Bajo el acuerdo, USA Discounters – que también hizo negocio como USA Living y Fletcher’s Jewelers – ha acordado a proveer restitución a los consumidores y otras ayuda con un valor total de $95.9 millones a todos los 49 estados participantes.

USA, el cual cerró sus tiendas en el verano del 2015 antes de declarar bancarrota, vendía una variedad de productos, incluyendo muebles, electrodomésticos, televisiones, computadoras, teléfonos inteligentes, joyas y otras mercancías para consumidores.

El minorista principalmente vendía sus productos a crédito, y en general mercadeaba al personal activo y retirado del servicio militar a través, entre otras cosas, diciendo que al personal activo de servicio militar, veteranos militares y a los empleados del gobierno nunca se le negaría el crédito por productos que compraran.

Sin embargo, los estados participantes alegan que USA se involucró en numerosas prácticas injustas, abusivas, falsas y engañosas que dañaron a los miembros del servicio militar. Específicamente, los estados alegan que USA vendió artículos de casa con tasas de interés muy altas, con frecuencia usando el sistema militar de habilitación para garantizar el pago. Los estados también acusaron a USA de engaños y omisiones en sus anuncios, así como también en proveer crédito.

Además los estados acusaron a USA de involucrarse en prácticas de colección de débito por constantemente poniéndose en contacto con los miembros del servicio militar usando la cadena de mando, causando que algunos miembros del servicio militar perdieran acreditaciones de seguridad y enfrentarse con degradaciones.

USA también puso demandas de colección de crédito en unas cuantas jurisdicciones de Virginia – sin importarle el lugar del personal de servicio militar, estado de despliegue o residencia. Esta práctica fue particularmente dañosa, alegan los estados participantes, porque los miembros del servicio militar con frecuencia no podían viajar a Virginia para defenderse en la corte mientras estaban estacionados en bases militares de otros estados.

“Estas prácticas deshonestas y de explotación alegadas aquí, serían inaceptables en cualquier contexto, pero particularmente si se considera que la mayoría de las víctimas eran gente que estaba sirviendo a nuestro país,” dijo el Attorney General Porrino. “No hay lugar para esta clase de conducta en los negocios ni en New Jersey o ninguna otra parte, y estoy contento, de que nuestra participación en este acuerdo de múltiples estados, obtengamos desagravio para los consumidores de New Jersey que fueron afectados.”

Bajo los términos del acuerdo, USA ha acordado a:

• Eliminar las cuentas con balances para los consumidores cuyos contratos fueron fechados en Junio 1, 2012 o anterior, y corregir los comentarios negativos de la compañía en los reportes de crédito de esos consumidores (Aproximadamente $71 millones).

• Aplicar $100 de crédito a todas las cuentas cuyos contratos están fechados después de Junio 1, 2012, los cuales no terminaron en bancarrota, y corregir los comentarios negativos de la compañía en los reportes de crédito de esos consumidores (Aproximadamente $2.89 millones).

• Eliminar todos los fallos no obtenidos en el apropiado estado, y corregir los comentarios negativos de la compañía en los reportes de crédito de esos consumidores (Aproximadamente $$21.2 millones).

• Acreditar todos los fallos que fueron obtenidos en el estado correcto contra los miembros del servicio militar con un crédito igual al 50 por ciento de la cantidad original del fallo (Aproximadamente $728,000.)

La Deputy Attorney General Patricia A. Schiripo, Assistant Section Chief of the Division of Law’s Consumer Fraud Prosecution Section, trató el asunto de USA Discounters de parte del Estado.

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