TRENTON-
El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa anunció
que una perito de seguros del Norte de Nueva
Jersey ha sido acusada judicialmente porque
se alega que defraudó a clientes y
a compañías de seguros, incluyendo
una iglesia en el Condado de Essex, de más
de $36,000 dólares por facturar servicios
que nunca fueron terminados.
Sheena
Clarke, de 59 años de edad, una perito
de seguros licenciada de Englewood, fue
cargada con fraude de seguro de segundo
grado, cuatro cargos de robo de tercer grado
por no hacer la requerida disposición,
y dos cargos de tercer grado de falsificación.
Las
acusaciones judiciales del gran jurado del
Condado de Essex alegan que entre el día
31 de Julio del 2005 y el día 13
de Agosto del 2010, Clarke remitió
fraudulentos reclamos de daños de
propiedad a cuatro compañías
de seguro diciendo que habían sufrido
daños y los reparos se habían
completado en propiedades localizadas en
Paterson, Newark, Irvington, y East Orange,
cuando de hecho, los reparos no se habían
terminado. Las compañías de
seguro a las cuales los reclamos fueron
remitidos fueron Philadelphia Contributorship
Insurance Company, Germantown Insurance
Company, Liberty Mutual Insurance Company,
y Western World Insurance Company.
La
acusación judicial alega que Clarke
falsificó el endoso de dos cheques
de reembolso de seguro de un total de $8,591
dólares hechos a los dueños
por los reparos de sus casas, y falló
de completar el trabajo que se tenía
que haber hecho. Un cheque fue por la cantidad
de $4,883, y el otro por la cantidad de
$3,708 dólares.
La
acusación judicial también
alega que Western World Insurance Company
pagó a Clarke $28,000 dólares
para reparar o mejorar la iglesia Lovets
Holiness Church en Newark, pero ella falló
de terminar el trabajo.
El
Detective Nicole Eiker y el Delgado del
Fiscal General Dennis Kwasnik fueron asignados
a la investigación. Kwasnik presentó
el caso al gran jurado en el Condado de
Essex.
La
acusación judicial, que fue dada
el Viernes día 10 de Febrero, es
solamente una acusación y la demandada
es inocente hasta que se pruebe culpable.
Crímenes de segundo grado llevan
una sentencia máxima de 10 años
en la prisión del estado y una multa
criminal de $15, dólares.
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