TRENTON – El Acting Attorney General Robert Lougy y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor (OIFP) anunciaron hoy que una distribuidora de Burlington County de aparatos médicos fue cargada hoy con robar más de $100,000 en pagos de seguros destinados para 2 compañías que hacían y mercadeaban un aparato para limpiar las vías respiratorias de los pacientes.
Loetta Karen Edwards, 46, dueña de Edwards Medical DME, LLC, (Edwards Medical) en Cinnaminson, fue imputada en un cargo en segundo grado por no hacer la disposición requerida de propiedad recibida.
Edwards era un distribuidor local de “Frequencer,” un aparato medico hecho en el Canadá que ayuda a limpiar las vías respiratorias de pacientes con cística fibrosis y crónica intrusiva enfermedad pulmonar. Según los procuradores, Edwards pedía los aparatos de parte del individuo que pagaba por estos a través de su compañía de seguro. Los procuradores dijeron que Edwards entonces procesaba el reclamo de seguro por el aparato y recibía los pagos. Ella entonces remitía una parte del dinero al fabricante del aparato, Dymedso, Inc., y otra porción al representante de ventas Dymedso en Ohio, Clinical Technology.
Desde Diciembre del 2013 a Noviembre de 2014 Edwards robó aproximadamente $103,000 en pagos de seguro destinado a las dos compañías, según los procuradores.
La acusación judicial es meramente una acusación y la acusada es inocente hasta que se pruebe culpable. Un crimen en segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $150,000.
El Deputy Attorney General Thomas G. Tresansky, Jr. presentó el caso al gran jurado. Los detectives Eric Flickinger y Brian Bunn Ronald coordinaron la investigación.
El Insurance Fraud Prosecutor Iu dijo que casos importantes han empezado con llamadas anónimas. Gente que esté preocupada con fraude en el seguro y tengan información pueden reportarlo anónimamente llamando a la línea directa gratis ‑1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución y convicción de fraude en seguros.
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