Richard W. Bernardi Sr., 61, de Millstown Township, N.J., se alega mintió repetidamente para asegurar un contrato con el DEP para operar un vertedero y asegurar un préstamo de hipoteca del vendedor de la tierra. Él también se alega desvió más de $5 millones en “tipping fees” –tarifas pagadas a SEP para depositar materiales en el vertedero – para uso personal y no autorizado, en violación de un requerimiento de que las mayoría de los fondos se mantuvieran en depósito para asegurar que el vertedero se cerrara apropiadamente.

Bernardi y Strategic Environmental Partners fueron imputados ayer por un gran jurado del estado en cargos de lavado de dinero (en primer grado), hacer falsas declaraciones en un contrato del gobierno (en segundo grado), 2 cargos de robo por decepción (en segundo grado) y un cargo de robo de servicios (en segundo grado). Bernardi también fue cargado con mala conducta de un oficial de corporación (en segundo grado). El cargo de robo de servicio está relacionado a no pagar más de $1.5 millón en tarifas a una firma de ingeniería que fue contratada para el proyecto. Los cargos se derivan de una investigación del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau.

Bernardi fue arrestado esta mañana en su casa y será detenido en la Morris County Jail. La libertad bajo fianza será puesta en su primera comparecencia ante la corte. La acusación judicial fue sellada hasta el arresto de Bernardi.

“Hemos tomado una acción civil de parte del DEP para recobrar millones de dólares gastados en el mal manejo del vertedero por Bernardi,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “Sin embargo, Bernardi también debe ser responsable criminalmente, porque él mintió repetidamente al estado y al ex dueño del vertedero para poder robar millones en “tipping fees”, mientras los residentes cercanos y el medio ambiente sufrieron. Bernardi mintió desde el comienzo del proyecto, y los vecinos de Fenimore pagaron el precio de respirar los olores putrefactos emitidos de este vertedero mientras estaba abierto.”

“Bernardi se alega repetidamente mintió una y otra vez, engañando acerca de las finanzas de SEP, su habilidad de apropiadamente cerrar el vertedero, y sus expectativas para generar energía solar,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Él se alega mintió para comprar la tierra con un préstamo propicio del vendedor y para inducir al DEP que aprobaran su plan para operar el local; luego se enriqueció él y su familia desviando los fondos que supuestamente tenían que estar de reserva para asegurar que los asuntos del medio ambiente se tuvieran en cuenta.”

El Fenimore landfill es un vertedero histórico que nunca fue apropiadamente cerrado. En el 2011, el DEP entró en un acuerdo con Strategic Environment Partners y Bernardi, quién controlaba el SEP, para poderlo cerrar apropiadamente y convertirlo en un campo de energía solar. Sin embargo, porque la propuesta de Bernardi de generar millones de dólares de ingresos construyendo un centro de energía de 10 megavatios estaba basada en mentiras y porque SEP ya había acumulado varios millones de dólares en deudas, los acusados no estaban en posición de completar la mayor tarea de cerrar el vertedero. Para apropiadamente cerrar el vertedero se requiere nivelación, estabilización de las laderas vertientes, instalación para colectar leachate – lo cual ambos tienen que permanecer en operación por 32 años – y un cerrado final. Mientras tanto el vertedero causó indignación pública de los vecinos de Roxbury debido al olor de “huevos podridos” que empezó a emanar después que SEP empezó a aceptar materiales de relleno.

Como parte del proyecto, el DEP autorizó a SEP importar cerca de 1.2 millón de yardas cúbicas de materiales, lo cual generaría las tipping fees. Se requería de SEP bajo la autorización del DEP (Orden Administrativa de Consentimiento) que depositara todas las tarifas menos $650,000 para ponerlos en una cuenta de reserva y obtener permiso del DEP para retirar los fondos de reserva para gastos de operación del vertedero. SEP tenía que retener un mínimo del 15 por ciento de las tipping fees para los gastos de cerrar el vertedero. Mientras SEP colectó aproximadamente $5.5 millones en tipping fees, depositó solamente $250 en la cuenta de reserva y retiró $150 de ese dinero sin el permiso del DEP. Bernardi y SEP se alega desviaron el resto de los fondos sin permiso, incluyendo más de $1.6 millones que fueron desviados a cuentas personales de Bernardi, su familia y un amigo de la familia. En Mayo del 2012, el DEP dio un Aviso de Terminación de la Orden Administrativa de Consentimiento (Notice of Termination of the Administrative Consent Order) por incumplimiento con sus términos, incluyendo no reservar las tipping fees y demostrar que tenían los suficientes fondos para apropiadamente cerrar el vertedero. El DEP tomó control de las operaciones del vertedero en Junio del 2013 para poder tratar gases de polución de sulfuro de hidrogeno en el lugar.

El Proyecto solar nunca se inició. SEP no tenía un contrato para la construcción del equipo de generar energía solar y tampoco tenía un contrato para que un cliente comprara la energía solar que se iba a producir. Los ingenieros concluyeron que los estimados de Bernardi de los ingresos de la energía solar no eran realísticos porque no era posible colocar un campo solar de 10 megavatios en el local como Bernardi había propuesto.

Con respecto al cargo de declaraciones falsas a un contrato del gobierno y el primer cargo de robo por decepción, se alega que Bernardi y SEP dieron las siguientes falsas declaraciones al DEP, entre otras, para asegurar el contrato con el DEP para operar el vertedero:

• SEP estaba financieramente seguro, con aproximadamente $600,000 a $700,000 de deuda, cuando de hecho SEP debía aproximadamente $3.4 millones;
• SEP había firmado un contrato con una compañía para instalar los paneles solares; y
• SEP tenía la intención de colocar el proyecto de 10 megavatios en el cerrado vertedero y esperaba recibir $2.3 millones de un desarrollador de energía solar, incluyendo $300,000 en el 2011.

Bernardi negoció la compra del vertedero Fenimore en el 2011 de su previo dueño por $1 millón, de lo cual solamente $50,000 habían sido pagados en efectivo, con un balance de $950,000 cubiertos por una hipoteca del ex vendedor. Con respecto al segundo cargo de robo por decepción, se alega que Bernardi y SEP obtuvieron el préstamo de hipoteca haciendo declaraciones falsas, entre otras:

• SEP tenía la habilidad de cerrar el vertedero;
• SEP estaba preparado para colocar el equipo de generar energía solar en la propiedad y que produciría 10 megavatios de energía solar para SEP; y
• SEP tenía un corredor interesado en este “campo solar” para venderlo a una compañía de energía.

Con respecto al cargo de servicios, se alega que en conexión con el proyecto del vertedero, Bernardi y SEP obtuvieron servicios valorados en un exceso de $1.5 millones de una compañía de ingeniería, no mencionada en la acusación judicial, creando la falsa impresión de que SEP empezaría a pagar a la compañía de ingeniería una vez que recibiera permiso del DEP para comenzar las operaciones en el vertedero. Se aelga que los acusados, de hecho, nunca pagaron ningún dinero a la compañía de ingeniería.

Con respecto al lavado de dinero en primer grado, se alega que, después de desviar más de $500,000 en tipping fees lo cual se alega que los acusados las obtuvieron como resultado de los actos de robo por decepción y engaños a un contrato del gobierno, estos se involucraron en transacciones transfiriendo los fondos a varios bancos y cuentas de instituciones financieras para poder esconder o disfrazar la naturaleza, lugar, fuente, propiedad o control de los fondos.

El Deputy Attorney General Thomas R. Clark presentó la acusación judicial al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau. El Deputy Attorney General Clark y el Detective Benjamin Kukis condujeron la investigación bajo la supervisión del Deputy Attorney General Michael Monahan, Chief of the Financial & Computer Crimes Bureau, y de la Lt. Lisa Shea.

El cargo en primer grado de lavado de dinero lleva una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado y una multa de hasta $500,000, además de una multa de anti beneficiarse del lavado del dinero de hasta $500,000. Los cargos en segundo grado llevan una sentencia 5 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000. El cargo de falsas declaraciones en un contrato del gobierno también lleva una multa de anti corrupción de beneficiarse de hasta $250,000.

La acusación es meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables. La acusación judicial está puesta con este comunicado de prensa en www.njpublicsafety.com.

Las acusación judicial fue puesta ante el Juez de la Corte Superior Mary C. Jacobson en Mercer County, quien asignó el caso a Morris County, donde se les ha mandado a los acusados que comparezcan a una fecha más tarde para ser procesados.

El Acting Attorney General Hoffman y el Director Honig anotaron que la Division of Criminal Justice tiene un número gratis Corruption Tipline 1-866-TIPS-4CJ para que el público pueda reportar corrupción, crimen financiero y otras actividades ilegales confidencialmente. El público puede ir también al sitio web de la Division en www.njdcj.org para reportarlo allí anónimamente.

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