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TRENTON,
EL Fiscal General Jeffrey S. Chiesa y el
Comisionado de Trabajo Harold J. Wirth,
anunciaron que 30 personas dirigidas por
5 presuntos miembros de una familia de la
ciudad de Newark, han sido acusadas de cometer
fraude y robo al Estado de New Jersey por
más de $ 2 millones de dólares,
mediante la presentación de reclamos
falsos por beneficios de desempleo usando
los nombres de numerosas personas, incluidos
los nombres de los cómplices y las
personas cuyas identidades fueron robadas.
En
algunos casos las reclamaciones fueron sometidas
por personas que habían fallecido.
Los cargos se derivan de “Operación
Labor Day” investigación conjunta
entre la División de Justicia Criminal
y el Departamento de Trabajo y Desarrollo
Laboral de New Jersey.
La División de Justicia Criminal
sometió las acusaciones a un Jurado
Investigador Estatal mediante las cuales
se abrieron cargos criminales en contra
de 5 individuos que se presume planificaron
los fraudes y robos:
- Terry
E. Dilligard II, de 35 años,
de Newark;
- Janice
Allen, de 55 años, de
Newark, madre de Terry;
- Janice
Dilligard,
de 35 años, de Newark, su hermna
gemela;
- Monique
Valentine, de 33 años,
de Roselle, ex-novia y madre de sus hijos;
y
- Terry
Dilligard Sr., de 57 años,
de DeLand, Florida, padre de esta familia.
Los cinco acusados mencionados enfrentan
a cargos en segundo grado, por robo y conspiración,
que se castiga con 5 a 10 años en
una prisión estatal. Además,
Terry Dilligard II ha sido acusado de lavado
de dinero en primer grado, que enfrenta
una sentencia de 10 a 20 años en
prisión.
Estas
5 personas y otras 25 son acusadas de presentar
falsos reclamos por seguro de desempleo
con el Departamento de Trabajo, ocurrido
entre agosto de 2006 y noviembre de 2010,
que resultó en el robo de más
de $ 2 millones de dólares en beneficios
por desempleo. Las reclamaciones al Departamento
de Trabajo de empleos anteriores fueron
ficticias principalmente con la Universidad
de Medicina y Odontología de New
Jersey, Newark Beth Israel Hospital y dos
empleadores privados.
"Este
es un caso de fraude escandaloso y la codicia
que gira en torno a los miembros de una
familia de Newark que se presume planearo
el robo de más de $ 2 millones de
dolares de fondos estatales del seguro de
desempleo”, sostuvo el Fiscal General
Chiesa. "En esta difícil economía,
los beneficios por desempleo son un salvavidas
financiero para los esforzados residentes
de New Jersey que han perdido sus empleos,
y no podemos darnos el lujo de permtir que
los estafadores disminuyan los fondos”,
manifestó Chiesa.
El
Comisionado Wirths del Departamento de Trabajo
ha puesto en marcha nuevas medidas de seguridad,
bajo la administración del gobernador
Chris Christie, para eliminar las deficiencias
que son aprovechadas por los estafadores
y detectar el fraude en relación
con las reclamaciones presentadas por los
beneficiarios de desempleo.
“Es
más difícil recuperar el dinero
una vez que esté fuera. Ahora estamos
trabajando en la prevención del fraude
antes que suceda, y podremos atrapar a los
individuos cobrando el fondo de desempleo
cuando no deberían”, agregó
el Comisionado Wirths. "Mi meta es
proteger el Fondo de Seguro de Desempleo
para aquellas personas que pagaron y que
en tiempos difíciles, necesitan la
red de seguridad que proporciona. Aquelos
que ilegalmente reciben estos fondos irán
a la cárcel”, subrayó
Wirths.
Las órdenes de arresto fueron emitidas
contra 25 acusados. Los detectives, investigadores
y agentes de la ley cooperaron en el arresto
de más de una docena de individuos
buscados, incluyendo Janice Dilligard, Valentine
y Allen. Terry Dilligard II sigue siendo
un fugitivo buscado con una orden de arresto.
La mayoría de los individuos arrestados
fueron llevados a la Cárcel del Condado
de Mercer.
Entre
las acusaciones, se abrieron cargos en contra
de Dilligard II, su ex-novia,Valentine,
y su padre, Dilligard Sr. Por cometer fraude
en contra del Estado de New Jersey por un
total de $ 1.489.411 dólares de los
fondos de desempleo.
Dilligard
II y su padre han sido acusados de robar
$174,848 dólares de ese total, al
someter reclamaciones fraudulentas utilizando
identidades robadas a 9 electores en la
Florida. Dilligard padre, quien era Comisionado
en La Florida, presuntamente obtuvo la información
personal de estos electores, al momentos
de registrarlos, incluyendo los números
de Seguro Social y fechas de nacimiento.
El hijo presuntamente pagó a su padre
una parte de los beneficios que fueron obtenidos
de manera fraudulenta. Se les acusa de robo
de identidad en segundo grado por su presunta
conducta fraudulenta.
El hijo es acusado de robar otra cantidad,
$ 810,345 dolares del total cubierto por
la acusación, por lo que él
y Valentine han sido acusados en forma conjunta
por el robo de $478,768 dólares.
Valentine es acusada por el robo de $ 25,450
dolares. Dilligard II Valentine se presume
sometieron reclamaciones falsas a nombre
de numerosas personas. 21 de estos individuos
están acusados 21 cargos diferentes
por someter los reclamos fraudulentos o
por permitir a Dilligard II presentar reclamaciones
falsas usando sus nombres y compartir los
beneficios robados.
Una
acusación formal separada fue sometida
en contra de Janice Dilligard y su madre,
Janice Allen, por el robo de $585,304 dólares
de los beneficios de desempleo mediante
al someter falsos reclamos con los nombres
de reclamantes, entre ellos numerosos familiares
y personas que habían fallecido.
Esta presunta conspiración estuvo
separada de las conspiraciones de Terry
Dilligard II, Dilligard padre y Valentine.
Los siguientes 4 acusados también
fueron nombrados en la acusación
contra la madre y la hija:
- George
Dononcourt, de 28 años,
de West Orange;
- George
Ross, de 44 años, de Newark;
- Floyd
Robinson, de 39 años,
de Newark; y
- Terrell
Evans, de 37 años, de
Irvington.
Estas personas ayudaron a las dos mujeres
a realizar el fraude y compartir con los
beneficios por desempleo robados. Cada uno
de los 5 individuos están acusados
de conspiración en segundo grado
y robo en tercer grado. En varios casos,
los reclamos falsos sometidos por los acusados,
podía generar decenas de miles de
dólares en beneficios. Un sólo
reclamo falso de beneficios podia alcanzar
una cifra elevada como $ 56,915 dólares.
Las dos acusaciones principales combinadas
se presume llegan a un total de $2,074.715
dólares en beneficios robados.
"Este
fue un caso complejo que involucra a numerosos
conspiradores y existen pruebas de operaciones
financieras que tenian que ver uno con el
otro", dijo Stephen J. Taylor, Director
de la División de Justicia Criminal.
"Nuestra Unidad de Trabajo de la Fiscalía
y el Departamento de Trabajo realizó
una investigación muy hábil
y minuciosa. Seguiremos esta alianza para
proteger la integridad del programa de seguro
de desempleo. "
Se
presume que los acusados sometieron la mayor
parte de los reclamos falsos al Departamento
de Trabajo por Internet utilizando identificación
personal requeridas de personas reales,
así como información ficticia
del empleo anterior. Los beneficios por
desempleo podian ser pagados con cheques
o por deposito directo en una cuenta bancaria
si el reclamante presentó información
de la cuenta. La mayor parte de los beneficios
pagados por las reclamaciones por presuntas
falsas presentadas por Terry Dilligard II
fueron depositados directamente en cuentas
bancarias mediante Internet las cuales se
crearon con los nombres de los acusados,
pero en secreto controlados por Dilligard
II. Las cuentas habían sido afiliadas
a tarjetas de débito, que Dilligard
II se supone utilizó para retirar
el dinero de los cajeros automáticos.
Al parecer jugaban grandes sumas de los
beneficios robados en un casino en Atlantic
City.
Janice Dilligard y Janice Dilligard se presume
habían robado parte de los beneficios
directamente depositados en cuentas bancarias,
también habrían obtenido numerosos
cheques de beneficios, que habían
enviado por correo a varias direcciones
en las que tendrían acceso. Varios
cheques de pago fueron endosados por Allen
y depositados en su cuenta bancaria. Además,
Dononcourt, Ross Robinson y Evans
se presume endosaron los cheques de beneficios
y los depositaron en sus cuentas bancarias,
compartiendo las ganancias.
Los cinco acusados enfrentan cargos de lavado
de dinero en relación con las transacciones
que implican el dinero de los beneficios
de desempleo robados. Terry Dilligard II
enfrenta dos cargos de lavado de dinero
en primer grado por presuntamente poseer
el producto del delito y participar en las
operaciones destinadas a ocultar la naturaleza
y el origen de los fondos robados. Valentine,
Allen y Janice Dilligard han sido acusadas
cada una de lavado de dinero en segundo
grado, y Dilligard padre está acusado
de lavado de dinero en tercer grado. Dilligard
II también se enfrenta a al blanqueo
de capitales en segundo grado, y Allen se
enfrenta delitos de tercer grado.
La investigación comenzó en
2010, cuando una compañía
de tarjetas de débito afiliada a
un banco que era utilizado por los acusados
alertó al Departamento de Trabajo
y Desarrollo Laboral acerca de las actividades
sospechosas relacionadas con las cuentas
de débito, incluyendo los titulares
de cuentas que se encontraban fallecidos
y los beneficios de desempleo para los solicitantes
que se depositaban en la misma cuenta. La
Unidad contra el Fraude del Departamento
de Trabajo, la Oficina de Control del pago
de Beneficios, identificó numerosas
información falsa vinculadas con
estas cuentas y alertó a la División
de Justicia Criminal. La División
de Justicia Criminal y el Departamento de
Trabajo y Desarrollo Laboral iniciaron una
investigación conjunta, denominada
el "Día de Operación
del Trabajo".
El Departamento de Trabajo y Desarrollo
Laboral ha puesto en marcha las siguientes
medidas contra el fraude al detectarse la
presunta conducta delictiva en este caso:
- Reemplazo
de cheques de papel con tarjetas de débito
para la distribución de los beneficios
de desempleo de una manera más
segura y con un ahorro en los costos.
-
Una nueva lucha en contra de Fraude encabezada
por un ex agente del FBI para mejorar
la detección del fraude.
- Se
implementó un programa de verificación
cruzada por el cual los datos de los beneficiarios
del seguro de desempleo se comparan con
los datos nacionales y estatales "nuevas
contrataciones" para impedir el fraude
más común, que son personas
que cobra sus beneficios por desempleo
después que han encontrado empleo.
- Un
estimado de $ 100 millones de dolares
se ha ahorrado desde marzo de 2011 a través
de este esfuerzo, y el Departamento de
Trabajo de Estados Unidos. Otorgó
dos premios nacionales de innovación
a New Jersey para este esfuerzo de lucha
contra el fraude.
Las
siguientes 21 personas acusadas en 21 acusaciones
separadas por un Jurado Investigador enfretan
cargos de conspiración en tercer
grado, robo en tercer grado y efectuar falsas
declaraciones en cuarto grado:
- Leondreau
Belton, de 32 años, de
Newark;
- Juvaughn
Bonney, de 23 años, de
Newark;
- Antoine
Boone,
de 22 años, de Newark;
- Paul
Braswell, de 22 años,
de Newark;
- Darrin
Cheeks, de 45 años, de
Irvington;
- Ryan
Garnes, de 33 años, de
Irvington;
- Khalif
Grant, de 31 años, de
Newark;
- Pamela
Green, de 41 años,de Newark;
- Tony
Hardiman, de 48 años,de
Newark;
- Ronald
R. Hobbs, de 34 años,
de Irvington;
- Samaad
Mathis, de 32 años, de
Newark;
- Brian
Ross, de 31 años, de East
Orange;
- Rodriguez
Sharpe, de 35 años, de
East Orange;
- Robert
Shein, de 31 años, de
Newark;
- Jibril
Stokes, de 27 años, de
Newark;
- Cheryl
Warren, de 51 años, de
Newark;
- Kali
Warren, de 28 años, de
South Orange;
- Karriem
Warren, de 32 años, de
Hillside;
- Rasjhon
Warren, de 32 años, de
Newark;
- Evan
Davis Weems, de 23 años,de
Irvington; y
- Tina
M. Young, de 31 años,
de Newark.
Los
delitos en primer grado se castigan con
sentencias de 10 a 20 años de prisión
y una multa de hasta $ 200.000 dólares;
los delitos en segundo grado acarrean sentencias
de 5 a 10 años de prisión
y una multa de hasta $ 150.000 dólares
; los delitos en tercer grado se castigan
con sentencias de 3 a 5 años de prisión
y una multa de hasta $ 15.000 dólares,
y los delitos en cuarto grado acarrean una
sentencia máxima de 18 meses de prisión
y una multa de hasta $ 10.000 dólares.
Los cargos de lavado de dinero incluyen
el pago de una multa mayor de hasta $ 500.000
dólares.
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