| TRENTON –El Attorney General Christopher S. Porrino anunció que una mujer de Ocean County fue sentenciada a la prisión hoy por defraudar al estado de $345,213 remitiendo falsos reclamos de beneficios de desempleo en nombres de presuntos ex empleados de su negocio de preparación de impuestos, ahora cerrado.
Erica Rivera, 35, de Beachwood, N.J., fue sentenciada hoy a 7 años en la prisión del estado por el Juez de la Corte Superior Peter E. Warshaw en Mercer County. Ella admitió culpabilidad en Sept. 19 a una acusación que la carga en segundo grado de robo por decepción. Como parte de la admisión de culpabilidad, ella acordó a una orden de consentimiento de pagar los $345,213 en restitución al New Jersey Department of Labor and Workforce Development. El estado ha recobrado $31,000 hasta el día de hoy lo cual se aplicará a la restitución.
Rivera fue cargado en una investigación por el Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau. La investigación empezó por una referencia del New Jersey Department of Labor and Workforce Development, el cual descubrió los fraudulentos reclamos. El Philadelphia Police Department, la Pennsylvania Attorney General’s Office y el U.S. Department of Labor-Office of Inspector General asistieron en la investigación. El Deputy Attorney General Christopher Keating procesó a Rivera y trató la sentencia de parte de la Division of Criminal Justice.
Admitiendo culpabilidad, Rivera dijo que, desde Septiembre del 2012 a Junio del 2015, ella se involucró en un esquema en el que remitió en línea falsas aplicaciones de beneficios de desempleo y recibió los pagos en los nombres de 24 presuntos ex empleados de su negocio de impuestos, Compassionate Financial Services (“CFS”). Las falsas aplicaciones resultaron en 27 reclamos de seguro de desempleo, a través de los cuales Rivera recibió 521 pagos de beneficios en un total de $345,213. Remitiendo los falsos reclamos, Rivera usó la información personal de parientes y conocidos, incluyendo clientes de CFS, quienes aparentemente no sabían que su información personal la estaban usando. Estos individuos nunca estuvieron empleados por CFS o nunca remitieron reclamos de desempleo a New Jersey. Rivera pretendía ser los reclamadores certificando en línea cada semana que ellos satisfacían los requisitos de elegibilidad para recibir los beneficios. Ella también pretendió que era la reclamadora cuando el departamento de trabajadores llamó por teléfono para verificar la información. Se les da a los beneficiarios tarjetas de débito y reciben los beneficios directamente en sus cuentas asociadas con estas tarjetas. Rivera recibía las tarjetas de débito en un buzón en una tienda de correos la cual ella usó como dirección para la mayoría de los reclamos. Fue grabada por cámaras de vigilancia usando un número de una tarjeta de débito para descargar fondos en un ATM en lugares en Pennsylvania, New Jersey y Washington, D.C.
“Rivera fue metódica en su esquema de robar los beneficios de desempleo del estado, pero ella aprendió que el estado es todavía más metódico en erradicar el fraude,” dijo el Attorney General Porrino. “Continuaremos trabajando con el Department of Labor para poner a estos estafadores como Rivera en la prisión y proteger esta importante red de seguridad para los desempleados de New Jersey.”
“El fraude de seguro de desempleo perjudica a los honestos trabajadores de New Jersey quienes cuentan con estos beneficios para mantenerse a flote financieramente si pierden sus trabajos,” dijo el Director Elie Honig of the Division of Criminal Justice. “Estamos avisando a estos estafadores que trabajaremos agresivamente para perseguir esta clase de fraude.”
“Nuestro departamento toma seriamente las precauciones necesarias para proteger los fondos públicos,” dijo el Acting Commissioner Aaron R. Fichtner del New Jersey Department of Labor and Workforce Development. “Hemos implementado potentes medidas anti fraude para prevenir el fraude de seguro de desempleo y continuaremos trabajando juntamente con las autoridades del estado y federales para agresivamente identificar, perseguir y procesar a aquellos que engañan al sistema.”
Desde el 2011, el Department of Labor ha luchado contra el fraude de seguro de desempleo, ahorrando a la New Jersey Unemployment Insurance Trust Fund más de $750 millones hasta la fecha. Entre las muchas prácticas y procedimientos de anti-fraude están la adopción de programas de software y cambios en los programas que permiten al departamento detectar reclamos falsos cruzando la información de data interna y con otra base de datos para alertar información inválida o patrones sospechosos envolviendo elementos comunes entre varios reclamos, tales como residencias o direcciones idénticas de protocolo de Internet (IP).
La investigación fue conducida por la Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau por el Detective Glenn Stanton, la ex Detective Lynn Fitzgerald, Detective Christine Sullivan y el ex Deputy Attorney General John Paone, bajo la supervisión del Deputy Bureau Chief Andrew B. Johns, Deputy Bureau Chief Jacqueline Smith y la Bureau Chief Jill Mayer.
El Attorney General Porrino le dio las gracias al Department of Labor and Workforce Development por su referencia y valiosa asistencia. La investigación fue conducida de parte del Department of Labor por el Supervising Investigator Michael Kulyk y el Investigator Luke Schaffer de la Office of Benefit Payment Control, bajo la dirección de Charles J. Walkowiak, Director del Fraud Prevention and Risk Management.
El Attorney General Porrino también le dio las gracias al Lt. Dennis Rosenbaum y al Detective Thomas Altimari del Philadelphia Police Department, al Supervising Special Agent Jim Elo de la Pennsylvania Office of Attorney General, y al U.S. Department of Labor-Office of Inspector General por su asistencia valiosa.
El Abogado Defensor: Joseph Rutala, Esq., The Bahuriak Law Group, Philadelphia. Pa.
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