“Las stun guns ofrecen una alternativa de salvar vidas cuando los policías tienen que tratar una crisis que se está desarrollando rápidamente y que podía escalar hasta el punto donde la fuerza letal es necesaria,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “Nuestras revisión de la política, la cual fue desarrollada en consultación con la comunidad y los líderes de implementación de la ley, reconoce que la policía tiene un trabajo muy peligroso con decisiones que tiene que hacer en la fracción de un segundo. Cuando son usadas apropiadamente y de acuerdo con el mandado entrenamiento que hemos ordenado, las stun guns pueden prevenir que una confrontación termine mortal. Dicho sencillamente, stun guns salvan vidas.”

La política conocida como “Attorney General’s Supplemental Policy on Conducted Energy Devices,” (Política Adicional del Fiscal General de Conducta de Aparatos Energéticos) es una directiva que guía y restringe el uso de las stun guns por los implementadores de la ley a nivel local, de condado y estatal, y dictamina el entrenamiento requerido de los oficiales que van a usar los aparatos.

“Las stun guns han probado que salvan vidas en New Jersey,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “En vista de esta trayectoria de antecedentes, fue imperativo que reexamináramos nuestra política para determinar si podíamos hacer cambios que salvaran más vidas y animara a los departamentos de policía equipar a nuestros oficiales con las stun guns.”

La política previa de pistolas paralizantes prohibía que los oficiales la usaran contra una persona que estaba resistiendo arresto a no ser que el oficial creyera que era “razonablemente necesario para prevenir que la persona…causara la muerte o serio daño corporal a sí misma un oficial u otra persona.” (énfasis añadida). Mientras la revisada política continúa prohibiendo el uso de una stun gun como un instrumento de dolor contra alguien que está ofreciendo solamente pasiva resistencia, permite que la stun gun se use contra una persona que activamente está resistiendo arresto “usando o amenazando usar fuerza física o violencia” en una manera que el oficial “razonablemente piensa que crea un riesgo sustancial de daño corporal” (añadida énfasis).

La revisada política reconoce que no es realístico esperar que los oficiales sean capaces de predecir el grado de daño corporal que una persona puede causar durante el curso de lo que puede ser un largo encuentro. La previa política tenía el efecto de inhibir a los oficiales de usar una stun gun al principio de una confrontación para prevenir que la situación escalara al punto donde el oficial percibía el riesgo de muerte o serio daño corporal, a cuyo punto el oficial podía estar obligado a usar fuerza mortal.

El lenguaje de la política revisada sigue las huellas del lenguaje de resistir arresto del New Jersey’s Criminal Code, el cual es familiar a los oficiales y dicta que resistencia pasiva es una ofensa de conducta desordenada, pero dicta que resistencia activa envolviendo un riesgo considerable de daño físico – la clase de resistencia para la cual el uso de una stun gun está ahora autorizado-, un crimen procesable. El lenguaje no requiere que un oficial pueda predecir o distinguir si el daño amenazante puede ser “grave daño corporal” o simplemente “daño corporal”.

Cambios adicionales bajo las revisiones de la política incluye, entre otras cosas:

• Permite el uso de una stun gun contra una persona armada con un objeto que puede usarse como un arma mortífera, y rehúsa cuando un oficial lo manda que tire el objeto o lo entregue.

• Especifica que una stun gun no debe usarse con el solo propósito de prevenir que una persona cause daño a propiedad.

• En la sección que prohíbe el uso de una stun gun contra una persona que está pasivamente resistiendo a un oficial, la revisada política clarifica que el aparato “no debe dispararse o descargarse contra una persona que, por ejemplo, está intentando reducir la fuerza de un brazo doblado, o del brazo puesto detrás de la espalda, u otro modo de fuerza que causa dolor por un oficial, o que la persona está rígida o está tirando para evitar el atento del oficial de moverla.”

• Requiere un nuevo componente cultural en el mandatorio entrenamiento de los oficiales que llevan stun guns, requiriendo que el entrenamiento incluya “técnicas de rebajar la confrontación con una persona de diferente cultura o antecedentes.” La policía también requiere entrenamiento en enfermedades mentales.

En el desarrollo de las revisiones de la nueva política, la Division of Criminal Justice condujo una minuciosa examinación de todos los incidentes donde stun guns fueron usadas por la policía en New Jersey con el propósito de asesorar la existente política del uso de stun gun y considerar los cambios necesarios. Ha habido más de 60 despliegues por los oficiales en New Jersey desde Noviembre del 2012. La examinación reveló que, en cada instante cuando una stun gun fue disparada o descargada, los oficiales cumplieron con la “Attorney General’s Supplemental Policy on Conducted Energy Devices.” Además, en todos estos casos, el descargo de la stun gun o previno que el oficial recurriera a fuerza mortal, o rebajó la situación para que no escalara a un punto donde hubiera sido necesario usar fuerza mortal. Solamente hubo una lesión significante entre todos los casos.

Durante el año pasado, la Attorney General’s Office ha tenido mítines especiales con los líderes de los implementadores de la ley, organizaciones de derechos civiles y defensores de la comunidad en New Jersey para tratar maneras de mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad y para aumentar la confianza pública con respeto al uso de fuerza. Estas reuniones fueron esenciales en el desarrollo de las iniciativas anunciadas por el Attorney General Hoffman el año pasado, incluyendo revisiones para mejorar la directiva del Attorney General por todo el estado en las investigaciones de la policía envuelta en tiroteos para asegurar equidad y transparencia en las investigaciones, y acciones para expandir y guiar el uso de cámaras en el cuerpo llevadas por la policía en New Jersey, incluyendo la subvención de $2.5 millones a 176 departamentos de policía para que las compraran. El abordo de las reuniones con la policía y los líderes de la comunidad también trató el uso de las stun guns por la policía y medios en los que la política existente podría mejorarse.

Los representantes de los implementadores de la ley enfatizaron que la previa política tenía el efecto no intencionado de parar a los oficiales por usar las stun guns en circunstancias donde el despliegue podría posiblemente parar la amenaza de escalar una situación hasta el punto, donde la muerte o severo daño personal era probable.

La política continúa requiriendo que el uso de una stun gun sea electrónicamente grabada para asegurar que estos aparatos son usados solamente en apropiadas circunstancias. Sin embargo, la nueva revisada política permite que el uso de una cámara llevada en el cuerpo sea usada en vez de una cámara interna en la stun gun. El cambio reducirá el precio de compra de las stun guns y también anima a los departamentos a adquirir cámaras llevadas en el cuerpo. Las cámaras llevadas en el cuerpo proveerán un expediente más completo de las circunstancias que llevaron al uso de la stun gun.

En el 2015, la Attorney General’s Office distribuyó $389,000 en fondos confiscados de actividad criminal como parte de un programa de incentivo para que los departamentos de policías adquirieran stun guns. Las subvenciones ayudaron a comprar 362 stun guns por los departamentos de la policía en New Jersey.

El Acting Attorney General Hoffman le dio las gracias al Assistant Attorney General Ron Susswein por redactar las revisiones de la política, bajo la supervisión del Director Honig.

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