TRENTON-
El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa anunció
hoy que una agente de seguros del Condado
de Union fue acusada judicialmente porque
se alega que aceptó dinero de prima
de seguro pero no lo remitió a la compañía
de seguros.
Virginia
Larsen, de 66 años de edad de Westfield,
fue cargada con hurto por no hacer lo apropiado
con la propiedad recibida y con dos cargos
de mal uso de la propiedad encomendada y
propiedad del gobierno o institución
financiera, todos crímenes de segundo
grado.
La acusación judicial de gran jurado
del estado alega que entre el 29 de Julio
y el 31 de Agosto del 2009, Larsen, un agente
de seguros y oficial de Larsen Global Marine,
una institución financiera, obtuvo
$148,739.70 en primas de seguros que estaba
obligada a remitir a RLI, una compañía
de seguros, pero no lo hizo. La acusación
alega que Larsen fue encomendada con el
dinero de la prima como fiduciaria por RLI,
pero se quedó con los fondos para
uso personal, sabiendo que era ilegal y
le costaba un riesgo importante de pérdida
a RLI.
El
Delegado del Fiscal General Steven Bennet
y las Detectives Megan Flanagan y Nicole
Eiker fueron asignados a la investigación.
El Delegado del Fiscal General Bennet presentó
el caso al gran jurado. El Procurador Interino
de Fraude al Seguro Ronald Chillemi le dio
las gracias a RLI por referir el asunto
a la Oficina del Procurador de Fraude al
Seguro.
La
acusación judicial es solamente una
acusación y el acusado es inocente
hasta que se pruebe culpable. Bajo la ley
del estado, los crímenes de segundo
grado llevan un sentencia máxima
de castigo de 10 años en la prisión
del estado y una multa criminal de $150,000
dólares.
El
Procurador Interino de Fraude al Seguro
Ronald Chillemi anotó que algunos
casos importantes han empezado con llamadas
anónimas: “La gente que está
preocupada por engaños a los seguros
y tienen información acerca de fraude
pueden reportarlo de forma anónima
llamando a la línea directa gratis:
1-877-55-FRAUD (1-877-553-7283),
o visitando www.NJInsurancefraud.org
Las regularizaciones del estado permiten
que se pague una recompensa a una persona
elegible que provee información que
termine en el arresto, prosecución
y convicción por fraude al seguro.
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