La Price Home Group Limited Liability Company de Manahawkin, y sus dueños Jonathan Price de Manahawkin, y Scott Cowan de Demarest, aceptaron pagos significativos para elevar o reemplazar casas dañadas por la tormenta Sandy y luego no empezaron el trabajo, hicieron  trabajo deficiente o abandonaron los proyectos sin terminar por semanas, meses, o no los terminaron, según la Queja del estado puesta en la Corte Superior de Ocean County.

“Los residentes que confiaron en Jonathan Price y Scott Cowan para que los ayudaran a reconstruir después de la devastación de la Superstorm Sandy, se alega, fueron victimizados otra vez cuando estos contratistas aceptaron sus dineros sin hacer el trabajo por el que los residentes pagaron,” dijo el Acting Attorney General Christopher S. Porrino. “Lo que hace esta clase de avaricia más repugnante es que estos hombres, se alega, se aprovecharon de gente que dependía en asistencia financiera del estado para reconstruir o restaurar sus casas.”

Los 9 dueños de casa mencionados en la Complaint (Queja) eran todos recipientes de las subvenciones del Department of Community Affairs’ Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program, la iniciativa más grande del estado de reconstrucción.  Los dueños de las casas emplearon a Price Home Group entre Septiembre del 2014 y Junio del 2015.

Además de pagar $898,331.11 en fondos de RREM al Price Home Group, los 9 dueños de casa colectivamente pagaron $220,483.28 de sus bolsillos, según la Complaint.

“La Division of Consumer Affairs no permitirá que contratistas sin escrúpulos, ganen dinero rápido y deshonesto, explotando el sufrimiento de los que perdieron sus casas en la Superstorm Sandy,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “Esta acción demuestra nuestra dedicación para traer a estas operaciones depredadoras a la justicia.”

“Deshonestos contratistas no solamente dificultan a las familias afectadas por Sandy para reconstruir sus casas, estos también obstaculizan el esfuerzo total de recobro del estado,” dijo el  Department of Community Affairs Commissioner Charles A. Richman. “Le damos las gracias a la Division of Consumer Affairs por diligentemente investigar los reclamos fraudulentos de Sandy de los contratistas, y de tomar acción legal contra los contratistas cuando es requerido. Este trabajo importante demuestra que el estado está erradicando contratistas engañosos y que está ayudando a los supervivientes de Sandy a poner sus proyectos en camino.”

Según la Complaint, en vista de la Superstorm Sandy que devastó a New Jersey en el 2012, Price y Cowan solicitaron a clientes a través de su sitio web Price Home Group, diciendo que la compañía era “solución con un solo paso” para las víctimas de Sandy que querían elevar las casas dañadas por la tormenta o reemplazarlas con casas modulares.

La Price Home Group website decía que “Comprendemos la devastación que el Hurricane Sandy causó…Escogiendo reconstruir con PHG, puede estar seguro que siempre trabajaremos duro para ahorrarle dinero, limitar su responsabilidad de impuestos y maximizar  sus opciones financieras y los beneficios de seguro de inundación.”

Como está alegado en la Complaint, Price, Cowan, y Price Home Group en realidad no proveyeron a los consumidores con el contratado trabajo de elevación de casas o instalación de casas modulares, trabajo que fue pagado con las subvenciones de RREM y el dinero de los consumidores.  La Complaint alega que los acusados violaron el Consumer Fraud Act, el  Contractors’ Registration Act, las regularizaciones del Home Elevation Regulations, y las Home Improvement Regulations, y las Advertising Regulations, entre otras cosas, por:

• Anunciar, ofrecer de venta, vender y/o preformar elevaciones de casa sin estar registrados como Home Elevation Contractor con la División.
• Establecer contratos, aceptando el dinero de los consumidores y de los fondos de RREM y luego no completar el trabajo de elevación de casas o la instalación de casa modulares.
• Repetidamente programando fechas de comienzo para la elevación de casas o la instalación de casas modulares y luego no hacer el trabajo.
• No aplicar por los permisos necesarios, a pesar de decirle a los consumidores que habían aplicado por estos.
• Preformar mejoras de vivienda de una manera substándard, - incluyendo una elevación de casa a un pie menos de la altura requerida, instalar cimentación inferior para la elevación de la casa – y luego no hacer los correctivos reparos necesarios.
• Decir en el Price Home Group Website que los acusados estaban comprometidos a terminar el trabajo a tiempo, cuando eso no era el caso.
• No incluir en los contratos todos los términos y condiciones que afectarían el precio.
• No incluir en los contratos los principales productos y materiales que iban a ser usados de acuerdo al contrato.
• En una ocasión, abandonando el proyecto de elevación de casa mientras la casa estaba en soportes temporales.
• En una ocasión, contratando con una consumidora para la instalación de una casa modular, y arreglando para que la casa fuera arrasada en preparación para la instalación de casa modular y luego no instalar la casa modular.

En relación al Price Home Group, la Complaint pide restitución, devolver los fondos de RREM a la Division of Community Affairs, reembolso por los costos de abogado y de investigación y multas civiles. El estado también pide que permanentemente se revoque la Home Improvement Contractor Registration de Price Home Group, que se le prohíba permanentemente a Price y a  Cowan de ser dueños u  operar un negocio de mejoras en New Jersey.

Price y Cowan han declarado protección de bancarrota en la United States Bankruptcy Court, District of New Jersey.  La Division ha tomado acciones adversas en contra de ambos individuos en un intento de asegurarse de la restitución a los consumidores, multas civiles y costos de abogados y de investigación que se pidieron en la Corte Superior para que no sean eximidos en el curso del proceso de bancarrota.

El Investigator Jared O’Cone de la Division’s Office of Consumer Protection condujo la investigación.

La Deputy Attorney General Alina Wells, de la Consumer Fraud Prosecution Section dentro de la Division of Law, está representando al estado en la Corte Superior Court y en las acciones de la Bankruptcy Court.

Los consumidores que creen han sido abusados o engañados por un negocio, o sospechan de cualquier otra clase de abuso al consumidor, pueden poner una queja en línea con la State Division of Consumer Affairs o pueden llamar a 1-800-242-5846 (gratis si llama desde  New Jersey) o al 973-504-6200.

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