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TRENTON-
La Fiscal General Paula T. Dow y el Director
de Justicia Criminal anunciaron hoy que
un ex-oficial de corrección de Northern
State Prison, se declaró culpable
de ser miembro de una banda que se dedicó
al contrabando de teléfonos celulares
pre-pagados y drogas dentro de este centro
penitenciario.
El Director Taylor dio a conocer que Luis
S. Román, de 47 años, se declaró
culpable de extorsión organizada
y conducta deshonesta, al comparecer ante
el Juez de la Corte Superior Mathías
E. Rodriguez, en el condado de Middlesex.
Según el acuerdo de culpabilidad,
el Estado recomendará que Román
sea sentenciado a 14 años de carcel,
incluyendo 5 años sin tener libertad
condicional.
La
Vice Fiscal Cassandra Serentino en representación
de la División de Justicia Criminal,
se encargó de tomarle la declaración
de culpabilidad a Román.
Los cargos criminales se derivan de la Operación
“Empire”, una investigacion
conjunta de la Policia Estatal de New Jersey,
el Departamento de Correcciones y la División
de Justicia Criminal..
“Al
haber participado en una red de contrabando,Luis
Román demostró que tenía
mucho en común con los delincuentes
confinados en la cárcel en la cual
su obligación era el de vigilarlos”,
dijo la Fiscal General Dow.
“Este
oficial de corrección en forma descarada,
traicionó su juramento y comprometió
la seguridad pública al negociar
ilegalmente con los teléfonos celulares
dentro de la prisión estatal, donde
potencialmente podría haber sido
utilizado por los cabecillas de las bandas
delictivas para seguir causando delitos
en nuestra comunidad", dijo el director
Taylor. "Nos mantendremos vigilantes
con el Departamento de Corrección
y la Policía Estatal para hacer frente
a esta amenaza que representan los teléfonos
celulares en nuestras prisiones”.
"Hay gente encarcelada para evitar
que sigan siendo una amenaza a la seguridad
pública. Las acciones de este oficial
corrupto nos puso a todos en alto riesgo
al permitir se efectúen llamadas
mediante teléfonos celulares sin
control efectuadas por los presos para controlar
posibles delitos”, dijo el Mayor Matt
Wilson. Superintendente Adjunto de Investigaciones
de la Policía Estatal de New Jersey.
"Me
gustaría dar las gracias a todas
las fuerzas del orden, incluyendo a la Division
de Investigaciones del Departamento de Correcciones,
que desempeñó un papel importante
en estas acusaciones. Es terrible que un
oficial de corrección pueda haber
puestro en serio peligro a sus compañeros
de trabajo, así como la comunidad
en general por el contrabando dentro de
un centro de correciones para su beneficio
personal ", dijo el Comisionado del
Departamento de Correcciones Gary M. Lanigan.
"Este
es otro ejemplo del por qué la Ley
de Seguridad de Comunicaciones en las Prisiones
(H.R. 560) ha permitido la interferencia
de teléfonos celulares en las cárceles.
Lamentablemente, el proyecto no ha sido
presentado de nuevo durante este período
de sesiones legislativas. Como ya he señalado
anteriormente, los teléfonos celulares
y otros dispositivos electrónicos
en manos de los internos es un riesgo de
seguridad muy grande al igual que un arma
de fuego. Sin embargo, vamos a seguir explorando
otras avenidas tecnológicas disponibles.
Y si bien estoy satisfecho de los múltiples
esfuerzos que hemos tomado para impedir
el uso de teléfonos celulares dentro
de las instalaciones de nuestras prisiones,
todavía creo firmemente que las señales
de bloqueo de teléfono celular son
la forma más eficaz para eliminar
el problema. El hecho es que esta legislación
efectivamente puede transformar los teléfonos
celulares en una cárcel, en un pedazo
de 4 onzas de basura ", añadió
el Comisionado Lanigan.
Roman y 18 otros acusados que distribuyeron
contrabando en la prisión o actuaron
como cómplices fuera de ésta,
fueron acusados por un Jurado Investigador
de chantaje organizado y conspiración.
La acusación judicial fue formulada
por la División de Justicia Criminal
el 15 de septiembre de 2010. Otros 16 presos
que compraron contrabando han sido acusados
en 16 separados cargos judiciales.
Al
confesar su culpabilidad, Román dijo
que participó en la banda de confinados
que se encargaban de conseguir clientes
para distribuir el contrabanado de los celulares
dentro de la prisión.En varias ocasiones,
Román pudo burlar la vigilancia para
camuflar y meter los celulares a la prisión
repetidas veces por semana incluyendo los
teléfonos celulares prepagados cocaína,
heroína y marihuana, ocultando los
objetos en su chaleco protector y sus botas.
Los confinados tenían familiares
o amigos fuera de la prisión que
se presume actuaron como cómplices
mediante la compra de teléfonos y
drogas y el embalaje para ser entregado
por Roman. La investigación reveló
que los internos pagaron por los objetosque
eran enviados por giro por cable a la esposa
de Román u otro de sus complices
en el exterior.
La División Especial de Investigaciones
del Departamento de Correcciones al comprobar
la existencia de celulares de la misma marca
y modelos que fueron confiscados a los presos,
empezó a investigar la posibilidad
de un oficial de corrección y el
contrabando a otras prisiones..
La investigación conjunta de la Policía
Estatal y el Departamento de Correcciones
comenzó en julio de 2009. Román,
continuaba con el contrabando de celulares
que habia empezado en agosto de 2007 hasta
noviembre 14 de 2009, cuando fue arrestado
con su esposa. Ann Marie Roman, de 37 años,
de Keasbey, quien ahora está divorciada
de Luis Román, declarándose
culpable el 14 de septiembre de 2010 ante
el Juez de la Corte Superior Frederick P.
DeVesa, por cargos de conspiración
en segundo grado, por cometer sobornos.
La mujer admitió que bajo la dirección
de su esposo, recibió miles de dólares
a través de Western Union y Money
Gram como pago por los artículos
de contrabando.
Roman
se presume utilizó los servicios
de dos presos de confianza como sus intermediarios
en el Northern State Prison. Los reclusos
son Ángel Vásquez, de 53 años,
y Willie Wade, de 46 años, y tambien
se presume que utilizó numerosos
presos como distribuidores dentro de la
prisión. Los clientes acordaron pagar
una cuota por el contrabando. Por ejemplo,
si un preso deseaba un teléfono celular
pre-pagado, tenía que pagar hasta
$ 400 dólares o más, y un
adicional de $ 200.00 como una "pago
de embarque." En cada nivel de la organización,
los intermediarios y distribuidores recibían
una cierta cantidad de dinero, sin embargo
Román mantenía la mayoría
de las ganancias.Una vez que el contrabando
era introducido en la prisión, Román
se presume se los pasaba a sus hombres de
confianza, que luego se los entregarían
a los distribuidores eran presos y con frecuencia
trabajadores de cocina y lavandería,
quines distribuian el contrabando en toda
la prisión.
La investigación fue conducida por
el Detective Timothy Hackett y el Sargento
Dennis Buoye de la Unidad Norte de Pandillas
de la Policía Estatal de New Jersey,
y el Investigador Principal Scott Russo,
Investigador Superior Michael Kubik y el
Investigador Superior Omar Howard de la
División de Investigaciones Especiales
del Departamento de Correcciones., el Supervisor
Delegado del Fiscal Andrew M. Butchko y
los Delegados del Fiscal General Cassandra
Serentino, Daniel Bornstein y Julia S. Glass
prepararon y presentaron el caso ante el
jurado investigador por el Buró de
Pandillas y Crimen Organizado de la División
de Justicia Criminal.El Vice fiscal Michael
Wicke, asistió este caso y se efectuará
de los preparativos para el inicio del juicio.
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