| TRENTON –Un ex ejecutivo de Birdsall Services Group admitió culpabilidad hoy de participar en un esquema criminal en el que cientos de miles de dólares en contribuciones políticas de la corporación fueron ilegalmente distribuidos a través de los empleados de la firma para evadir la ley de Nueva Jersey de “paga y juega” (pay-to-play). Otros dos ex empleados previamente admitieron culpabilidad y están esperando ser sentenciados.
Scott MacFadden, 61, de Brick, N.J., quien era previamente jefe oficial administrativo de Birdsall Services Group, admitió culpabilidad hoy a un cargo en tercer grado de mala conducta de oficial de corporación ante el Juez de la Corte Superior James Den Uyl en Ocean County. Bajo el acuerdo de admisión de culpabilidad, el estado recomendará que MacFadden sea sentenciado hasta 364 días en la cárcel del condado como condición a un término de probación. Él también tiene que pagar $30,000 al estado, representando las contribuciones políticas que él hizo de parte de Birdsall Services Group, las cuales fueron reembolsadas por la firma.
El Deputy Attorney General Anthony A. Picione, Chief of the Division of Criminal Justice Corruption Bureau, aceptó la admisión de culpabilidad hoy. Él está procesando el caso con la Deputy Attorney General Mallory Shanahan. El Juez Den Uyl programó la sentencia de MacFadden para el 3 de Junio.
Birdsall Services Group – una firma de ingeniería previamente basada en Monmouth County que ya está cerrada – admitió culpabilidad en Junio 13, 2013 a cargos en primer grado de lavado de dinero y en segundo grado a hacer representaciones falsas para obtener contratos del gobierno. Como resultado de su admisión de culpabilidad, Birdsall Services Group pagó 2 multas criminales grandes: una multa de $500,000 por ganancias de corrupción pública y una multa de $500,000 de anti ganancias de lavado de dinero. En cada instante, la multa fue la cantidad máxima autorizada por la ley. Birdsall también pagó al estado $2.6 millones para resolver una acción civil de incomparecencia puesta por la Attorney General’s Office en conexión con el caso criminal.
Los cargos en contra de Birdsall fueron descritos en una acusación judicial en Marzo 26, 2013, la cual también carga al mayor accionista y ex CEO Howard C. Birdsall, 72, de Brielle, y 6 otros ejecutivos y accionistas, incluyendo MacFadden. Los cargos derivan de una investigación del Criminal Justice Corruption Bureau, el cual descubrió que los demandados conspiraron para evadir las restricciones del New Jersey’s Pay-to-Play Act disfrazando las ilegales políticas contribuciones de la corporación como contribuciones personales de los empleados. Los cargos en contra de otros acusados individualmente en la imputación judicial están pendientes. Thomas Rospos, 63, de Belmar, un ex ejecutivo vice presidente de Birdsall, está programado de ir al juicio ante el Juez Den Uyl en Feb. 22. Él es el primer acusado programado para juicio.
Un empleado del departamento de mercadeo de Birdsall, Philip Angarone, 43, de Hamilton, el ex director de mercadeo, admitió culpabilidad por participar en el esquema antes de que la acusación judicial fuese presentada y está esperando la sentencia.
Todos los restantes acusados que fueron cargados en la acusación judicial se enfrentan con cargos en primer grado de conspiración y lavado de dinero, así como como otros cargos. Cargos en primer grado llevan una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado, y los cargos de lavado de dinero también llevan castigos y multas de hasta un $1 millón. La acusación es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.
Bajo el alegado esquema, en vez de Birdsall Services Group hacer las contribuciones políticas de corporación a campañas y organizaciones políticas que los hubiera descalificado por contratos públicos dados por ciertas agencias del gobierno, accionistas y empleados de la firma hicieron personales contribuciones políticas de $300 o menos, lo cual no está requerido reportar. Múltiples cheques personales fueron agrupados juntos en Birdsall Services Group y mandados a la apropiada campaña u organización política. Los accionistas y empleados fueron luego ilegalmente reembolsados por el Birdsall Services Group, directa o indirectamente y, a través de pagos de bonos, y la firma falsamente omitió el reembolso ilegal de las contribuciones en los documentos remitidos a la Election Law Enforcement Commission (ELEC) y con las agencias del gobierno que galardonó los contratos de servicios de ingeniería a la firma. El esquema continuó por 6 años y envolvió cientos de miles de dólares en contribuciones. ### |
