NEWARK – El Attorney General Christopher S. Porrino y la Division of Consumer Affairs han tomado acción contra dos Monmouth County residentes y sus negocios porque se alega defraudaron a  mayores de edad a través de sus “muy agresivas y engañosas ventas” de telemercado de sistemas de respuestas a emergencias médicas

Una Queja de 9 cargos, puesta en la Corte Superior del Estado, Chancery Division en Monmouth County, alega que Ezra Rishty, de Oakhurst y Larry J. Ansell, de Tinton Falls,  y sus negocios, presionaban a los mayores de edad para que compraran sistemas inalámbricos de alerta de emergencia que nunca fueron entregados, que no funcionaban apropiadamente o que no funcionaban.  Las compañías nombradas en la queja son Life Aid Connect, Inc.; Safety Alert USA Limited Liability Company haciendo negocios como Med Aid Alert; y Mobile Alert, Inc.

“Estos imputados son acusados de que sin conciencia se enfocaron en los mayores de edad con un aluvión de telemercado que empleó engañosas y agresivas prácticas para presionarlos a que compraran sistemas de alerta de emergencia que en algunos casos no podían ser activados en las áreas donde vivían,” dijo el Attorney General Porrino. “No permitiremos que compañías de Nueva Jersey intimiden o engañen a los consumidores en comprar mercancías o servicios que no quieren o no trabajan como fue prometido.”

“Ningún consumidor, especialmente los más vulnerables como los mayores de edad, deben ser perseguidos por agresivos telemercaderes que no aceptan no por respuesta, especialmente cuando los vendedores están empujando servicios que no funcionan como prometieron, como  estos imputados se alega hicieron,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “Implementaremos vigorosamente las leyes de protección de los consumidores y penalizaremos a cualquiera que encontremos involucrados en esta clase de mercadeo sin conciencia.”  

Los acusados dijeron que los sistemas de alerta de emergencia que vendían permitían a los usuarios llamar por ayuda médica a través de sistemas GPS basados en las casas o  satélites.  Los precios de los sistemas estaban entre $159 a $299, y el costo mensual de servicios de supervisión entre $34.95 y $39.95.

Según la Queja del Estado, los acusados se involucraron en prácticas engañosas de mercadeo y ventas que incluían:

• Operar como telemercaderes en New Jersey sin estar registrados con la División.
  
• Hacer llamadas telefónicas de venta de mercadeo a cientos de consumidores que estaban enlistados en el registro federal de “No Llame” (“Do Not Call Registry”).
  
• Hacer llamadas telefónicas de venta de mercadeo a consumidores incluso cuando esos consumidores pidieron a los acusados que removieran sus nombres de la lista de llamada.
  
• Engañando a los consumidores diciendo infundadamente que los consumidores necesitaban esos sistemas por sus “serias condiciones médicas.”
  
• Vendiendo sistemas restaurados cuando decían que eran “cien por cien nuevos.”
  
• Vendiendo sistemas a los consumidores que vivían fuera del área de servicio del  sistema de GPS de los acusados y por lo tanto los consumidores no podían usarlos.
  
• Aceptar pagos de los consumidores y luego no proveerles con los sistemas por los que habían pagado.
  
• Automáticamente renovar los contratos de los consumidores por los sistemas, contrario a lo que decían que “no había contratos de largo tiempo.”
  
• Cargando a las cuentas de las tarjetas de crédito de los consumidores que, después de haber proveído su información de crédito, declinaron comprar los sistemas.
  
• Diciendo a los consumidores que compraron sistemas que recibirían protección  “en cualquier parte de los EE.UU. 24/7”, cuando ese no era el caso.
  
• Diciendo que los sistemas “se conectarán con nuestro centro de supervisión en segundos,” cuando eso no era el caso.
  
• No proveer los reembolsos a los consumidores que compraron los sistemas que no funcionaban propiamente o que no funcionaban.

El estado alega que estos acusados violaron el New Jersey Consumer Fraud Act (“CFA”), las Advertising Regulations, y la Telemarketing Do Not Call Law y las relacionadas regularizaciones.  El Estado está pidiendo restitución a los consumidores, multas civiles y reembolsos por costos de abogado y de investigación. El Estado también pedirá eliminar los capítulos de corporación de Life Aid Connect y Mobile Alert y cancelar el certificado de formación de Safety Alert. El Estado también pedirá multas aumentadas a Rishty bajo los términos del  Consent Judgment 2009 donde él entró para satisfacer las alegaciones del Estado de que las compañías de crédito que él operaba violaron las leyes de protección del consumidor.

La Division of Consumer Affairs’ Office of Consumer Protection condujo las investigaciones.

El Deputy Attorney General Jeffrey Koziar de la Consumer Fraud Prosecution Section dentro de la Division of Law está representando al Estado en esta acción.

Los consumidores que creen  han sido defraudados o engañados por un negocio, o sospechan cualquier otra clase de abuso al consumidor, pueden poner una queja en línea con la State Division of Consumer Affairs yendo a su website o llamando a 1-800-242-5846 (gratis si llama desde New Jersey) o al  973-504- 6200.

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