La ley de reforma de libertad bajo fianza, la cual fue firmada por el Gobernador Christie en Agosto del 2014, reemplaza el sistema de fianza monetario actual basada en el abordo de riesgo, requiriendo que las cortes evalúen la posibilidad de que el acusado se fugue, cometa una actividad criminal nueva, u obstaculice la justicia intimidando a las víctimas y a otros testigos. Además de establecer estándares claros y una guía de la manera que la policía y procuradores ejerciten su discreción en decidir cuándo pedir detención antes del juicio, la nueva directiva del Attorney General establece garantías procesales para asegurar consistencia en implementar estas reformas mayores en la justicia criminal de New Jersey. Aunque la ley nueva se enfoca en la decisión antes del juicio, sus provisiones últimamente afectarán como los casos son tratados en cada etapa del proceso de justicia criminal, desde el momento que la policía hace el arresto hasta el tiempo cuando el acusado es procesado o admite culpabilidad. La directiva fue redactada para promover imparcialidad, uniformidad y eficiencia de costo en implementar la nueva ley.

“La nueva ley de reforma de libertad bajo fianza de New Jersey pone la seguridad primero, eliminando el sistema de dinero de la libertad bajo fianza que permite que criminales peligrosos paguen para evitar encarcelamiento, con frecuencia con las ganancias de sus crímenes, mientras otros cargados con ofensas no violentas están en la cárcel por largo tiempo porque son muy pobres,” dijo el Attorney General Porrino. “Nuestra directiva provee una guía detallada para los procuradores y policías de cómo usar este nuevo sistema de base de riesgo para mejor proteger a la gente de New Jersey, mientras tratando al acusado imparcialmente.”

“Esta nueva ley da a los procuradores poderosas nuevas herramientas para detener y supervisar a criminales peligrosos mientras el juicio está pendiente,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Nuestra meta con esta directiva es permitir que los procuradores usen estas herramientas de manera efectiva y juiciosamente para proteger a la comunidad, reconociendo que los acusados que no van a fugarse o cometer nuevos crímenes no deben encarcelarse a expensas del contribuyente.”

La ley de reforma de la libertad bajo fianza crea una general presunción contra la preventiva encarcelación después del arresto – lo que quiere decir extender la custodia en la cárcel antes del juicio – excepto cuando el acusado es cargado con asesinato o se está enfrentando con un extraordinario periodo de tiempo o cadena perpetua. Mientras esa específica excepción abarca solamente un pequeño número de los más serios crímenes, la ley permite a los procuradores a su discreción, aplicar por detención antes del juicio y de refutar la presunción en otros casos, incluyendo (1) casos que envuelven ciertos serios crímenes, incluyendo principalmente violencia- y ofensas en segundo grado enumeradas bajo el No Early Release Act, crímenes envolviendo armas de fuego bajo Graves Act, y crímenes envolviendo violencia doméstica, y (2) más generalmente, cualquier caso que los procuradores creen hay un serio riesgo de que el acusado se fugará, o es un peligro para ciertas personas o la comunidad, o intentará obstruir la justicia o amenazar, lesionar o intimidar una víctima, testigo o jurado.

El proceso empieza con la decisión de la policía y los procuradores si cargar por queja-orden (complaint-warrant) o queja-citación (complaint-summons). Si las autoridades, quieren pedir detención de un acusado antes del juicio o, la alternativa, quieren que la corte imponga condiciones de libertad para mitigar los riesgos que el acusado puede presentar, estos tienen que cargar al acusado por complaint-warrant. Cuando una orden es dada por la corte, el acusado tiene que ser llevado a la cárcel del condado, donde él o ella estarán detenido por 48 horas. Dentro de las 48 horas, el acusado tendrá la primera comparecencia en la corte, donde, si el estado ha puesto una moción para detención, el juez decidirá si detener al acusado o ponerlo en libertad, cuáles son las condiciones que se deben imponer si se da libertad al acusado. En todos estos casos en los que el procurador está permitido aplicar por detención preventiva, la presunción de la ley de libertad antes del juicio solamente se puede superar si el estado puede establecer una evidencia clara y convincente que las condiciones de libertad razonablemente asegurarán la comparecencia del acusado en la corte, la protección de la seguridad de cualquier persona en la comunidad, o que el acusado no intentará obstruir el proceso criminal.

Para poder asistir a los implementadores de la ley y a los jueces en hacer una decisión acerca del acusado, la Administrative Office of the Courts desarrolló una valoración de riesgo automática de computadora, conocida como Public Safety Assessment (PSA), la cual considera la naturaleza general y seriedad de los crímenes, así como la preservación electrónica del caso criminal y la documentación de la corte del historial criminal de adulto del acusado, y la historia de éste de comparecencia en la corte. La PSA provee 3 riesgos indicadores antes del juicio: (1) 6 puntos de medida de una escala indicando “no comparecencia” de la posibilidad de que el individuo no aparecerá en la corte; (2) 6 puntos de medida de una escala indicando “nueva actividad criminal” que el acusado se involucrará en nuevos crímenes si es puesto en libertad; y (3) “nueva actividad criminal violenta” alerta, la cual avisa que el acusado es probable de involucrarse en crímenes violentos si se pone en libertad.

La Policía y los procuradores tendrán acceso al PSA al tiempo que los archivos son remitidos y usarán el PSA para informar de sus decisiones si cargarán por warrant o summons. Una nueva alerta de actividad criminal violenta automáticamente activa la presunción de que los implementadores de la ley aplicarán por una warrant y el procurador pedirá detención antes del juicio. Las otras clasificaciones son factores que son consideradas por los implementadores de la ley y los jueces para hacer las decisiones. Si una warrant es dada para que el acusado sea encarcelado, el Judiciary (sistema Judicial) de servicios del programa de pre-trial producirá una evaluación que incorpora al PSA pero que también consta de otras circunstancias y factores. Ese reporte – el cual incluye recomendaciones acerca si debe ponerse en libertad y las condiciones de la libertad – será completado por las cortes antes de la primera comparecencia del acusado.

La nueva directiva dada hoy por el Attorney General Porrino provee una guía comprensiva para la policía y los procuradores de cómo se deben tratar los muchos casos en los que se les da discreción para aplicar por la detención antes del juicio o condiciones de libertad para un acusado. La directiva explica las presunciones que generalmente están más detalladas, completas y precisas que las presunciones establecidas por la ley y las reglas de la corte. Al mismo tiempo, la directiva concede a la policía y a los procuradores la flexibilidad de considerar todo los factores importantes y las circunstancias, incluyendo aquellos que no están en la PSA.

Puntos más importantes de la directiva de reforma de justicia criminal del Attorney General, incluyen:

• La directiva enfatiza que, en la implementación de las reformas, la policía y los procuradores tienen que asegurar la protección de los derechos de las víctimas, incluyendo los derechos constitucionales y de leyes del estado de participar en el proceso de justicia criminal y tener aporte significativo en decisiones procesales que afectan sus intereses. La directiva establece consideraciones especiales, notificaciones y procedimientos para proteger a víctimas de violencia doméstica y casos de asalto sexual.

• Todas las decisiones respecto a cargar por orden o citación tienen que estar aprobadas por un procurador asistente, delegado del fiscal general, o designado supervisor de policía. La directiva crea un sistema para que tal personal esté disponible 24/7 para ofrecer aviso real legal y permisos de cargos. Permitiendo a los procuradores designar un oficial de policía supervisor, en vez de un procurador asistente, a hacer la inicial decisión de examinación después de las horas (de trabajo), la directiva provee ahorros de costo.

• Cuando un acusado es detenido antes del juicio, la nueva ley requiere generalmente que el caso sea imputado dentro de los 90 días y traído a juicio dentro de los 180 días de la imputación sujeto a provisiones y extensiones. Sim embargo, esas reglas de juicio rápido no se aplican en casos sin detención antes del juicio. En esos casos donde el acusado permanece libre, él o ella tienen poca incentiva de aceptar responsabilidad y admitir culpabilidad al tiempo apropiado. Para tratar esto, la directiva del Attorney General requiere que todos los procuradores adopten una política ajustada de admisión de culpabilidad, cuya admisión de culpabilidad se hace más difícil con el paso del tiempo, no más permisiva, para animar a los ofensores culpables a que admitan culpabilidad, de esa manera conservando los recursos de los implementadores de la ley y la justicia y facilitar posible cooperación en casos en curso.

• La Division of Criminal Justice, en cooperación con la County Prosecutors Association of New Jersey, la State Police y la New Jersey Association of Chiefs of Police, está mandada a desarrollar un programa en línea de entrenamiento para los oficiales de policía para explicar los requisitos de la ley nueva y directiva. También preparará una tarjeta de instrucciones sintetizando los puntos más importantes de la directiva para los policías. La Division trabajará con la Prosecutors Association y el Attorney General’s Advocacy Institute para continuar desarrollando cursos de educación legal para procuradores que tratan con la nueva ley.

• La directiva pide por la formación de un Criminal Justice Reform Advisory Group para reunirse regularmente para revisar la implementación de la ley nueva y de la directiva, para tratar asuntos legales y de práctica que surjan, y para desarrollar posiciones uniformes y materiales legales para asistir a los procuradores que tratan audiencias de detención antes del juicio, y apelaciones de la nueva ley. La directiva contempla un continuo dialogo donde las mejoras prácticas se desarrollan localmente, se comparten y se replican en otras jurisdicciones.

• La Division of Criminal Justice, en cooperación con la County Prosecutors Association of New Jersey y la Attorney General’s Office of Law Enforcement Professional Standards, estudiará la implementación e impacto de la ley nueva y de la directiva y preparará dos reportes para el Attorney General, uno para Junio 30, 2017, y el segundo para Junio 30, 2018.

El Attorney General Porrino les dio las gracias al Assistant Attorney General Ron Susswein y a al Assistant Attorney General Geoffrey Soriano por la redacción de la directiva, bajo la supervisión del Director Honig. El Attorney General Porrino también les dio las gracias a los procuradores de la County Prosecutors Association of New Jersey por su valiosa asistencia.

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