| TRENTON –El Attorney General Christopher S. Porrino anunció que una mujer de Ocean County, N.J., admitió culpabilidad hoy por defraudar al estado de $345,213 remitiendo falsos reclamos de desempleo en nombres de ex empleados de su ahora cerrado negocio de preparos de impuestos.
Erica Rivera, 35, de Beachwood, N.J., admitió culpabilidad ante el Juez de la Corte Superior Peter E. Warshaw en Mercer County a una acusación que la carga en segundo grado de robo por decepción. Bajo el acuerdo de culpabilidad, el estado recomendará que Rivera sea sentenciada a 7 años en la prisión del estado. Ella tiene que obedecer una orden de consentimiento para pagar $345,213 en restitución al New Jersey Department of Labor and Workforce Development. Rivera está programada a ser sentenciada en Dic. 2.
Rivera fue cargada en una investigación por el Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau. La investigación empezó con una referencia del New Jersey Department of Labor and Workforce Development, el cual descubrió los reclamos sospechosos. El Philadelphia Police Department, la Pennsylvania Attorney General’s Office y el U.S. Department of Labor-Office of Inspector General asistieron en la investigación. El Deputy Attorney General Christopher Keating aceptó la admisión de culpabilidad de parte de la Division of Criminal Justice.
Admitiendo culpabilidad, Rivera dijo que desde Septiembre del 2012 a Junio del 2015, ella se involucró en un esquema en el que remitió falsas aplicaciones en línea para beneficios de desempleo y recibió pagos de beneficios en los nombres de 24 presuntos ex empleados de su negocio de preparación de impuestos, Compassionate Financial Services (“CFS”). Los pagos de las falsas aplicaciones resultaron en 27 reclamos de seguro de desempleo, a través de los cuales Rivera recibió pagos en un total de $345,213. Remitiendo los falsos reclamos, Rivera usó el número de información de identificación de parientes y conocidos, incluyendo ex clientes de CFS, quienes aparentemente no sabían que su información personal se estaba usando. Aquellos individuos o nunca fueron empleados por CFS o nunca reclamaron beneficios de desempleo en New Jersey. Rivera posó como si fuera los reclamantes, certificando cada semana en línea que aquellos satisfacían los requisitos para recibir los beneficios. También posó como si fuera algunos de los reclamantes cuando el Departamento de Trabajo llamó para verificar la información. Se les da a los beneficiarios de desempleo tarjetas de débito y reciben los beneficios de desempleo a través de depósitos directos asociados con las tarjetas. Rivera recibió las tarjetas de débito en un buzón de correo el cual ella usó como dirección de los reclamantes. Ella fue captada por cámaras de supervisión usando los números de las tarjetas de crédito para retirar los fondos de ATM en lugares en Pennsylvania, New Jersey y Washington, D.C.
“Rivera fue metódica en su esquema de robar los beneficios de desempleo del estado, pero ella aprendió que el estado es más metódico que ella erradicando fraude,” dijo el Attorney General Porrino. “Continuaremos trabajando con el Department of Labor para poner a estafadores como Rivera en la prisión y proteger esta red de seguridad imprescindible para los trabajadores de New Jersey.”
“El fraude de beneficios de desempleo daña a los honestos trabajadores de New Jersey quienes dependen de estos beneficios para mantenerlos a flote financieramente si pierden el trabajo,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Estamos poniendo a los estafadores en alerta que agresivamente procesaremos esta clase de fraude.”
“Mi departamento tiene cero tolerancia para los defraudadores que están buscando robar al Unemployment Insurance Trust Fund,” dijo el New Jersey Labor Commissioner Hal Wirths. “Hemos desarrollado medidas potentes de anti fraude para prevenir que los dólares de los contribuyentes terminen en las manos de los estafadores y continuaremos trabajando juntos con la Attorney General’s Office para agresivamente identificar, perseguir y procesar a aquellos que engañan al sistema.”
Desde el 2011, el Department of Labor ha luchado contra el fraude de beneficios de desempleo, ahorrando a New Jersey Unemployment Insurance Trust Fund aproximadamente $750 millones hasta hoy. Entre las muchas prácticas de anti-fraude y procedimientos adoptados están los cambios en los programas de software que permiten al departamento detectar falsos reclamos con comprobantes cruzados de datos internamente y con otras bases de datos para marcar información inválida o patrones sospechosos envolviendo los elementos comunes entre varios reclamos, tales como residencias idénticas o direcciones de protocolo de Internet (IP).
La investigación fue conducida por la Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau por el Detective Glenn Stanton, el ex Detective Lynn Fitzgerald, la Detective Christine Sullivan y el Deputy Attorney General John Paone, bajo la supervisión del Deputy Bureau Chief Andrew B. Johns, Deputy Bureau Chief Jacqueline Smith y la Bureau Chief Jill Mayer.
El Attorney General Porrino le dio las gracias al Department of Labor y a la Workforce Development por su referencia y valiosa asistencia. La investigación fue conducida de parte del Department of Labor por el Supervising Investigator Michael Kulyk y el Investigador Luke Schaffer de la Office of Benefit Payment Control, bajo la dirección de Charles J. Walkowiak, Director de Fraud Prevention y Risk Management.
El Attorney General Porrino también le dio las gracias al Lt. Dennis Rosenbaum y al Detective Thomas Altimari del Philadelphia Police Department, Supervising Special Agent Jim Elo de la Pennsylvania Office of Attorney General, y al U.S. Department of Labor-Office of Inspector General por su valiosa asistencia.
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