| TRENTON
- La Fiscal General Anne Milgram y el Director
de la División de Justicia Criminal
Gregory A. Paw informaron que un agente
de la policía de Hillside, fue acusado
por un jurado investigador de presuntos
cargos de conspirar con su ex-novia para
apoderarse de los fondos del programa de
prevención para personas desamparadas,
administrado por el Departamento de Asuntos
de la Comunidad del Estado de New Jersey
(DCA).
El Director Paw, explicó que Vitor
“Victor” Pedreiras, de 30 años,
de Hillside, presuntamente conspiró
con su ex-novia y otra mujer al someter
4 solicitudes falsas para obtener fondos
del programa y sobornó a un ex-administrador
del Departamento de Asuntos de la Comunidad,
DCA, para que se encargue de procesar estas
solicitudes de manera ilegal por un monto
de $14,963. La administradora, Robin Wheeler-Hicks,
de 48 años, de Elizabeth, se declaró
culpable de robar más de $866,000
del programa de prevención para desamparados.
Cuando los sospechosos fueron puestos al
descubierto, Pedreiras, le dio instrucciones
a su novia de mentir en las declaraciones
a los investigadores estatales.
Pedreiras, enfrenta varios cargos entre
ellos: conspiración en segundo grado,
sobornar a una autoridad en segundo grado,
dos cargos de conducta deshonesta, ambos
en segundo grado, robo en tercer grado,
dos cargos de alterar los documentos públicos,
ambos en tercer grado, falsificación
de documentos en cuarto grado, obstruir
a los testigos, en tercer grado, y entorpecer
el arresto o conviccion, en tercer grado.
“Es un acto indignante cuando un agente
de la policía, que juramentó
para respetar la ley y servir al público,
tenga que ser acusado de robar fondos a
un programa que brinda ayuda a la población
más necesitada”, afirmó
la Fiscal Milgram.
“Este agente policial tenía
la obligacion informar de un acto fraudulento,
sin embargo hizo todo lo contrario”,
dijo el director Paw. “Hoy, el policía
enfrenta una serie de acusaciones severas.
Nueve personas ya se han declarado culpables
en esta investigacion”, indicó
Paw.
El Programa de Prevención para Desamparados
(HPP) facilita fondos económicos
a individuos y familias elegibles que se
encuentran en peligro de quedarse indefensos.
Provee dinero para pagar la renta y mantener
a la familia en una vivienda, a su vez que
facilita dinero para cubrir 2 meses de renta
y un déposito de seguridad para conseguir
una nueva vivienda si la familia es obligada
a salir de su anterior vivienda.
Joana Pereira, ex-novia de Pedreira, de
25 años, de Newark, conocida anteriormente
como Joana Rodrigues, el 21 de febrero pasado,
se declaró culpable de robo en tercer
grado. Pereira, propietaria, confesó
que en forma ilegal y en complicidad con
una de sus inquilinas,Tashime Mitchell,
de 33 años, de Irvington, sometió
4 solicitudes al programa de prevencion
para desamparados por una cantidad de $14,963.
Mitchell, compartió con ella los
beneficios.
Joana Pereira, figuraba en tres solicitudes
como propietaria y ponía como inquilina
a Mitchell, a otro pariente o conocida de
la mujer. Los cuatro figuraban en la lista,
Vitor Pedreiras como propietario y un pariente
suyo como inquilino. Se cree que Vitor Pedrerias
conspiró para someter las cuatro
solicitudes fraudulentas.
Los delitos en segundo grado se castigan
con sentencias máximas de 10 años
de cárcel y el pago de una multa
de $150,000, mientras que los delitos en
tercer grado se castigan con penas máximas
de 5 años de cárcel y el pago
de una multa de $15,000. Los delitos en
cuarto grado acarrean sentencias máximas
de 18 meses en prisión y el pago
de una multa de $10,000.
Los cargos fueron formulados en la Corte
Superior del Condado de Mercer Mitchell
and Renita Livingston, de 33 años,
de Hillside, previamente se declararon culpables
de cooperar con Wheeler-Hicks para someter
numerosas solicitudes falsas al Programa
de Prevención para desamparados.
Wheeler-Hicks, ex -representante de DCA
en el condado de Union, fue la responsable
de procesar los documentos del programa
de prevención de desamparados en
este condado. Wheeler-Hicks, se declaró
culpable de soborno en segundo grado y robo
el año pasado, habiendo confesado
su culpabilidad de someter por lo menos
428 solicitudes falsas al programa de prevención
para desamparados, totalizando $866,560.
Su sentencia está pendiente.
Mitchell se declaró culpable de soborno
y fue sentenciada a 5 años de prisión
el 3 de noviembre, y Livingston, también
se declaró culpable de conspiración
y fue sentenciada a 3 años de prision
el 15 de diciembre de 2006. Mitchell recibio
la orden de pagar $ 29,000 por restitution
y Livingston, $10,500.
Los ex-empleados de DCA Florence Glenn,de
34 años, de Dover, Delaware, y Clarice
Patterson,de 54 años de Roselle,
se declararon culpables en este caso de
conducta deshonesta en tercer grado y el
4 de agosto de 2006, ambas fueron sentenciadas
a 3 años de probatoria condicionada
y devolver la cantidad de $2,300 y $2,785,
respectivamente.
El 28 de septiembre de 2005, otras 3 personas
se declararon culpables en este mismo caso:
- Carletta
Smith, de 33 años, de
Somerset, ex-empleada que trabajo como
contador,y despues tyrabajo ella misma
como propietaria y duena de 4 corporaciones,
se declaró culpable de conducta
deshonesta en el caso de C&C Financial
Group LLC, CCB Investments LLC, Jonah
Investment Group LLC, y 96 Eaton Place
LLC;
- Monica
Smith, de 30 años, de
Spotswood; y
- Lisa
Smith Foster, de 35 años,
de Howell.
Estas
tres acusadas fueron requeridas pagar a
DCA un total de $33,859 por restitucion.
Al momento de declarar su culpabilidad,
Lisa Smith Foster fue admitida al programa
Pre-Trial Intervention ( PTI ). Carletta
Smith entregó su licencia de contadora
publica. La corporacion demandada devolvió
$101,577. Monica Smith fue sentenciada a
probatoria.
DCA, altertó a la Division de Justicia
Criminal cuando descubrieron ciertas irrewgularidades
con los funcionarios encargados de las transacciones
del programa de prevencion para desamparados
en el condado de Union. DCA facilitó
recursos administrativos y asistencia en
las investigaciones efectuadas por la Division
de Justicia Criminal.
Este caso fue sometido a un jurado investigador
por el Vice Fiscal Anthony Picione.La investigacion
fue conducida por los investigadores estatales
Joseph Caloiaro, Rob Feriozzi, Anthony Luyber
y Kiersten Pentony; el investigador civil
Wayne Cummings; los detectives de la Policia
Estatal de New Jersey, Dustin Lesnever,
Gerald Nachurski y Gregory Shawaryn y la
analista Alison Callery, asignada a la División
de Justicia Criminal.
La Fiscal General Milgram destacó
que la División de Justicia Criminal,
tiene una linea telefónica gratis
y el público puede llamar y reportar
con confidencialidad los casos de corrupcion,
delitos financieros y otras actividades
ilegales. El teléfono es: 1-866-TIPS-4CJ.
El público también puede visitar
la Página Web www.njdcj.org.
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