Pamela M. Land, 68, de La Canada, California, quien tenía poderes notariales de su madre, fue acusada en cargos de mal uso de propiedad confiada a ella, y robo por tomar ilegalmente, ambos en segundo grado. La acusación judicial fue presentada a la Juez de la Corte Superior Mary C. Jacobsen en Mercer County.

Según los procuradores, la anciana le había dado acceso sin restricciones a su hija para que supervisara sus bienes financieros para su estancia continua en la facilidad de asistencia de vida para pacientes que sufren demencia. En vez de pagar por el cuidado de su madre, los procuradores alegan, Land acumuló deudas en las tarjetas de crédito de la anciana y secó la cuenta de banco en borracheras de compras y para pagar sus costos diarios de vida.

“Robar los ahorros de toda una vida de una anciana es horroroso, pero es especialmente deplorable si el crimen está cometido por la hija de la enferma víctima,” dijo el Attorney General Porrino. “Para hacer las cosas peor, el alegado dinero robado tenía la intención de asegurar el apropiado cuidado de la madre de la acusada que estaba sufriendo por los efectos perjudícales de la demencia.”

“Fraude contra ancianos es un crimen deplorable que se ensaña en las víctimas más vulnerables entre nosotros, nuestros ancianos,” dijo Christopher Iu, el Acting Insurance Fraud Prosecutor. “Continuaremos investigando y procesando cualquiera que quiera hacer víctimas financieras de nuestros decanos.”

De acuerdo a los procuradores, Land robó aproximadamente $87,746 mientras tenía los poderes notariales sobre su madre entre Mayo del 2013 y Enero del 2016. En vez de hacer pagos mensuales a la facilidad donde su madre vivía, como era requerido bajo el contrato con la facilidad, se alega que Land accedió al dinero de su madre para hacer compras y para pagar sus cuentas. Ella también usó las tarjetas de crédito de su madre para mercancías y servicios que ella había recibido, y usó el dinero de su madre para hacer pagos en esas tarjetas, las cuales fueron eventualmente cerradas por no pagos en los balances, de acuerdo a los procuradores.

Crímenes en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000. La acusación es solamente una acusación y la acusada es inocente hasta que se pruebe culpable.

La Deputy Attorney General Melissa M. Simsen presentó el caso al gran jurado del estado. La Detective Danielle Han coordinó la investigación bajo la supervisión del Lt. Louis Renshaw.

El Acting Insurance Fraud Prosecutor Iu le dio las gracias al Department of Human Service’s Office of the Public Guardian for the Elderly por referir el caso a la Office of Insurance Fraud Prosecutor.

El Acting Insurance Fraud Prosecutor Iu anotó que algunos casos importantes han empezado con llamadas anónimas. La gente que esté preocupada con fraude de seguro y tiene información acerca de estafa puede reportarla anónimamente llamando a la línea directa 1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución, y convicción de fraude de seguro.

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