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TRENTON
- La Oficina del Fiscal General y el Departamento
del Tesoro anunciaron hoy que el Estado
de New Jersey (el "Estado") resolvió
una investigación que duró
tres años efectuada por la Comisión
en Seguros e Intercambio de Estados Unidos
("SEC" o la "Comisión")
que se inició en abril de 2007 en
relación con la oferta del Estado
y la venta de bonos de obligación
general de bonos (los "Bonos").
El enfoque de la investigación de
la Comisiónse relacionó con
la revelación de la información
de los fondos de pensiones del Estado en
las declaraciones de la oferta de los bonos.
El Estado cooperó plenamente con
la Comisión durante la investigación.
Para
alcanzar la resolución con el Estado,
la Comisión inició un procedimiento
administrativo y le impuso una orden de
cese y desistir (la "Orden" )
en la cual acreditó la cooperación
del Estado en la investigación de
la Comisión, así como las
medidas de corrección establecidas
por el Estado para garantizar el cumplimiento
de sus obligaciones antes las leyes de valores
federales. Segun los términos de
la Orden, el Estado no estuvo obligado a
pagar multas civiles o penales. Si bien
el Estado no admitió o negó
las conclusiones de la Comisión en
la Orden, se convino en no cometer o causar
cualquier future violación de la
Sección 17 (a) (2) y 17 (una) (3)
de la Ley en Seguros de 1933 .
De
acuerdo con la Orden, la Comisión.
encontró que entre agosto de 2001
y abril de 2007, un período en el
cual el Estado emitió más
de $ 26 mil millones en bonos en aproximadamente
79 ofertas, el Estado actuó con negligencia
al no conocer adecuadamente la informacion
y documentos de su oferta de bonos en relación
con dos planes de pensiones, el Fondo de
Pensiones para los Maestros y Anualidades
(" TPAF ") y el Sistema de Retiro
de Empleados Públicos (" PERS
"). Durante ese plazo, entre otras
cosas, la Comisión concluyó
que el Estado no informó adecuadamente
de la información relativa a la legislación
adoptada en 2001 (la "Legislación
2001") que aumentaron las prestaciones
de jubilación para los empleados
y jubilados en TPAF y PERS.
La
Comisión también encontró
que el Estado no informó en forma
adecuada el uso de los fondos de prestaciones
( "FEB") que fueron creados por
la legislación de 2001 para financiar
los costos asociados con el aumento de beneficios,
pero fueron utilizados como crédito
contra las contribuciones de financiación
del Estado a los planes de pensiones para
los años fiscales entre 2004 y 2006.
Por otra parte, la Comisión consideró
que el Estado no informó de forma
adecuada acerca del uso de una "fase-en
el plan" que empezó el año
fiscal 2004 relacionado con las contribuciones
del Estado a TPAF y PERS.
Inmediatamente
después del inicio de la investigación
de la Comisión respecto a la información
de las prácticas de la situación
financiera de las ofertas de bonos del Estado
en abril de 2007, el Estado divulgó
la investigación de la
Comisión
en posteriores documentos de bonos. Además,
el Estado se comprometió en efectuar
sustanciales medidas correctivas, que se
exponen en la Orden de la Comisión.
Estas medidas correctivas incluyen la información
en la contratación de asesores a
partir de la primavera de 2007 para asesorar
al Estado en una base en relación
con sus obligaciones de divulgación
conforme a las leyes federales de valores.
El Estado también ha mejorado su
proceso de divulgación mediante el
establecimiento de políticas formales,
y procedimientos escritos. Estas políticas
y procedimientos que figuran, entre otras
cosas, el establecimiento de un comité
integrado por altos funcionarios del Tesoro
del Departamento, representantes de la oficina
del Fiscal General, y la divulgación
externa para supervisar el proceso y revisar
para luego hacer recomendaciones acerca
de la informacion que debe divulgar el Estado.
Desde
el inicio de la investigación de
la Comisión hasta el presente, ninguna
agencia ha rebajado la calificación
crediticia Estatal, y el Estado ha seguido
haciendo todos los pagos de la deuda requeridos
de servicios de los bonos.
La
resolución en el asuntod e la Comisión,
fue administrada en nombre del Estado por
el asistente ejecutivo del Fiscal General,
Marc-Fhilip Ferzan; el director de la División
Legal Robert M. Hanna; y Susan K. Fischer,
Fiscal General Adjunto en la División
Legal. El Estado también estuvo representado
por la firma de abogados de Fried, Frank,
Harris, Shriver & Jacobson LLP.
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