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9 de mayo, 2011

Office of The Attorney General
- Paula T. Dow, Fiscal General
División de Justicia Criminal
- Stephen J. Taylor, Director

Oficina de
Información Pública:

Peter Aseltine
609-292-4791
Información para
los ciudadanos:

609-292-4925

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Un recluso del Northern State Prison, se declara culpable de extorsión y ser miembro de una red de traficantes de teléfonos celulares y narcóticos en centro penitenciario

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TRENTON- La Fiscal General Paula T. Dow y el Director de Justicia Criminal anunciaron hoy que un prisionero que cumple sentencia en Northern State Prison, se declaró culpable de ser miembro de una banda que se dedicó al contrabando de teléfonos celulares pre-pagados y drogas dentro de este centro penitenciario. Otro cómplice de fuera y dos reclusos que fueron sus clientes también se declararon culpables.

El Director Taylor dio a conocer que Quadir Barnes de 32 años, se declaró culpable de extorsión organizada al comparecer ante el Juez de la Corte Superior Mathías E. Rodríguez, en el condado de Middlesex. Según el acuerdo de culpabilidad, el Estado recomendará que Barnes sea sentenciado a 6 años de cárcel.

Al confesar su culpabilidad, Barnes dijo que participó en la banda de confinados que se encargaban de conseguir clientes para distribuir el contrabando de los celulares dentro de la prisión, los cuales fueron metidos de contrabando por el ex-oficial de correcciones Luis S. Román de 47 años residente en Avenel. Román, se declaró culpable el18de julio pasado por cargos de extorsión organizada y conducta deshonesta. El estado recomendará que Román sea sentenciado a 14 años en una prisión, sin ser elegible para obtener libertad bajo palabra en 5 a os.

Barnes, Román y otros 17 individuos ya fueron acusados de distribuir contrabando dentro de la prisión o actuaron como cómplices desde fuera de la penitenciaria, y enfrentan cargos de extorsión y conspiración. En acusaciones separadas otras 16 personas fueron acusadas de contrabando.

Tres de los otros acusados son:

  • Shanta Barnes, de 25 años, de East Orange, se declaró culpable de conspiración en segundo grado y cómplice exterior en favor de su hermano Quadir Barnes. Ella enfrenta cargos de libertad condicional.
  • Serafim DeGarcia, de 33 años, un recluso que recibe tratamiento en el Centro de Diagnóstico de Adultos en Avenel, se declaróó culpable de la compra de contrabando en cuarto grado, obstrucción de justicia en cuarto grado. DeGarcia enfrenta 18 meses de prisión consecutivos a su actual sentencia.
  • Rotimi Washington, de 37 años, un recluso del Northern State Prison, también se declaró culpable de ser un cliente y de obstrucción de justicia en cuarto grado. Washington, enfrenta 18 meses de prisión consecutivos a su actual sentencia.

La investigación reveló que Román varias veces por semana pudo burlar la vigilancia para camuflar y meter los celulares a la prisión incluyendo los teléfonos celulares prepa-gados cocaína, heroína y marihuana, ocultando los objetos en su chaleco protector y sus botas. Los reclusos que tenían familiares o amigos fuera de la prisión se presume actuaron como cómplices mediante la compra de teléfonos y drogas y el embalaje para ser entregados por Román. La investigación reveló que los internos pagaron por los objetos que eran enviados por giro por cable a la esposa de Román u otro de sus cómplices en el exterior.

La División Especial de Investigaciones del Departamento de Correcciones al comprobar la existencia de celulares de la misma marca y modelos que fueron confiscados a los reclusos, empezó a investigar las sospechas de un oficial de corrección vinculado al contrabando dentro de Northern State Prison y otras prisiones.

La investigación conjunta de la Policía Estatal y el Departamento de Correcciones comenzó en julio de 2009. Román, continuaba con el contrabando de celulares que había empezado en agosto de 2007 hasta noviembre 14 de 2009, cuando fue arrestado con su esposa. Ann Marie Román, de 37 años, de Keasbey, quien ahora está divorciada de Luis Román, declarándose culpable el 14 de septiembre de 2010 ante el Juez de la Corte Superior Frederick P. DeVesa, por cargos de conspiración en segundo grado, por cometer sobornos. La mujer admitió que bajo la dirección de su esposo, recibió miles de dólares a través de Western Union y Money Gram como pago por los artículos de contrabando.

Román se presume utilizó los servicios de dos presos de confianza como sus intermediarios en el Northern State Prison. Los reclusos son Ángel Vásquez, de 53 años, y Willie Wade, de 46 años, y también se presume que utilizó numerosos presos como distribuidores dentro de la prisión incluyendo a Barnes. Los clientes acordaron pagar una cuota por el contrabando. Por ejemplo, si un preso deseaba un teléfono celular pre-pagado, tenía que pagar hasta $ 400 dólares o más, y un adicional de $ 200.00 como una "pago de embarque." En cada nivel de la organización, los intermediarios y distribuidores recibían una cierta cantidad de dinero, sin embargo Román mantenía la mayoría de las ganancias. Una vez que el contrabando era introducido en la prisión, Román se presume se los pasaba a sus hombres de confianza, que luego se los entregarían a los distribuidores eran presos y con frecuencia trabajadores de cocina y lavandería, quienes distribuían el contrabando en toda la prisión.

La investigación fue conducida por el Detective Timothy Hackett y el Sargento Dennis Buoye de la Unidad Norte de Pandillas de la Policía Estatal de New Jersey, y el Investigador Principal Scott Russo, Investigador superior Michael Kubik y el Investigador Superior Omar Howard de la División de Investigaciones Especiales del Departamento de Correcciones., el Supervisor Delegado del Fiscal Andrew M. Butchko y los Delegados del Fiscal General Cassandra Serentino, Daniel Bornstein y Julia S. Glass prepararon y presentaron el caso ante el jurado investigador por el Buró de Pandillas y Crimen Organizado de la División de Justicia Criminal.

El juez Rodríguez fijo la sentencia de estos acusados para el mes de junio. Román será sentenciado en octubre del presente año.

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