Según el director Taylor, la División de Justicia Criminal obtuvo una acusación formal de un Jurado Investigador en contra de Enock Moochi, de 52 años, residente en Jersey City, quien fue suspendido en sus funciones como inspector de salud del municipio de East Orange, por los delitos de mala conducta oficial, soborno, y la aceptación o recepción de un beneficio ilícito por un servidor público de la conducta oficial en segundo grado. Los delitos en segundo grado acarrean una sentencia máxima de 10 años de prisión, y si es declarado culpable, Moochi se enfrentaría a una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La acusación se deriva de una investigación realizada por la Policía Estatal de New Jersey y la División de Justicia Criminal.

A principios de este año, Moochi se presume solicitó un soborno de $1,000 dólares al propietario de una pequeña tienda de abarrotes en East Orange, diciéndole que a cambio de esa cantidad pasaría por alto las violaciones del código de salud que había encontrado en su negocio, relacionado con los alimentos " por vender con fechas vencidas ". Moochi presuntamente accedió al aceptar el soborno en dos pagos de $ 500 dólares. El 30 de junio de 2011 recibió el primer pago de $ 500 dólares del propietario de Food Mart y el 30 de junio de 2011 se presume que recibió el segundo pago de $500 dólares el 6 de julio de 2011.
Moochi fue arrestado en el negocio por los detectives de la Policía Estatal después que presuntamente recibió el segundo pago. Moochi fue suspendido por el municipio de East Orange después de su arresto.

"No sólo el acusado aparentemente quiso enriquecerse ilícitamente a través de su posición oficial, y lo hizo al aceptar y no obedecer los reglamentos destinados a velar por la salud pública", dijo la Fiscal General Dow. "Ahora el acusado se enfrenta a serios delitos en esta acusación".

“La mala conducta de este tipo de casos socava la fe pública en el gobierno", dijo el director Taylor. "Vamos a seguir trabajando para apuntar agresivamente la corrupción en todos los niveles de gobierno con el fin de enviar un fuerte mensaje disuasorio a aquellos que venden sus funciones para beneficio personal".

El caso fue presentado a un Jurado Investigador por el Vice Fiscal Richard Reina de la División de Justicia Criminal. La investigación fue realizada por el Teniente Glenn Lubertazzi, el Sargento de Primera Clase Geoffrey Forker, la Sargento. Lisa King, el Sargento. Mario DiRienzo, el Detective Brian Murphy, el Detective Oliver Sissman y el Detective Pablo Castro de la Policía Estatal.

La acusación fue entregada al juez del Tribunal Superior Pedro J. Jiménez Jr. en el Condado de Mercer, quien asignó el caso al Condado de Essex