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TRENTON-
La Fiscal General Paula T. Dow hoy anunció
las acusaciones formales en contra de un
ex oficial de corrección y 34 otros
individuos que conspiraron en una seria
confabulación de contrabandear teléfonos
celulares pre-pagados y drogas dentro de
la prisión.
La
Fiscal General Dow hizo el anuncio en la
Northern State Prison con el Comisionado
Gary M. Lanigan del Departamento de Correcciones,
el Director de Justicia Criminal Stephen
J. Taylor, y el Comandante Matt Wilson de
la Policía Estatal de Nueva Jersey.
Las acusaciones judiciales del gran jurado
fueron obtenidas por la División
de Justicia Criminal como resultado de la
Opreration Empire, una investigación
de la Policía Estatal de Nueva Jersey
y del Departamento de Correcciones.
Se
alega que el ex oficial de corrección
Luis S. Roman, de 47 años de edad,
de Avenel, recaudó miles de dólares
usando una red de presos para solicitar
clientes y distribuir el contrabando traído
por él a la cárcel. Se alega
que los presos tenían miembros de
familia o amigos fuera de la prisión
que actuaban como cómplices comprando
teléfonos y drogas y empaquetandolos
para entregarselos a Roman. Los presos pagaban
por los artículos mandandole el dinero
a la mujer de Roman o a otro cómplice
de afuera.
De
acuerdo al Director Taylor, Roman y 18 otros
acusados que distribuyeron contrabando en
la prisión o actuaron como cómplices
fuera de ésta, están cargados
con un solo caso de acusación judicial
de chantaje y conspiración, los dos
de segundo grado. La acusación judicial
también carga a todos, ecepto a uno
de los acusados, con segundo grado de soborno
y tercer grado de lavado de dinero. Roman
ha sido cargado con segundo grado de mala
conducta de oficial. Los cargos de chantaje
llevan una sentencia de hasta 10 años
en la prisión del estado, que serán
consecutivos a las sentencias por cualesquier
ofensas subyacentes. Otros 16 presos que
compraron contrabando han sido cargados
en 16 separadas acusaciones judiciales.
“Sabemos
que los narcóticos y teléfonos
celulares son traídos clandestinamente
a nuestras prisiones y los presos usan estos
teléfonos para dirigir las actividades
de las pandillas y hacer planes para obtener
más contrabando,” dijo la Fiscal
General Dow.”Los que son responsables
de estos contrabandos tienen que saber que
vamos a atraparlos y vamos a castigarlos
severamente.”
“Mientras
alegamos que Roman intentó camuflar
su identidad de la mayoría de los
presos que distribuyeron los teléfonos
celulares y las drogas que él trajo,
al final el mismo se atrapó en su
misma telaraña de crimen” dijo
el Director Taylor.”Todos los hilos
de evidencia condujeron a él como
el alegado cabecilla de esta confabulación
y la fuente del contrabando”
“Un
solo corrupto oficial de corrección,
trayendo teléfonos y drogas de contrabando
a una prisión puede poner en peligro
la seguridad de toda la facilidad. Investigaciones
han demostrado que teléfonos celulares
en las prisiones se han usado para mandar
un “golpe” a testigos y personal
de policía. Continuaremos nuestro
trabajo con nuestros compañeros en
la justicia para arrestar a cualquiera envuelto
en esta actividad criminal” dijo el
Comandante Matt Wilson, Oficial de Mando
de la Sección de Inteligencia de
la Policia Estatal.
“Me
gustaría darle las gracias a toda
la comunidad de implementación de
ley, incluyendo la División de Investigación
Especial del Departamento de Correcciones,
que tuvo parte en asegurar estas acusaciones
judiciales,”dijo el
Comisionado Gary M. Lanigan. “Encuentro
detestable que un oficial de corrección
puso a sus compañeros de trabajo
y a la comunidad en peligro trayendo contrabando
a una prisión para su enriquecimiento
personal. Esto es otro ejemplo por qué
la aprobación del acta H.R. 560,
Safe Prisons Communication Act (Acta de
Comunicación Segura en Prisiones)
que permitirá interceptar los teléfonos
celulares en las prisiones, es tan importante.
Ha pasado en el Senado Federal unánimemente
y tiene el apoyo del Gobernador Christie
y de todos los oficiales de ley a través
de la nación, esta legislación
efectivamente transformará los teléfonos
celulares en 4 onzas de basura en las prisiones.”
La
acusación de chantaje resurgió
el 15 de Septiembre pero fue sellada ayer
en la corte. Las otras acusaciones resurgieron
ayer (día 22 de Septiembre). Roman
fue encarcelado después de su arresto
el Noviembre pasado pero puso $100,000 de
fianza en Agosto y permanece libre. Órdenes
de arresto se dieron para los otros 18 acusados
en la acusación judicial de chantaje,
con libertad bajo fianza en las cantidades
de $100,000 a $200,000. La mayoría
han sido arrestados.
Se
alegó que Roman trajo contrabando
a la prisión varias veces a la semana,
incluyendo teléfonos celulares pre-pagados,
cocaína, heroína, y marijuana
escondiendolos en su chaleco de seguridad
y en sus botas.
La
División de Investigación
Especial del Departamento de Correcciones
empezó a contemplar la posibilidad
de que un oficial de corrección u
otro trabajador de la cárcel traía
el contrabando a la Northern State Prison
después que teléfonos celulares
del mismo modelo y marca fueron confiscados
de los presos.
La
conjunta investigación de la Policía
Estatal y el Departamento de Correcciones
empezó en Julio del 2009. La acusación
judicial alega que Roman continuó
contrabandeando desde por lo menos Agosto
del 2007 hasta el día 14 de Noviembre
del 2009, cuando fue arrestado con su mujer.
Roman fue asignado en el 2007 a la Adult
Diagnostic and Treatment Center en Avenel,
y se alega que se involucró en traer
contrabando allí también.
Ann
Marie Roman, de 36 años de edad de
Keasbey, quien ahora está divorciada
de Luis Roman, admitió culpabilidad
el día 14 de Septiembre ante el Juez
de la Corte Superior Frederick P. DeVesa
a segundo grado de conspiración y
soborno. Ella admitió que bajo las
órdenes de su esposo, recibió
miles de dólares a través
de Western Union y Money Gram como pago
por los artículos de contrabando.
El estado recomendará una sentencia
de crimen de tercer grado de entre tres
a cinco años en la cárcel
del estado.
Se
alega que Roman usó dos presos leales
en la Northern State Prison como organizadores
o intermediarios. Estos presos Ángel
Vázquez de 53años de edad
y Willie Wade de 46 años, sucesivamente
emplearon a otros presos como distribuidores
para reclutar clientes dentro de la prisión.
Los clientes acordaban a pagar un cargo
por el contrabando. Por ejemplo si un preso
quería un teléfono celular
pre-pagado, tenía que pagar $400
dólares plus $200 por “pago
de envío”. A cada nivel de
la organización, los intermediarios
y distribuidores recibían cierta
cantidad de dinero, pero se alega que Roman
se quedaba con la mayoría de las
ganancias. Se alega que se les ordenaba
a los familiares de los presos que mandaran
el dinero a Ann Marie Roman, que usaba su
nombre previo de casada, Ann Marie Hernández,
o al acusado Justiniano Vázquez de
61 años de edad del Bronx N.Y.
Se
requería de los presos distribuidores
que tuvieran fuentes leales fuera, preferiblemente
mujeres, con acceso a drogas. Una vez que
las órdenes se habían tomado,
era la responsabilidad de los presos distribuidores
de ponerse en contacto con las fuentes de
afuera por teléfono celular y hacer
que estos arreglaran los paquetes de narcóticos
y los pre-pagados teléfonos celulares
junto con los “pagos de envío”
que eran los sobornos adicionales que alegadamente
se requerían por Roman. Los presos
se comunicaban entre sí con pequeños
pedazos de papeles conocidos como “kites”
que fácilmente se pasaba de preso
a preso. Después que los paquetes
eran ensamblados, los intermediarios, se
alega, se ponían en contacto con
Roman acerca del contacto de afuera con
el cual él tenía que encontrarse.
Una
vez que el contrabando estaba dentro, se
alega que Roman lo pasaba a los intermediarios,
que se los darían a los presos distribuidores,
frecuentemente a los que trabajaban en la
cocina o la lavandería que distribuirían
el contrabando en diferentes áreas
de la prisión. Roman, se alega, sabía
quien eran los presos distribuidores, pero
no tenía contacto directo con la
mayoría de estos.
Cuando
Luis y Ann Marie Roman fueron arrestados
el día 14 de Noviembre del 2009,
órdenes de búsquedas fueron
ejecutadas en sus residencias de Avenel
y Keasbey, donde se alega que encontraron
documentación y evidencia física
de sus actividades de contrabando. Evidencia
también fue obtenida cuando se registraron
las celdas de los presos.. Los detectives
obtuvieron documentos de Western Union y
Money Gram que detallaron miles de dólares
en transacciones, que se alega, estaban
relacionadas con la confabulación
de contrabando.
La
investigación fue conducida por el
Detective Timothy Hackett y el Sargento
Dennis Buoye de la Unidad Norte de Pandilla
de la Policía Estatal de Nueva Jersey,
y el Investigador Principal Scott Russo,
Investigador Superior Michael Kubik y el
Investigador Superior Omar Howard de la
División de Investigaciones Especiales
del Departamento de Correcciones.
El
Supervisor Delegado del Fiscal General Andrew
M. Butchko y los Delegados del Fiscal General
Cassandra Serentino, Daniel Bornstein y
Julia S. Glass prepararon y presentaron
el caso delante del gran jurado por el Buró
de Pandillas y Crimen Organizado de la División
de Justicia Criminal.
Los
siguientes acusados están cargados
en la acusación judicial de chantaje:
Cabecilla:
1.
Luis Roman
Presos
Intermidiarios Organizadores
2.
Angel Vasquez
3. Willie Wade
Recibidor
de fondos mandados
4.
Justiniano Vazquez
Presos
Distribuidores
5.
Alvin Blankson, 31
6. Dwayne Mann, 43
7. Johnny Jones, 36
8. Leander Williams, 39
9. Malik Teel, 31
10. Quadir Barnes, 31
11. Stacey Moore, 29
Fuentes
de afuera para distribuidores
(Se alega que entregaron teléfonos
celulares y drogas a Roman)
12.
Tracy Mainor, 46, of Jersey City
13. Rozzion Fox (man), 24, North Brunswick
14. Yakyra Hickson, 28, Nutley
15. Nyantee Davis, 25, Avenel
16. Chez Hodges, 30, Newark
17. Tynisha Moore, 35, of Newark
18. Alicia Holloway, 43, of Bronx, N.Y.
19. Shanta Barnes, 24, of East Orange.
Rozzion
Fox es el único acusado cargado en
la acusación judicial de chantaje
que no ha sido cargado con segundo-grado
de soborno y grado tercero de lavado de
dinero.
Los
siguientes presos han sido cargados en 16
separadas acusaciones judiciales como clientes
de la operación.de contrabando (donde
indicado, los acusados eran presos del Adult
Diagnostic and Treatment Center in Avenel.
Los otros eran presos de la Northern State
Prison.)
Presos
Clientes:
20.
Lonnie Daniels, 4821. Serafin DeGarcia,
32 (Avenel)
22. Vincent Heredia, 34
23. Roberto Lascano, 24
24. Abdul Mumin, 41 (Avenel)
25. Fateen Powell, 32
26. Angel Rivera, 33
27. Dawud Thompson, 30
28. Rotimi Washington, 36
29. Sharrod Hardgrove, 34
30. Allen Rivera, 30
31. Earlest Gordon, 40
32. Michael Bordo, 34 (Avenel)
33. Jesse Gallagher, 37
34. Kevin Robinson, 39
35. Julio Bruno, 30
Todos
los clientes presos etán cargados
con grado segundo de conspiración
y grado segundo de soborno, con la excepción
de Ángel Rivera y Earlest Gordon,
quienes están cargados con segundo
grado de conspiración y tercer grado
de posesión ilegal de un teléfono
celular en la cárcel.
Luis
Roman está cargado con muchos cargos
de segundo grado de soborno y muchos cargos
de tercer grado de lavado de dinero. Tambien
está cargado de segundo grado por
ilegalmente transferir un teléfono
celular en la prisión del estado
y un cargo de cuarto grado por distribuir
marijuana.
Crímenes
de segundo grado llevan una sentencia de
10 años en la cárcel estatal
y $150,000 dólares de multa; crímenes
de tercer grado llevan una sentencia máxima
de cinco años en la cárcel
y $15,000dólares de multa; y crímenes
de cuarto grado llevan una sentencia máxima
de 18 meses en la cárcel y $10,000
dólares de multa.
Como
se ha dicho antes, el cargo de chantaje
lleva una sentencia de 10 años en
la cárcel que se servirán
consecutivamentes por cualesquiera ofensas
subyacentes. El cargo de tercer grado por
mala conducta de un oficial en contra de
Roman lleva una sentencia de 10 años
en la cárcel estatal, incluyendo
cinco años sin la posibilidad de
libertad bajo fianza.
Las
acusaciones solamente son acusaciones y
los acusados son inocentes hasta que se
prueben culpables.Estas acusaciones judiciales
fueron entregadas al Juez Edward M. Neafsey
de la Corte Superior en el condado de Mercer,
que las asignó al condado de Middlesex.
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