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Attorney General's Biography
     
 
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Día 22 de Abril del 2016 

Oficina del Fiscal General
- Robert Lougy, Fiscal General Interino
División de Justicia Criminal
- Elie Honig, Director
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El ex ceo de Birdsall Services Group sentenciado a la prisión por evadir la ley de Nueva Jersey ‘pay-to-play’ usando a los empleados para hacer contribuciones políticas ilegales
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TRENTON – El Acting Attorney General Robert Lougy anunció que un ex CEO de Birdsall Services Group fue sentenciado a la prisión del estado por su papel en un esquema criminal en el que más de $1 millón en contribuciones políticas de corporación fueron hechas ilegalmente a través de empleados de las firma para evadir la ley de Nueva Jersey pay-to-play (pagar para jugar).

Howard Birdsall, 72, de Brielle, N.J., quien era el CEO y el que tenía más acciones en el Birdsall Services Group, fue sentenciado a 4 años en la prisión del estado por el Juez de la Corte Superior James Den Uyl en Ocean County. Birdsall admitió culpabilidad en Feb. 18 a un cargo en segundo grado de mala conducta de un oficial de corporación. Al tiempo de su admisión, él pagó $49,808 al estado, representando el reniego a las contribuciones políticas que hizo de parte del Birdsall Services Group pero que luego fueron reembolsadas por la compañía.

El Deputy Attorney General Anthony A. Picione, Chief de la Division of Criminal Justice Corruption Bureau, y el Deputy Attorney General Mallory Shanahan procesaron a Birdsall y trataron la sentencia.

“Como el CEO y el mayor accionista de la compañía, Howard Birdsall se benefició cuando Birdsall Services Group aseguró millones de dólares en contratos públicos que tenían que haber estado fuera de su alcance por las contribuciones ilegales de la firma,” dijo el Acting Attorney General Lougy. “Ahora tiene que pagar el precio de su corrupto esquema. La ley de New Jersey pay-to-play está designada a asegurar que los contratos públicos se repartan a través de un proceso transparente, en vez de dárselos a los contribuidores políticos más grandes,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Esta sentencia de prisión manda un mensaje que agresivamente procesará cualquiera que se involucre en conducta criminal para esquivar esta ley tan importante.”

Birdsall Services Group (BSG) – una firma de ingeniería previamente basada en Monmouth County que ahora está cerrada – admitió culpabilidad en Junio 13, 2013 a cargos en primer grado de lavado de dinero y en segundo grado a hacer representaciones falsas en contratos del gobierno. Como resultado de su admisión de culpabilidad, BSG pagó 2 grandes multas criminales: una de $500,000 de ganancia por corrupción pública y otra de $500,000 de ganancia obtenida por lavado de dinero. En cada caso, la multa fue la cantidad máxima autorizada por la ley. BSG también pagó al estado $2.6 millones para solucionar una acción civil de incomparecencia puesta por la Attorney General’s Office en conexión con el caso criminal.

Los cargos contra Howard Birdsall y BSG estaban contenidos en una acusación judicial de Marzo 26, 2013, en la cual otros 6 ejecutivos y accionistas fueron cargados. Los cargos se derivan de una investigación del Division of Criminal Justice Corruption Bureau, el cual descubrió que los acusados alegadamente conspiraron para evitar las restricciones de la ley de New Jersey’s Pay-to-Play Act para disfrazar las contribuciones políticas ilegales de corporación como contribuciones personales de los empleados de la firma.

Thomas Rospos, 64, de Belmar, N.J., previamente el vice presidente ejecutivo de BSG y el segundo accionista más grande, admitió culpabilidad en Feb. 25 a un cargo en tercer grado por manipular documentos o información del gobierno. El estado recomendará que sea sentenciado a 3 años en la prisión del estado, y tiene que renunciar $150,000 en contribuciones políticas que él hizo, las cuales la firma reembolsó. La sentencia de Rospos está programada para Mayo 23 por el Juez Den Uyl. Otro acusado judicialmente, Scott MacFadden, 61, de Brick, N.J., el ex jefe administrativo oficial de BSG, admitió culpabilidad en Enero 6 a un cargo en tercer grado de mala conducta de un oficial de corporación. El estado recomendará que sea sentenciado a hasta 364 días en la cárcel como condición de un término de probación. Él tiene que renunciar a $30,000 en contribuciones políticas que fueron reembolsadas por la firma. MacFadden está programado a ser sentenciado por el Juez Den Uyl en Junio 3. Los cargos en contra otros acusados en la acusación judicial están pendientes.

Otro empleado en el departamento de mercadeo de BSG, Philip Angarone, 43, de Hamilton (Mercer County), N.J., el ex director de mercadeo, admitio culpabilidad de participar en el esquema antes de que las acusaciones judiciales tuvieran lugar y está esperando ser sentenciado.

Todos los restantes acusados que han sido cargados en la acusación judicial se enfrentan con cargos en primer grado de conspiración y lavado de dinero, así como otros cargos. Los cargos en primer grado llevan una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado, y los cargos de lavado de dinero llevan una multa de hasta $1 millón de dólares. Las acusaciones son meramente acusaciones y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

Bajo el alegado esquema, en vez de Birdsall Services Group hacer contribuciones a campañas y organizaciones políticas que lo descalificaría de contratos públicos de ciertas agencias, los accionistas y empleados de la firma hicieron contribuciones políticas de $300 o menos, lo cual no tenían que reportarlo. Múltiples cheques personales fueron recogidos en Birdsall Services Group y mandados a la apropiada campaña u organización política. Los accionistas y empleados fueron después reembolsados ilegalmente por Birdsall Services Group, directa o indirectamente, a través de bonos adicionales, y la firma falsamente omitió las contribuciones ilegales en los documentos que remitió a la Election Law Enforcement Commission (ELEC) y a las agencias del gobierno que proveyeron a las firma de ingenieros con los contratos de servicios. El esquema continuó por más de 6 años y envolvió más de un $1 millón en contribuciones.

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