El dueño de D.I.B Leasing en Teterboro, junto con tres de sus empleados y un contable fueron acusados judicialmente en cargos en primer grado de conspiración, facilitación financiera de una actividad criminal, y traficar en información personal de identidad perteneciendo a otra persona porque se alega remitieron numerosas aplicaciones fraudulenta para préstamos de autos entre Agosto del 2012 y Febrero del 2015. El oficial de finanzas del concesionario fue cargado previamente con facilitación financiera y mala conducta de un oficial de corporación en conexión con el alegado esquema.

Los procuradores alegan que los acusados crearon falsos expedientes de empleados, inflaron los ingresos, y proveyeron falsos comprobantes de pagos y ficticias verificaciones de empleados para engañar a los bancos para que aprobaran el financiamiento de autos para clientes cuyos niveles de ingreso no los calificaban para tales costosos vehículos.

Cuatro de los préstamos en nombre de clientes que habían remitido información personal para aplicar por financiamiento pero últimamente no compraron autos del concesionario, alegan los procuradores.

“La confidencialidad del consumidor en el sistema es crucial para cualquiera que quiera comprar un auto,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “Estos demandados son acusados de explotar esa confianza para sus egoístas ganancias. Mi oficina investigará agresivamente y procesará corruptos mercaderes que usan los consumidores como involuntarios títeres en sus esquemas ilegales."

En un caso, la víctima nunca había puesto un pie en D.I.B. Leasing o había aplicado por un préstamo de auto allí, alegan los procuradores.

“Ninguna de las víctimas tenía idea que los préstamos se estaban obteniendo en sus nombres hasta que empezaron a recibir noticias de los bancos de que estaban morosos en sus pagos de vehículos de los que no eran los dueños,” dijo el Acting Insurance Fraud Prosecutor Christopher Iu. “Este fue un descarado esquema que defraudó a los bancos y a los consumidores al mismo tiempo.”

Cargados en el esquema son:

• Patsy Galasso, 75, de Cliffside Park, dueño de D.I.B. Leasing
• Hector Marquez, 43, de Monroe, manager general del concesionario.
• Paul Russo, 40, de Scotch Plains, el manager de finanzas del concesionario.
• Lisa Ghobrial, 48, de Ridgefield, manager de títulos.
• Jennifer Perez, 30, de Union City, quién asistió con las aplicaciones de los préstamos.
• Michael Ricciardi, 53, de Wayne, que hizo trabajo de contable para el concesionario.

Además de los cargos mencionados arriba, Galasso, Marquez, Ghobrial, y Ricciardi fueron todos cargados en segundo grado con robo de identidad, y 62 cargos con robo por decepción – 2 en segundo grado y 60 en tercer grado. Marquez, Galasso, y Ghobrial también fueron cargados en segundo grado con mala conducta de un oficial de corporación.

La acusación es solamente una acusación y los demandados son inocentes hasta que se prueben culpables. Crímenes en primer grado llevan una sentencia de 10 to 20 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $200,000; crímenes en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $150,000; mientras crímenes en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $15,000.

El Deputy Attorney General Colin J. Keiffer presentó el caso al gran jurado. El Detective Sergeant Jarek Pyrzanowski y los detectives Kahlil McGrady, Ryan Kirsh, Kristi Procaccino, y Megan Flanagan coordinaron la investigación con la asistencia de los analistas Chris Runkle, Terry Drumm, y Theresa Worthington. El Acting Attorney General Hoffman le dió las gracias a Bergen County Prosecutors’ Office, National Insurance Crime Bureau, y Plymouth Rock Assurance por su asistencia en la investigación.

El Insurance Fraud Prosecutor Iu dijo que casos importantes han empezado con llamadas anónimas. Gente que esté preocupada con fraude en el seguro y tengan información pueden reportarlo anónimamente llamando a la línea directa gratis ‑1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución y convicción de fraude de seguros.

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