La investigación que terminó en el cierre de Infinity es parte de una iniciativa mayor de la División de Asuntos del Consumidor de la investigación de agencias de cuidado de salud –agencias que contratan con los pacientes para proveer enfermeras licenciadas o ayudantes certificadas de salud en base rotativa para proveer cuidado a los pacientes en sus casas-, para determinar el cumplimiento de las compañías con las leyes de protección para el consumidor.

Jerome Kurmas, presidente y dueño único, firmó la Orden de Consentimiento con la División en la cual él acuerda a dejar de operar el negocio. La Orden de Consentimiento sigue una inspección en Marzo del 2012 en la cual los investigadores de la División entrevistaron a Kurmas y a sus empleados, y revisaron los documentos de la compañía en relación a las actividades de los empleados y el cuidado al paciente.

En su investigación la División encontró que ninguno de los empleados listados en los documentos de Infinity estaba certificado por la Junta de Enfermería para practicar como ayudante de salud en casa. Sin embargo, en violación con las regularizaciones del Estado, Infinity regularmente colocaba esos empleados sin certificación en las casas de los pacientes para proveer los cuidados que solamente pueden hacer los ayudantes certificados por la Junta de Enfermería.

Además, se alega que Infinity violó la regularización de emparejar las necesidades de los pacientes con las calificaciones de la ayudante que fue mandada a servir al cliente. Además se alega que Infinity no verificó el estado de licencia de cada individuo antes de referirlos o colocarlos, y no verificó el estado de la licencia o el historial de trabajo de cada empleado.

Se alega que Infinity también violó las Regularizaciones de Firma de Cuidado de Salud por no establecer un plan escrito para cada paciente, no conducir la revisión del cliente de cuidado de salud de 30 días, y no hacer la evaluación en la casa después de los 60 días. La compañía tampoco mantuvo adecuados documentos del cuidado o actividades de los empleados, entre otras violaciones.

“Los consumidores esperan que las agencias de cuidado de salud sean responsables del cuidado de los pacientes que están limitados y no pueden cuidarse a sí mismos. Las ayudantes certificadas de salud para trabajar en las casas de los pacientes ayudan con cuidado médico y con el baño, aseo, comida y ambulación,” dijo el Fiscal General Chiesa. “Cualquier compañía de cuidado de salud que manda ayudantes sin certificación y sin calificaciones a las casas de los pacientes, o no evalúa el cuidado recibido de sus clientes, está cometiendo un violación sin conciencia de la confianza del público y de las leyes de Nueva Jersey. Encomiendo a la División de Asuntos del Consumidor por actuar para proteger al público.”

Las ayudantes de salud en casa tienen que estar certificadas por la Junta de Enfermería del Estado. Las agencias de cuidado de salud que las emplean tienen que estar seguras que están licenciadas, y que tienen buena conducta antes de mandarlas a proveer cuidado a pacientes en sus casas. Si no lo hacen están violando las Regularizaciones de las Agencias de Cuidado de Salud de Nueva Jersey.

“La División de Asuntos del Consumidor tiene la obligación de proteger la salud y seguridad de los consumidores. Esta responsabilidad es especialmente importante cuando tiene que ver con la calidad del cuidado que los ancianos e individuos discapacitados reciben de las ayudantes de salud en casa que se supone están certificadas y son calificadas para proveer este cuidado,” dijo el Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey, Eric T. Kanefsky. “Cualquier negocio que dice que es una agencia de cuidado de salud en casa, pero falla cumplir con los requisitos de nuestras leyes y regularizaciones, lo haremos responsables por sus acciones.”

El Director Interino Kanefsky anotó que la iniciativa de la División de revisar las actividades de las agencias de cuidado de salud está en curso.

La investigadora Gina Galloni, del Buró de Implementación de la División, y el investigado Joseph Singh de la Oficina de Protección al Consumidor de la División, condujeron la investigación. La Delegada del Fiscal General Alina Wells, de la División de Leyes, representó al Estado en esta acción.

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