TRENTON – El Acting Attorney General Christopher S. Porrino anunció que un ex bombero de Camden City fue sentenciado a la prisión del estado hoy por robar más de $82,000 por colectar una pensión de discapacidad del New Jersey Police and Firemen’s Retirement System mientras daba clases de jiu jitsu y participaba en competiciones de artes marciales.
Shane B. Streater, 41, de Camden, fue sentenciado a 7 años en la prisión del estado por el Juez de la Corte Superior T. Kelley en Camden County. Se le ordenó que pagara restitución completa de los $82,488 al sistema de pensión y se le ha prohibido permanentemente de empleo público en New Jersey. Streater fue declarado culpable en un juicio por un jurado en Camden County en segundo grado de robo por decepción en Abril 12. Los cargos se derivan de una investigación del Division of Criminal Justice Corruption Bureau.
Los Deputy Attorneys General Jonathan Gilmore y Pearl Minato procesaron el caso y trataron la sentencia de parte del Division of Criminal Justice Corruption Bureau. Estos fueron asistidos en el juicio por la Analyst Nathalie Kurzawa. El asunto fue referido a la Attorney General’s Office por la Junta del Police and Firemen’s Retirement System (PFRS).
“Este ha sido uno de los casos más alarmante de fraude de pensión en tiempos recientes,” dijo el Acting Attorney General Porrino. “Streater, añadió insulto al daño, competiendo en artes marciales mixtas mientras sus colegas arriesgaban sus vidas luchando contra incendios en Camden.”
“Esta sentencia de prisión martillea el mensaje de que fraude de pensión es un crimen serio el cual se procesará agresivamente,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Esta clase de robo seca los fondos muy necesitados del sistema de pensión y de los trabajadores que se los merecen.”
En Febrero del 2009, Streater aplicó por una pensión de discapacidad accidental, diciendo que estaba discapacitado como resultado de dos accidentes cuando estaba trabajando: uno en Diciembre del 2007, cuando un auto chocó contra un camión de bomberos que él estaba conduciendo, y el segundo en Marzo del 2008, cuando su camión de bomberos le dio a un bache. En cada incidente, él dijo que se había lesionado la espalda y o el cuello. Basado en la mayor parte de las declaraciones de Streater en relación a su incapacidad de involucrarse en actividad física, un doctor independiente encontró que él tenía una total y permanente discapacidad. El doctor, sin embargo, concluyó que la discapacidad era de una condición pre-existente y no relacionada al trabajo.
La PFRS Board dio a Streater una pensión de discapacidad ordinaria en Enero 9, 2010. Streater apeló a la Office of Administrative Law, insistiendo que su discapacidad estaba relacionada a su trabajo y que él tenía derecho a una pensión de discapacidad accidental, la cual no paga impuestos y paga dos tercios del salario del beneficiario, mientras que una pensión de discapacidad ordinaria paga el 40 por ciento del salario y se paga impuestos. Un delegado del fiscal general y un investigador trataron el asunto de apelación de parte de la PFRS Board y subsecuentemente descubrieron que Streater estaba enseñando jiu jitsu dos o más veces por semana en una academia de artes marciales mixtas. Estos también descubrieron un video de YouTube de Streater participando en el muy competitive Grapplers Quest Mixed Martial Arts Tournament en Junio del 2010, en el cual ganó una medalla de bronce. Más investigación reveló que se le otorgó a Streater su cinturón negro (black belt) en jiu jitsu en el 2010, mientras estaba colectando sus pagos de pensión de discapacidad de PFRS. La PFRS Board revocó la pensión de discapacidad de Streater en Abril 9, 2012, pero él ya había colectado un total de $82,488 en beneficios.
El Deputy Attorney General Peter W. Lee presentó el caso al gran jurado del estado. La investigación fue conducida por el Division of Criminal Justice Corruption Bureau por el Deputy Attorney General Gilmore, el Detective John Sheeran y el Detective Paul Marfino Jr., bajo la supervisión del Lt. Robert Feriozzi, el Deputy Attorney General Lee, quien es el Deputy Bureau Chief, y el Deputy Attorney General Anthony A. Picione, quien es Bureau Chief. El Acting Attorney General Porrino le dio las gracias a la PFRS Board y a la Division of Law por la investigación y referencia.
El Acting Attorney General Porrino y el Director Honig anotaron que la Division of Criminal Justice ha establecido un número gratis la Corruption Tipline 1-866-TIPS-4CJ (1-866-847-7425) para que el público pueda reportar confidencialmente corrupción, crimen financiero y otras actividades ilegales. El público también puede ir al sitio web de la División a www.njdcj.org para reportar cualquier infracción de la ley confidencialmente.
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