| TRENTON –El Attorney General Christopher S. Porrino anunció que un ex inspector de vehículos motorizados y dos actuales inspectores han sido acusados judicialmente en cargos de que fraudulentamente usaron simuladores de data para generar falsos resultados de las inspecciones de emisión de vehículos motorizados, que dependen en los datos de los onboard diagnostic systems (sistemas de diagnóstico en los autos). Dos dueños de autos también fueron cargados en la acusación judicial porque se alega usaron simuladores de datos para pasar los resultados de sus vehículos que habían fallado las inspecciones de emisiones.
Los siguientes individuos fueron cargados en una acusación judicial de gran jurado del estado obtenida ayer por la tarde (Dic. 5) por el Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau:
- Lenny Roman, 38, de Hoboken, N.J., un exempleado de Parsons Environment & Infrastructure Group, Inc., el contratista que operaba las Facilidades Centrales de Inspección (“CIFs”) para la New Jersey Motor Vehicle Commission (MVC). Roman trabajó en la Secaucus CIF hasta el 2010 y luego fue licenciado para operar una inspección privada en Paterson, Lenny’s Diagnostic & Inspection.
- Evan Pierre-Noel, 27, de West Orange, N.J., quien está empleado por Parsons como un inspector de vehículos motorizados en la Secaucus CIF.
- Mark Faison Jr., 48, de Newark, N.J., quien está empleado por Parsons como un inspector de vehículos motorizados en la Newark CIF.
- Francesco Calabresi, 22, de Park Ridge, N.J., el dueño de un auto.
- Kenroy K. Tyndall, 35, de Newark, N.J., el dueño de un auto.
“Esta clase de artimaña amenaza la salud de todos los habitantes de Nueva Jersey contaminado el aire que respiramos con más emisiones tóxicas por vehículos que no son apropiadamente mantenidos,” dijo el Attorney General Porrino. “Nuestra investigación de este fraude está en curso, y continuaremos agresivamente procesando a aquellos que ilegalmente socaban los estándares de las emisiones de los vehículos motorizados.”
“Trabajando con la MVC y el DEP, estamos poniendo a los deshonestos operadores en aviso de que sabemos de estos simuladores de datos y que podemos detectar cuando se han usado para falsificar inspecciones,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Cuando los descubrimos estamos preparados para cargar a estos estafadores con estos serios crímenes.”
“Este caso es un ejemplo del importante papel que las asociaciones del gobierno estatal tienen en proteger la integridad de las inspecciones de vehículos de Nueva Jersey,” dijo el Motor Vehicle Commission (MVC) Chairman y Chief Administrator Raymond P. Martinez. “La MVC’s Division of Inspection Services y la Division of Security, Investigations e Internal Audit regularmente trabajan con el Department of Environmental Protection y la Attorney General’s Office para parar atentos de cometer toda clase de fraude y abuso, y permanecemos comprometidos a mantener la validez no solamente de los Programas de inspección, pero de todos los programas del Estado.”
“Esta clase de comportamiento tiene unas consecuencias muy importantes como incrementando el volumen de contaminantes que afectan la salud pública y el medioambiente,” dijo el Department of Environmental Protection Commissioner Bob Martin. “Estamos comprometidos a mejorar la calidad del aire en New Jersey y no toleraremos acciones de individuos que menoscaben los esfuerzos de la mayoría de los motoristas que toman las apropiadas medidas para asegurarse que las emisiones de sus vehículos están operando apropiadamente.”
La mayoría de autos de pasajeros y vehículos de cargo liviano modelos de los años 1996 o más tarde tienen un onboard diagnostic (OBD) system que monitorea el sistema de las emisiones del vehículo. Durante una inspección de OBD, un inspector en una facilidad privada (PIF) o en una facilidad central (CIF) conecta el equipo aprobado por el estado de inspección a un estandarizado “data link connector” (enlace de conexión a los datos) en el vehículo para obtener los datos de OBD para determinar si el vehículo pasa o falla. La investigación del estado reveló que los acusados participaron en la instalación de un simulador de OBD en lugar del enlace de conexión en vehículos que habían fallado las inspecciones de emisiones para generar falsos datos que permitiera a los vehículos pasar las inspecciones.
Esta investigación del estado en curso reveló que Roman se alega buscó clientes cuyos autos no habían pasado la inspección. Se alega que por lo general él cargó de $150 a más de $200 para obtener que estos pasaran la inspección con un simulador de OBD. Desde Octubre a través de Diciembre del 2015, Roman y varios co-conspiradores se alega usaron un simulador de OBD que Roman poseía para falsificar 131 inspecciones de emisiones envolviendo 127 vehículos. La licencia de Roman para operar una facilidad de inspección privada estaba suspendida al tiempo de la alegada conducta, y la mayoría de las inspecciones fraudulentas tuvieron lugar en el Secaucus CIF. Una cantidad más pequeña fueron hechas en las CIF de Lodi y Newark.
Pierre-Noel se alega conspiró con Roman, usando su posición como un inspector de vehículos motorizados en la Secaucus CIF para referir clientes a Roman y asistirlos con varias inspecciones en las que el simulador OBD de Roman se usó. Faison se alega usó el simulador OBD de Roman durante una inspección en su mismo vehículo y también inspeccionó varios otros vehículos con el OBD simulador en la facilidad CIF de Newark Tyndall y Calabresi se alega arreglaron obtener resultados de pasar la inspección para sus mismos vehículos usando el simulador OBD de Roman.
Se ha cargado a Roman también con mala conducta oficial porque se alega que falsamente reportó que 157 sellos de inspección del estado fueron robados de su vehículo privado en Abril del 2015. Roman se alega que fraudulentamente los reportó robados para poder venderlos. La licencia de Roman para operar una facilidad de inspecciones privada fue suspendida después de que reportó los sellos robados porque el no estaba autorizado de tener los sellos en su vehículo. Uno de los sellos fue luego encontrado en un auto cuyo dueño se alega había pagado a Roman $250 después de que su vehículo falló de pasar inspección. Dos sellos más fueron encontrados cuando los detectives ejecutaron una orden de allanamiento en el auto de Roman.
El Deputy Attorney General Phillip Leahy presentó el caso al gran jurado del Estado de parte del Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau, bajo la supervisión de la Deputy Bureau Chief Jacqueline Smith y de la Bureau Chief Jill Mayer. El Deputy Attorney General Michael King también fue asignado a procesar el caso. Los investigadores son, de parte de la Division of Criminal Justice, Detective Nicholas Olenick y el State Investigator Ruben Contreras, bajo la supervisión del Lt. Bill Newsome; de parte de la Motor Vehicle Commission, el Investigator Frank VanWie de la Division of Security, Investigation and Internal Audit, y el Manager James Arose y Compliance Officer Theodore Lefkowich de la Enhanced Inspection and Maintenance Unit; y de parte del Department of Environmental Protection, Environmental Engineer Jeffrey Kennedy y el Bureau of Mobile Sources.
Roman y Pierre-Noel están cada uno cargado de conspiración (en segundo grado), mala conducta de un oficial (en segundo grado), violación del Air Pollution Control Act federal (en tercer grado), actividad de computadora criminal (en tercer grado grado), y manipulación de archivos o documentos públicos (en tercer grado). Roman también está cargado con un segundo cargo de mala conducta oficial (en segundo grado) y patrón de mala conducta oficial (en segundo grado).
Faison está cargado con mala conducta oficial (en segundo grado), violación del Air Pollution Control Act federal (en tercer grado), y manipulación de archivos o información pública (en tercer grado grado). Calabresi y Tyndall están cada uno cargado con violación del Air Pollution Control Act federal (en tercer grado).
Un cargo en tercer grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, mientras que cargos en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión y una multa de hasta $15,000. El cargo en tercer grado de actividad criminal de computadora lleva un tiempo mandatario sin la posibilidad de libertad condicional igual a un tercio o a mitad de la sentencia impuesta. La acusación judicial es solamente una acusación y el acusado es inocente hasta que se pruebe culpable.
La acusación judicial fue presentada al Juez de la Corte Superior Robert Billmeier en Mercer County, quién asignó el caso a Hudson County, donde se les pedirá a los acusados a que aparezcan en la corte a una fecha más tarde para ser procesados.
Los Abogados Defensores: Para Roman, Dennis McAlevy, Esq., de Union City; y por Calabresi, Frank Carbonetti, Esq., de Hackensack. Otros no determinados.
Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram & YouTube. Los enlaces a la media social proveídos son para referencia solamente. La New Jersey Attorney General’s Office no apoya ningún sitio web, compañías o aplicaciones que nos son del gobierno. ### |
