El Fallo Final por Falta de Comparecencia y Orden, declarado por el Juez de la Corte Superior Kenneth S. Levy, prohíbe a los acusados Bruce Buccolo de West Orange y a su organización The Project Freedom Fund, que ofrezcan servicios legales en Nueva Jersey.

“Los acusados  explotaron a un grupo de víctimas en una posición de extrema vulnerabilidad y desventaja: prisioneros buscando la libertad para retornar a la sociedad, y a sus familias, muchos de los cuales tenían muy poco dinero y ninguna compresión de la ley,” dijo el Fiscal General Jeffrey S. Chiesa. “Agresivamente buscaremos a cualquiera que asume el papel de una organización sin fines de lucro para explotar a los más necesitados.”

La Corte descubrió que Buccolo y  The Project Freedom Fund se involucraron en una conducta que violó 210 veces el Acta de Fraude para el Consumidor y las Regularizaciones de Publicidad. Se les ha mandado a los acusados a pagar $2.2 millones, incluyendo $26,000 en restitución a los consumidores, $2.1 millones en multas civiles, $51,000 al Estado en costos de abogados, y $13,000 por costos de investigación al Estado. La queja del Estado, puesta por la División de Ley de parte de la División de Asuntos del Consumidor alega que Buccolo y The Project Freedom Fund violaron el Acta de Fraude para el Consumidor y las Regularizaciones de Publicidad a través de anuncios engañosos, por no proveer los contratos prometidos, por no proveer los reembolsos, y por usar el dinero pagado a una compañía sin fines de lucro para uso personal.

“Los prisioneros indigentes y sus familias tienen el derecho a la protección total de la ley bajo el Acta de Fraude para el Consumidor, como los restantes residentes del estado,” dijo Eric T. Kanefsky Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor del Estado.” Cualquiera que quiera aprovecharse de su estado de necesidad y desesperación, se les hará responsable con toda la fuerza de la ley.”

The Project Freedom Fund, se proyectó como una organización de servicios legales sin fines de lucro, puso un Plan Legal de Servicio con  la Oficina Administrativa de las Cortes en el 2006, enlistando a Buccolo como su Oficial Principal y describiendo su misión como traer “ayuda legal a los encarcelados y prisioneros que eran muy pobres para obtener representación legal y que tenían poco o ningún recurso.” En anuncios engañosos, la organización se llamaba a sí misma “una Organización de Servicios Legales sin fines de lucro y una firma de ley licenciada… para practicar la ley, trayendo ayuda a los prisioneros de Nueva Jersey.”

En contraste a cualquier organización legitima de caridad de servicios legales, los acusados indujeron a los prisioneros y a sus familias que pagaran de adelanto, sin beneficios de reembolso de los cargos de asesoramiento de $350,  y proveyendo servicios sin importancia en retorno. En la rara ocasión en la que los acusados  intentaron preformar servicios legales, estos servicios fueron preformados por un abogado prohibido de ejercer o por Buccolo que no es un abogado.

En persuadir a los prisioneros a pagar los $350,  se alega que Buccolo y The Project Freedom Fund ofrecieron el siguiente aviso en sus anuncios a los que estaban financieramente agobiados: “Aunque el costo que le pedimos es muy pequeño, comprendemos que ustedes ni siquiera  tendrán estos fondos…les urgimos que les pidan a sus familiares o amigos que le ayuden…a pagar…Intenten llamar a su padre, hermano, hermana, hijo o hija …si quiere nos puede mandar sus nombres, direcciones, y números de teléfonos y nosotros nos pondremos en contacto con ellos de su parte.”

Los acusados mercadearon The Project Freedom Fund como asegurando “que su Defensor Público/Abogado Asignado, no lo está vendiendo”  e incluyendo la promesa vacía de “con Project Freedom Fund guiándolo en cada paso, usted siempre gana.”

La División de Asuntos del Consumidor recibió quejas de 34 prisioneros, o familiares de estos afectados por las acciones de los acusados.

El Delegado del Fiscal General Jeffrey Koziar, de la Sección de Prosecución de Fraude al Consumidor, representó al Estado en esta acción. La investigadora Aziza Salikov de la Oficina de Protección al Consumidor de la División de Asuntos al Consumidor condujo la investigación.

Consumidores que creen han sido defraudados o estafados por un negocio, o sospechan cualquier otro fraude o abuso en el mercado, pueden remitir una queja con la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey yendo a: www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde Nueva Jersey) o al 973-504-6200.

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