TRENTON – Un ex ejecutivo de Birdsall Services Group (BSG) admitió culpabilidad en la víspera del juicio a mala conducta de un oficial de corporación por su papel en un esquema criminal en el que más de $1 millón en contribuciones políticas de corporación fueron hechas a través de los empleados de la firma para evadir la ley de Nueva Jersey pay-to-play (paga para jugar).
Thomas Rospos, 64, de Belmar, N.J., el ex ejecutivo vicepresidente de BSG y el segundo mayor accionista, admitió culpabilidad hoy a un cargo en tercer grado de manipulación de documentos públicos o información ante el Juez de la Corte Superior Judge James Den Uyl en Ocean County. Bajo el acuerdo de culpabilidad, el estado recomendará que sea sentenciado a 3 años en la prisión del estado. Rospos tiene que renegar a la presunción de encarcelamiento bajo las directrices de sentencia del estado por una ofensa en el tercer grado cometida por un acusado que que no tiene antecedente criminal. Rospos tiene que pagar $150,000 al estado, conllevando la pérdida de las políticas contribuciones que él hizo de parte de BSG que fueron reembolsadas por la firma. Se le prohibirá por 10 años por personalmente apostar en contratos públicos en New Jersey o de tener un 5 por ciento de interés o más en una compañía que apuesta por tales contratos. Él está programado a ser sentenciado en Mayo 13.
Antes de que el acuerdo de culpabilidad se llevara a cabo con Rospos, la corte empezó esta semana el proceso selectivo del jurado para su juicio, con la expectativa de que un jurado se hubiera escogido para la semana próxima. Hace una semana, en Feb. 18, Howard Birdsall, 72, de Brielle, N.J., el ex CEO el accionista mayor de BSG, admitió culpabilidad en segundo grado a mala conducta de un oficial de corporación. Él se enfrenta con una recomendada sentencia de 4 años en la prisión y debe renunciar $49,808 al estado. Su sentencia está programada para Abril 22.
El Deputy Attorney General Anthony A. Picione, Chief of the Division of Criminal Justice Corruption Bureau, y la Deputy Attorney General Mallory Shanahan están procesando el caso y aceptaron la admission de culpabilidad hoy de Rospos.
“En una semana, hemos aceptado la admisión de culpabilidad de los 2 más altos ejecutivos de Birdsall Services Group, los cuales se enfrentan con sentencias de prisión por supervisar un esquema ilegal de contribuciones políticas para inclinar la balanza en su favor en las apuestas de contratos públicos de ingeniería,” dijo el Director Elie Honig of the Division of Criminal Justice. “Con este caso damos una alerta que usaremos todo el peso de la ley en cualquier corporación o sus líderes que se involucran en esta clase de esquemas criminales para evadir la ley de New Jersey’s pay-to-play”
Birdsall Services Group (BSG) – una firma de ingeniería previamente basada en Monmouth County que ha cesado de hacer negocios – admitió culpabilidad en Junio 13, 2013 a cargos en primer grado de lavado de dinero y en segundo grado a cargos de hacer falsas declaraciones en contratos del gobierno. Como resultado del acuerdo, BSG pagó 2 grandes multas criminales: una de $500,000 por beneficiarse de corrupción pública y otra de $500,000 de multa por beneficiarse de lavado de dinero. En cada instante, las multas fueron las más altas permitidas bajo la ley. BSG también pagará al estado $2.6 millones para resolver una acción civil de incomparecencia puesta por la Attorney General’s Office en conexión con el caso.
Los cargos contra Rospos, Howard Birdsall y BSG estaban explicados en la acusación judicial de Marzo 26, 2013, que también carga a 5 otros ejecutivos y accionistas. Los cargos se derivan de una investigación del Division of Criminal Justice Corruption Bureau, la cual descubrió que los acusados alegadamente conspiraron para evadir las restricciones del New Jersey’s Pay-to-Play Act para encubrir contribuciones políticas ilegales de corporación como contribuciones personales de los empleados de la firma.
Otro de los acusados, Scott MacFadden, 61, de Brick, N.J., el ex Jefe Administrativo Oficial de BSG, admitió culpabilidad en Enero 6 a un cargo en tercer grado de mala conducta de un oficial de corporación. El estado recomendará que sea sentenciado a 364 días en la cárcel como condición de término de probación. Él también tiene que pagar $30,000 al estado, representando la renuncia de las contribuciones políticas que él hizo que la firma le reembolsó. MacFadden será sentenciado por el Juez Den Uyl en Junio 3.Los cargos en contra de otros individuos imputados en la acusación judicial están pendientes.
Otro ex empleado del departamento de mercadeo de BSG, Philip Angarone, 43, de Hamilton (Mercer County), N.J., el ex director de mercadeo, admitio culpabilidad de participar en el esquema antes de que la acusación judicial fuera presentada y está esperando ser sentenciado.
Todos los restantes imputados que fueron acusados en la acusación judicial se enfrentan con cargos de conspiración en el primer grado y lavado de dinero, así como otros cargos. Cargos en primer grado llevan una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado, y los cargos de lavado de dinero llevan multas de hasta $1 millón. La acusación es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.
Bajo el alegado esquema, en vez de Birdsall Services Group hacer contribuciones políticas de corporación a campañas políticas y organizaciones de política que los descalificaría de obtener contratos públicos de ciertas agencias del gobierno, los accionistas y empleados de la firma hicieron contribuciones políticas de $300 o menos, lo cual no tenían que reportar. Múltiples cheques personales fueron agrupados en Birdsall Services Group y mandados a la apropiada campaña u organización política. Los accionistas y empleados luego ilegalmente eran reembolsados por Birdsall Services Group, directa o indirectamente, a través de extra bonos de pagos, y la firma falsamente omitió el reembolso ilegal en documentos remitidos con la Election Law Enforcement Commission (ELEC) y con las agencias del gobierno que otorgaban contratos de servicio de ingeniería. El esquema continuó por más de 6 años y envolvió más de $1 millón en contribuciones. ### |