Héctor Márquez, el manager general de D.I.B Leasing en Teterboro, admitió culpabilidad en primer grado a lavado de dinero y en segundo grado a mala conducta de un oficial de corporación en una audiencia ante el Juez de la Corte Superior Susan Steele en Bergen County. Márquez, 43, de Monroe, también admitió culpabilidad en segundo grado a fraude en seguros en una acusación judicial separada envolviendo un Bentley valorado en $139,000 comprado en su concesionario y luego quemado y reportado robado a una compañía de seguros.

El estado ha acordado a recomendar una sentencia que no exceda los 16 años en el caso del concesionario. En el caso de fraude de seguro, el estado ha acordado a recomendar una sentencia que no exceda 7 años, concurrente con la sentencia primera. La sentencia de Márquez está programada para Enero 20 del 2017.

“Héctor Márquez era el hombre crucial en una conspiración criminal en la que los bancos fueron engañados para que aprobaran los préstamos de auto para consumidores cuyo nivel de ingresos no los calificaba para financiar los vehículos de lujo,” dijo el Acting Attorney General Porrino. “Él además se involucró en ayudar a uno de los compradores a deshacerse de uno de los caros vehículos cometiendo fraude de seguro. El término largo de prisión que se enfrenta debe ser un disuasivo a cualquiera que piense que esta clase de fraude es un camino a dinero fácil.”

Márquez es el tercer acusado que admite culpabilidad en el caso de D.I.B. Leasing. El manager de finanzas del concesionario, Paul Russo, 40, de Scotch Plains, admitió culpabilidad en segundo grado a lavado de dinero y en segundo grado a mala conducta de un oficial de corporación. El estado ha acordado a recomendar un término de prisión que no exceda los 10 años, cuando Russo sea sentenciado en Septiembre 16. La manager de título del concesionario, Lisa Ghobrial, 48, de Ridgefield, recientemente admitió culpabilidad en tercer grado de mala conducta de un oficial de corporación. El estado ha acordado a recomendar un término de probación de 3 años cuando sea sentenciada en Septiembre 16.

El trio, junto con otro asistente de aplicación a los préstamos, un contable, y el dueño del concesionario, fueron todos cargados en conexión con la conspiración. Los procuradores dijeron que los acusados crearon expedientes de trabajos falsos, inflaron los ingresos, y proveyeron falsos recibos de pago y ficticias verificaciones de empleo para engañar a los bancos a que aprobaran financiamiento para los clientes cuyos niveles de ingresos no los calificaba para un préstamo de tales vehículos.

Cuatro de los préstamos fueron hechos en los nombres de los clientes que habían remitido información personal para aplicar por financiamiento pero últimamente no compraron los autos del concesionario, alegaron los procuradores. El quinto préstamo lo hicieron de parte de una persona que nunca había estado en D.I.B. Leasing o había aplicado por un préstamo de auto allí, alegaron los procuradores. El préstamo obtenido de los bancos fue de beneficio personal a varios empleados del concesionario, dijeron los procuradores.

“Los acusados no solamente defraudaron a los bancos y corrompieron la integridad de proceso de préstamo de autos; estos hicieron presa de los clientes que les confiaron su información personal. Su desdén por la ley terminó capturándolos y ahora van a pagar el precio,” dijo el Acting Insurance Fraud Prosecutor Christopher Iu. “Mi oficina continuará procesando a los restantes acusados en este caso para asegurarnos, que estos también, se harán responsables por sus acciones.”

Los restantes acusados han sido todos imputados en cargos de conspiración y lavado de dinero en primer grado y en segundo grado de traficar en información personal de identificación perteneciente a otra persona.
 

• Patsy Galasso, 75, de Cliffside Park, dueño de D.I.B. Leasing:
• Jennifer Pérez, 30, de Union City, quien asistió a las aplicaciones de los préstamos.
• Michael Ricciardi, 53, de Wayne, que fue contable para el concesionario.

Galasso y Ricciardi también están cargados en segundo grado de robo de identidad, y 62 cargos con robo por decepción – dos en segundo grado y 60 en tercer grado. Galasso también está cargado en segundo grado de mala conducta de oficial de corporación.

Crímenes en primer grado llevan una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $200,000; un crimen en segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $150,000; crímenes en tercer grado lleva una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $15,000.

El Deputy Attorney General Colin Keiffer representó al estado en esta audiencia de admisión de culpabilidad. El Detective Sergeant Jarek Pyrzanowski, y los Detectives Kahlil McGrady, Ryan Kirsh, Kristi Procaccino, y Megan Flanagan coordinaron la investigación con la asistencia de los analistas Chris Runkle, Terry Drumm, Gregory Nolan, y Theresa Worthington, junto con la Electronic Surveillance Unit de la Division of Criminal Justice y el Investigador Daniel Buchanan y la analista Sam Paden de la NJ Motor Vehicle Commission. El Acting Attorney General Porrino le dio las gracias a la Bergen County Prosecutors’ Office, al National Insurance Crime Bureau, y a la Plymouth Rock Assurance por su asistencia en la investigación.

El Procurador Interino de Fraude en Seguros Iu anotó que algunos casos importantes han empezado con llamadas anónimas. Gente que esté preocupada con fraude en el seguro y tengan información pueden reportarlo anónimamente llamando a la línea directa gratis 1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución, y convicción de fraude de seguro.

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