Según los términos del acuerdo, la Junta de Educación de West New York que es la entidad demandada, pagará a la ex ayudante María Osnowitz un total de $ 83,000 dólares. La Junta Escolar también tendrá que pagar al Estado la cantidad de $ 7,000 dólares.

Además de los acuerdos monetarios La Junta Escolar se ha comprometido a organizar un programa de capacitación en asuntos en contra de la discriminación en un plazo de seis meses con la asistencia de todo el personal de administradores de toda la Junta escolar de ese distrito. La capacitación se centrará en la lucha contra la discriminación leyes estatales y federales, así como políticas contra la discriminación en el centro de trabajo. Según el acuerdo, La Junta Escolar no tendrá confesión de culpabilidad.

 "Este acuerdo resuelve las presuntas preocupaciones acercas del trato que se le da un empleado discapacitado y se traducirá en una mayor conciencia y una discusiones sobre todo de las personas que trabajan en la toma de decisiones acerca de las funciones  y las obligaciones de un distrito escolar conforme a la Ley", dijo el director de Derechos Civiles Craig T. Sashihara.

Osnowitz tiene un impedimento de movilidad relacionado con lesiones de rodilla que sufrió en 2006. La ex -empleada utiliza una silla de ruedas motorizadas para movilizarse, además de dos muletas para caminar.

Según la denuncia original,  Osnowitz  debido a su discapacidad, pidió permiso para estacionar su vehículo en un área de estacionamiento techado cerca de la entrada a la escuela intermedia en la que trabajó, sin embargo su pedido fue rechazado por el director de la Escuela. Osnowitz también dijo que había obligada a asistir a dos reuniones y un taller de capacitación  en lugares no accesibles en el distrito y que, en cada caso, su solicitud que las reuniones se realicen en lugares con acceso a discapacitados fue denegada.

En febrero de 2009, Osnowitz presentó una queja formal ante la División de Derechos Civiles por discriminación ilegal en su empleo. Aproximadamente dos meses después que Osnowitz, había trabajado para las escuelas West New York como ayudante de un profesor a partir de septiembre de 2005 hasta junio de 2009, recibió una carta comunicándole que no se le ofrecería un nuevo empleo para el año escolar 2009-2010.

La mencionada carta de la Junta Escolar  no ofreció ninguna explicación de la decisión y, el 22 de septiembre de 2009, Osnowitz presentó una segunda denuncia acusando que su incapacidad para continuar con su trabajo representó represalias de manera ilegal.

La Vice Fiscal Beverley Lapsley, asignada a la División de Leyes, Derechos Civiles y las investigadoras de  la División de Derechos Civiles Agnes Roncaglio y Ana Limo-Magras se encargaron del  asunto de Osnowitz en nombre del Estado.