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NEWARK-
La Fiscal General Paula T, Dow y la División
de Asuntos del Consumidor del Estado han
puesto cuatro demandas en contra de cuatro
compañías porque alegan que
han proveído servicios de inmigración
fraudulentos. Se acusa a los negocios de
anunciar falsamente que estaban autorizados
de preparar documentos de inmigración
de parte de los clientes.
Solamente
abogados o ciertos otros acreditados representantes
autorizados por el gobierno federal pueden
remitir documentos como formularios de inmigración
de parte de los clientes. Los cuatro negocios
en los condados de Passaic y Hudson, alegadamente
emplearon individuos que no eran abogados
para realizar esta clase de trabajo legal.
Los
individuos que trabajaban para estos negocios
eran o decían que eran “notarios
públicos.” Se acusa a cada
uno de los negocios de capitalizar en la
confusión de los poderes de un notario
público en los Estados Unidos. En
ciertos países latinoamericanos “un
notario público” puede actuar
como abogado, preparar documentos legales
de parte de los clientes, y proveer aviso
legal. El Servicio de Ciudadanía
e Inmigración de los EE.UU.(U.S.
Citizenship and Inmigration Service o USCIS)
específicamente alerta a los inmigrantes
que notarios públicos, “asesores
de inmigración” y otros negocios
semejantes no pueden proveer aviso legal
en asuntos de inmigración o preparar
documentos legales de parte de clientes,
aunque pretendan que lo pueden hacer.
“Negocios
que explotan a grupos de inmigrantes por
afinidad étnica, y aquellos que deliberadamente
capitalizan en la confusión de lo
que un notario público puede hacer
en este país, con frecuencia abusan
a los inmigrantes legales que quieren extender
sus visas u obtener residencia permanente,”
dijo Dow. “Notarios públicos
en Nueva Jersey saben exactamente lo que
legalmente pueden y no pueden hacer. Algunos
notarios públicos tratarán
explotar la ignorancia de los que no saben,
pero no podrán pretender que no sabían
lo que hacían.”
Las
demandas anunciadas hoy siguen aquellas
puestas el día 9 de Junio en contra
de negocios que también fueron acusadas
de falsamente representar que estaban autorizados
a preparar documentos de inmigración
de parte de clientes. La División
de Asuntos del Consumidor anunció
estas demandas como parte de “Combatiendo
Estafas de Servicios de Inmigración,”
juntos con la Comisión Federal de
Comercio, el Departamento de Justicia de
EE.UU., USCIS, y otras agencias.
Los
siguientes negocios, están acusados
de violar el Acta de Fraude para el Consumidor
y las Regularizaciones de Publicidad en
hacer creer a los consumidores que estaban
autorizados para proveer aviso legal, y
preparar y remitir documentos legales a
USCIS, cuando no estaban autorizados para
hacerlo; y cargando cientos de dólares
por la preparación de los documentos
legales para USCIS cuando legalmente no
estaban permitidos a cargar esos pagos:
-
Beltra’s Agency,
de Clifton, y sus dueños Beltra
Gomez, Hector Gomez. Jr., y Henry Gomez;
-
Corazon Travel Agency,
t/a Corazon Agency, de Paterson, y su
dueño, Rafael Garcia;
-
Helping Honduras, Inc.,
d/b/a/ Helping the Immigrant Community,
de Union City, y su secretaria y directora
de programa, Blanca Hilda Cardenas;
-
Kingdom Vision Service Corporation
d/b/a Kingdom Vision Multiservice, ode
West New York, y su presidente, Denise
Perez.
Se
alega que cada uno de los cuatro negocios
pusieron anuncios en español en periódicos
ofreciendo sus servicios de inmigración,
u ofreciendo ayuda con “naturalización.”
Los anuncios se habian puesto en publicaciones
de lengua española incluyendo en
Nueva Jersey Cambio y El Especialito. En
los casos de Bletra´s Agency y Corazón
Travel, fuentes anónimas recortaron
los anuncios de los periódicos y
los mandaron por correo a un investigador
de la División de Asuntos del Consumidor,
como dato para probar las prácticas
fraudulentas.
“Consumidores
que necesitan ayuda de inmigración
deben buscar ayuda de fuentes legítimas
solamente,” dijo el Director de la
División Thomas R. Calcagni. “La
Junta de Apelación de Inmigración
( Board of Immigration Appeals o BIA) mantiene
una lista de abogados que proveen servicios
de inmigración gratis o por poco
costo.”
El
sitio web de USCIS “ Find Legal Services”
(Encuentre Servicios Legales) en www.uscis.gov/immigrationpractices
(Pulse en español) le dice a los
consumidores “Usted puede remitir
sus formularios con la USCIS, pero mucha
gente busca ayuda. Usted tienen que escribir
las respuestas... o traducir el documento
en inglés. Usted puede obtener esta
clase de ayuda de cualquiera. Esta persona
sólo debe cargarle un pago pequeño
y no pretender que tiene ninguna pericia
especial en leyes y procesos de inmigración.”
El
sitio web de la USCIS dice: “Solamente
abogados o funcionarios acreditados pueden:
Darle aviso legal acerca de cuales son los
formularios que tiene que remitir; explicarle
las opciones de inmigración que usted
tenga; [or] comunicarse con USCIS acerca
de su caso.” El sitio web de la USCIS
explica que “representantes acreditados”
son individuos que trabajan por grupos específicos
como aquellos sin fines de lucro, religiosos,
de caridad, servicio social, u otras organizaciones
semejantes aprobadas por la Junta de Apelación
de Inmigración. Estos representantes
“sólo pueden cargar pequeñas
sumas de dinero, si es necesario, por servicios
legales.”
El
sitio web de la USCIS continua: “Notarios,
(notary public) asesores de inmigración
y negocios no pueden darle aviso legal en
inmigración. En muchos países
la palabra “notario” significa
que la persona es un abogado, pero eso no
es verdad en EE.UU. Si necesita ayuda en
asuntos de inmigración, tenga cuidado
antes de pagar mucho dinero a alguien que
no es un abogado o un representante o una
organización acreditados por la BIA.”
A
pesar de las restricciones del gobierno
federal que personas que no son abogados
o agencias que no están acreditadas
solamente pueden ofrecer ayuda “limitada”
y por un “costo pequeño”
y que incluso representantes acreditados
solamente pueden cargar un costo pequeño
por los servicios legales, el Estado alega
que Corazón Travel Agency, Kingdom
Vision Service Corporation, y Helping Honduras,
Inc., todos ellos dieron un estimado de
entre $400 y $ 2,900 dólares por
preparar documentos legales de inmigración,
a un investigador clandestino de la División
de Asuntos del Consumidor.
Además
de la acción de implementación,
la División de Asuntos del Consumidor
está educando al público,
y a las familias de inmigrantes, acerca
de estafas de inmigración. La División
ha añadido información educacional
acerca de estafas de inmigración
en sus charlas a la comunidad incluyendo
el programa de Prevención y Educación
contra el Fraude (Fraud Education and Prevention
o FedUp) que se han presentado por toda
Nueva Jersey a más de 1,000
ciudadanos mayores de edad desde Enero.
Adicionalmente,
la Division ha desarrollado y diseminado
materiales educacionales “Combatiendo
las Estafas de Servicios de Inmigración,”
disponible en ingles en www.NJConsumerAffairs.gov/press/ImmigrationScams.pdf
and in Spanish at www.NJConsumerAffairs.gov/press/ImmigrationScamsSP.pdf.
Estos
folletos explican:
-
Solamente abogados y ciertos representantes
acreditados por los Servicios de Ciudadanía
e Inmigración de EE.UU., están
autorizados para preparar documentación
legal como formularios de inmigración,
dar aviso o representar ciertos clientes
en un procedimiento legal. Los consumidores
que quieran saber si una persona u organización
está autorizada para preformar
estos servicios pueden ir a www.uscis.gov/immigrationpractices
(Pulse en español) o llamar a USCIS
800-375-5283.
-
Estafadores que pretenden que están
autorizados para remitir formularios de
inmigración, con frecuencia dejan
a las víctimas sin dinero, con
problemas de deportación y la pérdida
de documentos irremplazables como partidas
de nacimiento o pasaportes.
-
Negocios deshonestos con frecuencia usan
sus anuncios designados a aprovecharse
de los malentendidos culturales y lingüísticos.
El término “notario público,”
(notary public)se ha usado de una manera
fraudulenta para engañosamente
representar que una persona está
licenciada para proveer servicios legales,
porque este término tiene un significado
diferente en algunos países latinoamericanos
que en Estados Unidos.
-
Cualquiera que solicita negocios falsamente
diciendo que es un abogado está
cometiendo una violación del Acta
de Fraude para el Consumidor y está
sujeto a una multa de $10,000; y cualquiera
que se involucra en practicar la ley sin
estar autorizado, comete un crimen del
cuarto grado y una ofensa de persona disoluta.
-
Inmigrantes legales y residentes legales
pueden llamar al número mencionado
arriba para ayuda con sus documentos de
inmigración. Para información
acerca de inmigración también
puede ir a la Comisión Federal
de Comercio a: www.FTC.gov/immigration
(Pulse en español).
Los
consumidores que sospechan fraude o que
creen que han sido engañados por
un negocio pueden llamar a la División
de Asuntos del Consumidor al:1-800-242-5846
(gratis si llama desde Nueva Jersey) o al
973-504-6200, o visitar
el sitio web de la División: www.NJConsumerAffairs.gov
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educacionales en www.nj.gov/oag/ca/outreach/
La
Delegada del Fiscal General Alina Wells,
de la Sección de Prosecución
de Fraude al Consumidor representó
al Estado en esta acción. El investigador
Oscar Mejias de la Oficina de Protección
al Consumidor condujo la investigación.
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