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Attorney General's Biography
     
 
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Para Publicación Inmediata:
Contacto:
Día 12 de Octubre del 2016

Oficina del Fiscal General
- Christopher S. Porrino, Fiscal General
División de Justicia Criminal
- Elie Honig, Director
Prensa:
Peter Aseltine
609-292-4791
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Ciudadanos:

609-984-5828
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Una pareja de Ocean County y sus compañías de mejoras de vivienda cargados con robar miles de dólares de los consumidores cuyas casas fueron dañadas por la súper tormenta SANDY
Las víctimas pagaron a Jeffrey Colmyer y Tiffany Cimino más de $1 millón, la mayoría del dinero de fondos de ayuda de Sandy
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TRENTON –El Attorney General Christopher S. Porrino anunció hoy que una pareja de Ocean County ha sido arrestada porque se alega robaron miles de dólares de más de 20 víctimas que emplearon a las compañías de mejoras de vivienda de la pareja para reparar o reconstruir sus casas después de la Superstorm Sandy. Las víctimas pagaron a las firmas más de $1 millón, mayormente de los fondos de ayuda de Sandy, pero la pareja se alega desvió la mayoría del dinero en juego y artículos de lujo, dejando las casas en deterioro.

Jeffrey Colmyer, 41, y Tiffany Cimino, 43, que viven juntos en Little Egg Harbor, N.J., fueron arrestados ayer por los detectives de la Division of Criminal Justice en una variedad de cargos, incluyendo robo, lavado de dinero, y mala conducta de un oficial de corporación, todos en segundo grado, y por no pagar impuestos, y fraude de impuestos ambas ofensas en tercer grado. Fueron detenidos en la Ocean County Jail con libertad de fianza para cada uno de $300,000. Los cargos también fueron puestos contra las compañías de mejoras de vivienda de estos, Rayne Construction Management Services, LLC (RCMS) y Colmyer & Sons Construction, LLC.

La New Jersey Division of Consumer Affairs previamente investigó el asunto y puso una acción civil en Agosto contra los acusados, alegando numerosas violaciones del Consumer Fraud Act y pidieron restitución para los consumidores y multas civiles, entre otras cosas. Los cargos criminales se derivan de una investigación conjunta por el Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau, la U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Inspector General y la New Jersey Division of Taxation Office of Criminal Investigation, con asistencia del New Jersey Department of Community Affairs.

Colmyer y Cimino se alega desviaron cientos de miles de dólares que sus víctimas pagaron para reparar sus casas, elevarlas y reconstruirlas. La pareja se alega usó los fondos para gastos personales, incluyendo pagos para autos nuevos, compra de joyas por Cimino, incluyendo un anillo de diamantes de $17,000, y cientos de miles de dólares que Colmyer jugó en 7 casinos en Atlantic City. Mientras tanto, ellos abandonaron los trabajos, o en muchos casos ni siquiera los empezaron, dejando a muchas de sus víctimas con casas inhabitables. La mayoría de los fondos se alega fueron robados de Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM) Program, un programa de ayuda de Sandy administrado por el New Jersey Department of Community Affairs y patrocinado por el U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). El RREM Program era el más grande de los programa de recobro del estado de Sandy y proveyó subvenciones a los dueños de casa que fueron impactados para cubrir reconstrucciones de hasta $150,000 de costo que no estaban cubiertos por seguros u otros fondos de ayuda federales u otras fuentes.

“Colmyer y Cimino sin conciencia se aprovecharon de los dueños de casa devastados por la Superstorm Sandy,” dijo el Attorney General Porrino. “Y cuando se les echo a las víctimas un salvavidas en la forma de ayuda de fondos de Sandy e intentaron reclamar sus vidas, esta pareja se alega robó el dinero y les quitó el salvavidas. Nos aseguraremos que estos acusados van a ser responsables por su bruta conducta criminal.”

“La Division of Criminal Justice, trabajando con nuestros colegas a nivel federal y estatal, ha cargado a más de 70 acusados en varias clases de fraude relacionados a la Superstorm Sandy,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Este caso es el más horroroso hasta hoy en términos de la cantidad de dólares envueltos y el daño causado a la inocentes víctimas.”

“Los dueños de casa desesperados para reconstruir sus casas y continuar con sus vidas en vista de la monstruosa tormenta pusieron su dinero en las manos de estos acusados, solamente para ver a estos timadores irse con él, dejándolos con poco o nada,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “Los acusados sin conciencia dieron otro golpe a las víctimas de Sandy que ya habían sufrido tremendas pérdidas.”

“Desgraciadamente, desastres naturales atraen a estafadores que escogen como blanco a gente en la situación más vulnerable de sus vidas,” dijo el Community Affairs Commissioner Charles A. Richman. “Por esta razón, el Estado se ha comprometido desde el primer día a erradicar fraude, robo y otras actividades ilegales mientras reconstruimos después de Sandy. El anuncio de hoy demuestra el empeño y la seriedad con la que perseguimos a los timadores que roban a los sobrevivientes de Sandy, para su ganancia personal.”

Este caso se está tratando de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau por el Deputy Attorney General John A. Nicodemo, Detective Michael Arduini, Detective Jordan Thompson y la Analyst Alison Callery, bajo la supervisión del Lt. David Nolan, Deputy Bureau Chief Mark Kurzawa y Bureau Chief Michael A. Monahan. Ellos están trabajando con los Agentes Especiales de la UD Office of Inspector General. El Deputy Attorney General Derek Miller y la Civil Investigator Debra Maiorano de la unidad de renuncia del estado también están asistiendo.

El Attorney General Porrino les dio las gracias al Department of Community Affairs y a la Division of Taxation Office of Criminal Investigation, HUD-OIG,al U.S. Department of Homeland Security Office of Inspector General, y al Little Egg Harbor Twp. Police Department por su valiosa asistencia en la investigación. El Special Agent Kyle Mullane investigó de parte de la Division of Taxation.

El Attorney General Porrino también encomendó a la Division of Consumer Affairs por su investigación, demanda y cooperación. Los Investigadores Joseph Iasso y Brittany Kieran investigaron de parte de la Division of Consumer Affairs Office of Consumer Protection. La demanda fue tratada por la Deputy Attorney General Cathleen O’Donnell de la Consumer Fraud Prosecution Section en la Division of Law.

Los siguientes cargos criminales fueron puestos contra Colmyer y Cimino por queja-citación:

  1. Robo por No Hacer la Apropiada Disposición de Propiedad (en segundo grado),
  2. Facilitación Financiera de Actividad Criminal (Lavado de Dinero) (en segundo grado),
  3. Mala conducta de un Oficial de Corporación (en segundo grado),
  4. Facilitación Financiera de Actividad Criminal (Estructuración) (en tercer grado),
  5. Manipulación de Documentos Públicos (en tercer grado),
  6. Remitir Fraudulento Impuesto (en tercer grado) (Años de impuestos 2013 y 2014),
  7. No Remitir Impuesto (en tercer grado) (Año de impuesto 2015), y
  8. No Pagar Impuesto (en tercer grado) (Años de impuestos 2013 a través del 2015).

RCMS and Colmyer & Sons también está cargado con robo, lavado de dinero, estructuración, y manipulación de documentos públicos. El cargo de manipulación está relacionado al hecho de que los acusados se alega mintieron acerca de cuál era el interés de propiedad de Colmyer’s en RCMS cuando aplicaron para obtener la Home Elevation Contractor Registration a través de la Division of Consumer Affairs. Los acusados se alega falsamente dijeron que Colmyer tenía menos del 10 por ciento de interés en RCMS, porque la aplicación requiere que cualquiera que tenga un interés del 10 por ciento o más tiene que divulgar si él o ella ha sido convicto de ciertos crímenes, como robo. Colmyer tenía 2 previas convicciones de robo por no hacer la apropiada disposición de propiedad.

Cargos en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, mientras que cargos en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión y una multa de hasta $15,000. Los cargos de lavado de dinero y estructuración llevan sentencias consecutivas de cargo de robo, y pueden llevar multas adicionales de $250,000 a $75,000, respectivamente. Los cargos son meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

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