| TRENTON – El Acting Attorney General Robert Lougy anunció que un ex ejecutivo del Birdsall Services Group admitió culpabilidad hoy a participar en un esquema criminal en el que más de $1 millón en contribuciones políticas ilegales fueron hechas a través de los empleados de la firma para evadir la ley de New Jersey’s pay-to-play (pagar para jugar). Él es el cuarto ejecutivo de Birdsall que admitió culpabilidad este año. El Birdsall Services Group (BSG) era una firma de ingeniería basada en Monmouth County que ahora está cerrada.
, previamente el principal vice-presidente y uno de los más grandes accionista en BSG, admitió culpabilidad en tercer grado a mala conducta de un oficial de corporación ante el Juez de la Corte Superior James Den Uyl en Ocean County. Bajo el acuerdo de culpabilidad, el estado recomendará que sea sentenciado hasta 270 días en la cárcel del condado como término de probación. Hoy el pagó $129,115 al estado, representando su renuncia a las contribuciones políticas que hizo, y luego fueron reembolsadas por BSG. Él también pagó $75,000 de multa por beneficiarse de corrupción pública. Se le prohibirá por 10 años por personalmente apostar en ningún contrato público en New Jersey o tener un interés de 5 por ciento o más en una compañía que apuesta por tales contratos. La sentencia de está programada para Julio 11.
El Deputy Attorney General Anthony A. Picione, Chief of the Division of Criminal Justice Corruption Bureau, y la Deputy Attorney General Mallory Shanahan están procesando el caso y aceptaron la admisión de culpabilidad de William Birdsall.
El cargo estaba explicado en una acusación judicial de Marzo 26, 2013, la cual también carga a BSG y otros 6 ejecutivos y accionistas. La acusación judicial deriva de una investigación de la Division of Criminal Justice Corruption Bureau, la cual descubrió que los acusados se alega conspiraron para evitar las restricciones del New Jersey’s Pay-to-Play Act disfrazando ilegales contribuciones políticas de corporación como contribuciones de los empleados.
En Abril 22, Howard Birdsall, 72, de Brielle, N.J., ex CEO y el mayor accionista de BSG, fue sentenciado a 4 años en la prisión del estado por el Juez Den Uyl después de admitir culpabilidad en segundo grado a mala conducta de un oficial de corporación. Él pagó $49,808 al estado, representando su renuncia a las contribuciones políticas que él hizo de parte de BSG que fueron reembolsadas por la firma.
Otros 2 ejecutivos de BSG admitieron culpabilidad al principio del año y están esperando la sentencia. Thomas Rospos, 64, de Belmar, N.J., ex ejecutivo vice presidente de BSG y el segundo más grande accionista, admitió culpabilidad en Feb. 25 en tercer grado de manipulación de archivos públicos. Este se enfrenta con una recomendada sentencia de 3 años en la prisión del estado y tiene que renunciar a $150,000 de contribuciones políticas que él hizo y luego fueron reembolsadas por la firma. Scott MacFadden, 61, de Brick, N.J., ex jefe administrativo de BSG, admitió culpabilidad en Enero 6 en tercer grado a mala conducta de un oficial de corporación y se enfrenta con una sentencia de hasta 364 días de cárcel como condición de término de probación. Él tiene que renunciar a $30,000 en contribuciones políticas que fueron reembolsadas por la firma.
BSG admitió culpabilidad en Junio 13, 2013 a cargos en primer grado de lavado de dinero y en segundo grado de mentir en los contratos del gobierno. Como resultado de su admisión de culpabilidad, BSG pagó 2 multas criminales: una de $500,000 de beneficiarse de corrupción pública y una multa de $500,000 por ganancias de lavado de dinero. En cada instante, la multa es la cantidad máxima autorizada por la ley. BSG también pagó al estado $2.6 millones para satisfacer una acción civil de incomparecencia puesta por la Attorney General’s Office en conexión con el caso criminal.
Dos ex empleados del departamento de mercadeo de BSG, Philip Angarone, 43, de Hamilton (Mercer County), N.J., el ex director de mercadeo, y Eileen Kufahl, 51, de Bradley Beach, N.J., admitieron culpabilidad por sus papeles en el esquema antes de que la acusación judicial se presentara, y están esperando ser sentenciados.
Los restantes acusados cargados en la acusación judicial se enfrentan en primer grado de conspiración y lavado de dinero. Así como otros cargos. La acusación es meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.
Bajo el alegado esquema, en vez de Birdsall Services Group hacer contribuciones políticas a campañas y organizaciones políticas que los descalificarían de recibir ciertos contratos públicos y de ciertas agencias del gobierno, accionistas y empleados de la firma hicieron contribuciones políticas personales de $300 o menos lo cual no se tiene que reportar. Múltiples cheques personales fueron juntados en Birdsall Services Group y fueron mandados a la apropiada campaña u organización política. Los accionistas y empleados después ilegalmente fueron reembolsados por Birdsall Services Group, directa o indirectamente, a través de pagos en bonos, y la firma omitió falsamente las contribuciones ilegales en los documentos remitidos a la Election Law Enforcement Commission (ELEC) y a las agencias del gobierno que le otorgaron los servicios de contratos de firma de ingeniería. El esquema continuó por más de 6 años y envolvió más de $1 millón en contribuciones.
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