Ciudad de Perth Amboy
puso en ellos por su posición como
agentes de seguros para robar a la ciudad
y a los ciudadanos”, dijo la Fiscal
General Dow.” En estos tiempos de
apuros financieros, es vital que arranquemos
esta clase de corrupción, que se
alega en esta acusación judicial,
la cual eleva el costo del gobierno”
“Los
municipios y los distritos escolares gastan
millones de dólares cada año
en cobertura de seguro, y tienen que contar
con la integridad de los agentes licenciados
que la proveen,” dijo el Director
Taylor. “Alegamos que estos acusados
sistemáticamente engañaron
a la ciudad y a su compañía
de seguro médico para secretamente
rellenar sus bolsillos. Nuestra investigación
continua”
Federal
Hill era antes el agente de cuidado de salud
que representaba a la Ciudad de Perth Amboy.
La acusación judicial alega que entre
Enero del 2005 y Julio del 2009, los acusados
conspiraron fraudulentamente para obtener
$216,495 dólares de la ciudad. La
acusación judicial alega que los
acusados robaron los fondos haciendo aseveraciones
falsas a la compañía de seguro
médico de la ciudad diciendo que
la ciudad había autorizado a la compañía
de seguros incrementar la renovación
de tarifa del seguro empezando el 1º
de Enero del 2007 a $15 dólares por
empleado por mes, un pago que cubriría
los costos de un programa de bienestar.
Las aseveraciones fueron hechas por Federal
Hill el agente de seguros que representaba
la ciudad.
Se
alega que los acusados dirigieron a la compañía
de seguro médico que pasara esos
pagos a través del East Coast Administrative
Services para administrar o proveer un programa
de bienestar a la Ciudad de Perth Amboy.
Programas de bienestar, por lo general,
ofrecen servicios como asesoramiento de
cuidado de salud y entrenamiento físico
con el fin de reducir problemas de salud
prolongados y el costo. En este caso no
había el supuesto programa.
Se
alega que East Coast recibió un total
de $216,495 dólares en pagos. De
esos pagos se alega que East Coast distribuyó
$133,210 dólares a los acusados.
Se alega que Federal Hill recibió
$70,000 dólares; Gartland recibió
$20,000 dólares; Kelleher recibió
$25,210 dólares; y Johnson recibió
$18,000 dólares.
Los
cinco cargos de la acusación judicial
del gran jurado cargan a los cinco acusados
con conspiración (crimen de 2º
grado), robo por decepción (crimen
de 2º grado), hacer aseveraciones falsas
en un contrato del gobierno (crimen de 2º
grado) y falsificar o manipular documentos
(crimen de 4º grado). La acusación
judicial también carga a Gartland,
Johnson y Kelleher con negligencia de conducta
de un oficial de corporación (crimen
de 2º grado).
Las
Delegadas del Fiscal General Dianne C. DiGiamber
Deal y Pearl Minato representaron el caso
ante el gran jurado de parte del Buró
de Corrupción de la División
de Justicia Criminal. La investigación
fue encabezada por el Buró de Corrupción
de la División de Justicia Criminal
por el Dectective Benjamin Kukis, el Sargento
Dino Dettorre y el Delegado del Fiscal General
Deal.
Un
crimen de 2º grado lleva una sentencia
máxima de 10 años de prisión.
Los demandados también pueden enfrentarse
con multas de $450,000 dólares en
algunos de los cargos de 2º grado.
Los cargos de 4º grado llevan una máxima
sentencia de 18 meses de prisión,
así como una multa de $100,000 dólares
por cada acusado y hasta $30,000 por los
demandados de la corporación. La
acusación judicial es solamente una
acusación y los acusados son inocentes
hasta que se prueben culpables.
La
acusación judicial se le presentó
al Juez de la Corte Superior Linda R. Feinberg
en el Condado de Mercer, quien asignó
el caso al Condado de Middlesex, dónde
se le ordenará a los acusados que
aparezcan a un fecha después para
responder a los cargos.
Una
copia de la acusación judicial se
puede ver yendo a: www.njpublicsafety.com
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