| TRENTON – El Acting Attorney General Robert Lougy anunció que un ex vicepresidente de Birdsall Services Group (BSG) fue sentenciado a la prisión del estado hoy por su papel en un esquema criminal en el que más de $1 millón en contribuciones políticas de corporación fueron hechas ilegalmente a través de los empleados de la firma para evadir las leyes de New Jersey pay-to-play (paga y juega). Él es el segundo ejecutivo de Birdsall que es sentenciado a la prisión en los dos últimos meses.
Thomas Rospos, 64, de Belmar, N.J., un ex ejecutivo vicepresidente de BSG y el segundo accionista mayor, fue sentenciado hoy a 3 años en la prisión del estado por el Juez de la Corte Superior James Den Uyl en Ocean County. Rospos admitió culpabilidad en Feb. 25, en la noche anterior al juicio, a un cargo en tercer grado por manipulación de documentos o información pública. Rospos pagó $150,000 al estado, representando reniego a las contribuciones políticas que él hizo de parte de BSG que fueron reembolsadas por la firma. Se le ha prohibido por 10 años de apostar personalmente en contratos públicos en New Jersey o de tener un interés del 5% o más en cualquier compañía que apuesta por tales contratos.
En Abril 22, Howard Birdsall, 73, ex CEO y el mayor accionista de BSG, fue sentenciado a 4 años en la prisión del estado por el Juez Den Uyl después de admitir culpabilidad en segundo grado a mala conducta de un oficial de corporación. Él pagará $49,808 al estado en renuncia a las contribuciones políticas que hizo que fueron reembolsadas por BSG. , ex vice-presidente principal de BSG, admitió culpabilidad en Mayo 2 en tercer grado de mala conducta de un oficial de corporación. Él está programado a ser sentenciado en Julio 11 y se enfrenta con una recomendada sentencia de hasta 270 días en la cárcel del condado como término de probación. Él pagará $129,115 al estado por reembolso de las contribuciones políticas, así como $75,000 de multa por corrupción pública. Se le ha prohibido por 10 años de contratos públicos en New Jersey.
El Deputy Attorney General Anthony A. Picione, Chief of the Division of Criminal Justice Corruption Bureau, y la Deputy Attorney General Mallory Shanahan están procesando el caso y trataron la sentencia de hoy.
“Rospos y sus coacusados se involucraron en un esquema criminal para esconder las contribuciones políticas de la firma para poder asegurar millones de dólares en contratos públicos por los cuales debían estar descalificados,” dijo el Acting Attorney General Lougy. “Con estos procesamientos, hemos dado un golpe importante en favor de la integridad de los contratos públicos en New Jersey.”
“Poniendo a los ejecutivos de esta firma en la prisión, mandamos el mensaje, de que conducta criminal con la intención de evadir la ley de New Jersey pay-to-play, serán agresivamente procesados,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Los contribuyentes tienen el derecho de esperar que los contratos públicos sean otorgados de una manera transparente y no terminen en los que han contribuido más a los políticos.”
Los cargos estaban contenidos en una acusación judicial en Marzo 26, 2013, la cual carga a BSG y a un total de 7 ejecutivos y accionistas de la firma. La acusación judicial se deriva de la investigación del Division of Criminal Justice Corruption Bureau, el cual descubrió que los acusados conspiraron para evadir las restricciones de la ley de New Jersey’s Pay-to-Play Act disfrazando ilegales contribuciones políticas de corporación como legales contribuciones de los empleados.
BSG admitió culpabilidad en Junio 13, 2013 a cargos en primer grado de lavado de dinero y en segundo grado en mentir para obtener contratos del gobierno. Como resultado de su admisión de culpabilidad, BSG pagó 2 multas criminales grandes: una de $500,000 por obtener ganancias de corrupción pública, y otra de $500,000 por ganancias de lavado de dinero. En cada instante, la multa máxima fue la autorizada por la ley. BSG también pagó al estado $2.6 millones para satisfacer una acción civil de incomparecencia puesta por la Attorney General’s Office en conexión con el caso criminal.
Otro ejecutivo imputado de BSG admitió culpabilidad este año y está esperando ser sentenciado. Scott MacFadden, 61, de Brick, N.J., ex jefe oficial administrativo de BSG, admitió culpabilidad en Enero 6 en tercer grado a mala conducta de un oficial de corporación y se enfrenta con una recomendada sentencia de hasta 364 días en la cárcel como condición de término de probación. Él ha renegado a $30,000 de reembolso que hizo a contribuciones políticas.
Un empleado del departamento de mercadeo de BSG, Philip Angarone, 44, de Hamilton (Mercer County), N.J. el ex director de mercadeo, admitió culpabilidad antes de ser imputado por su papel en el esquema y está esperando ser sentenciado.
Los restantes acusados que están cargados en la acusación judicial se enfrentan en primer grado de cargos de conspiración y lavado de dinero así como otros cargos. La acusación es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.
Bajo el alegado esquema, en vez de Birdsall Services Group hacer contribuciones a campañas y organizaciones políticas que lo descalificaría de contratos públicos de ciertas agencias, los accionistas y empleados de la firma hicieron contribuciones políticas de $300 o menos, lo cual no tenían que reportarlo. Múltiples cheques personales fueron recogidos en Birdsall Services Group y mandados a la apropiada campaña u organización política. Los accionistas y empleados fueron después reembolsados ilegalmente por Birdsall Services Group, directa o indirectamente, a través de bonos adicionales, y la firma falsamente omitió las contribuciones ilegales en los documentos que remitió a la Election Law Enforcement Commission (ELEC) y a las agencias del gobierno que proveyeron a la firma de ingenieros con los contratos de servicios. El esquema continuó por más de 6 años y envolvió más de un $1 millón en contribuciones.
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