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TRENTON
- La Fiscal General Anne Milgram informó
que un jurado investigador estatal en separados
casos, formuló acusaciones en contra
de la ex-jueza jefa Wanda Molina y la ex-Administradora
de la Corte Municipal de Jersey City, Virginia
Pagán por conducta deshonesta oficial
al efectuar arreglos con las multas de tráfico.
Según la Directora de Justicia Criminal
Deborah Gramiccioni, Molina, de 49 años,
residente en Jersey City, fue acusada de
dos cargos de conducta deshonesta oficial
en segundo grado, un cargo de prototipo
de conducta deshonesta en segundo grado,
un cargo de interferir con los documentos
públicos y archivos en tercer grado,
y un cargo de falsificación de documentos
en cuarto grado.
Pagan, de 53 años, residente en Jersey
City, fue acusada en forma separada de conducta
deshonesta en segundo grado, prototipo de
conducta deshonesta en tercer grado, interferir
con los documentos públicos y archivos
en tercer grado y falsificación de
documentos en cuarto grado.
“Cuando una autoridad de la Corte
está implicada en efectuar arreglos
con las multas de trafico, lo que hace es
quebrantar la fe de los ciudadanos que con
honestidad pagan sus multas”, dijo
la Fiscal General Milgram. “La acusaciones
de hoy son un mensaje que los acusados no
están por encima de la ley y al final
tenemos un sistema de justicia al cual todos
tienen que responder”, añadio
Milgram.
Según las acusaciones, entre septiembre
de 2006 y agosto de 2007, Molina, tomó
acción judicial para eliminar 8 multas
de tráfico que le pusieron a una
persona muy cercana a ella. Las Normas de
la Corte y la Conducta Judicial, prohíben
a los jueces de ver casos donde existe algún
tipo de interés personal o si es
muy cercano. Presumiblemente Molina escribió
la palabra “emergencia” en las
3 multas y falsamente indicó que
hubo circunstancias de fuerza para justificar
el estacionamiento ilegal, cuando en realidad
no lo fue.
La
segunda acusación señala que
entre noviembre de 1999 y Julio de 2007,
Pagán utilizó su posición
oficial de administradora de la Corte Municipal
para tener acceso al sistema computarizado
de la Corte y eliminó 215 multas
de tráfico que le pusieron a ella
y su hija. Las obligaciones de Pagán
incluían: dar ingreso a las multas
con las disposiciones después que
han sido adjudicadas por un juez. No hubo
ninguna determinación judicial con
las multas que Pagán eliminó
para ella misma y su hija. La investigación
estatal encontró que el monto de
las multas superaban los $ 5,000.
Los
cargos de conducta deshonesta en Segundo
grado en contra de
Molina y Pagan acarrean una sentencia máxima
de 10 años en prisión y el
pago de una multa de $150,000.
En
vista que ambas han sido acusadas con cargos
de conducta deshonesta oficial y conducta
delictiva en segundo grado que se produjo,
en parte, después del 14 de abril
de 2007 - la fecha de entrada en vigor la
nueva norma de condena pública en
contra de la corrupción, ambas acusadas
enfrentan un mínimo obligatorio de
cinco años de prisión si son
declaradas culpables. El Gobernador Jon
S. Corzine firmó la ley en marzo
de 2007 para aumentar considerablemente
el castigo a los funcionarios públicos
que son culpables de abusar de su cargo
y violar la confianza pública.
“Estos
acusadas violaron repetidamente la ley con
el fin de beneficiarse a sí mismas
y a su círculos mas cercanas a ellas",
dijo la Directora Gramiccioni. "Afortunadamente,
una llamada anónima fin a sus abusos.
Alentamos a cualquier persona que si conoce
de algún sospechoso de corrupción
pública, presente un informe a nosotros",
aseveró Gramiccioni.
El
juez de Asignación Maurice J. Gallipoli
del Condado de Hudson, inicialmente investigó
las denuncias relativas a las irregularidades
en las multas de tráfico en la Corte
Municipal de Jersey City. Luego, refirió
el asunto a la Oficina del Fiscal General.
Molina
y Pagán renunciaron a sus cargos
en la Corte en septiembre de 2007.
Las
acusaciones estuvieron a cargo de la Juez
de la Corte Superior en el condado de Mercer,
Maria Marinari Sypek. El caso de Molina
fue asignado al tribunal del condado de
Bergen. El caso de Pagán y fue asignado
al Condado de Hudson. Ambas deberán
comparecer ante el tribunal en una fecha
posterior para responder a las acusaciones.
La
fiscal General Milgram, señaló
que la División de Justicia Criminal
ha establecido una línea telefónica
gratuita para que el público informe
de la corrupción, la delincuencia
financiera y otras actividades ilegales.
La línea telefónica contra
la corrupción estatal es 1-866-TIPS-4CJ.
Además, el público puede acceder
a la Página Web de la División
de Justicia Criminal: www.njdcj.org y se
le solicita informar de sospechas o irregularidades.
Toda información recibida a través
de la División de Justicia Criminal
será considerada confidencial.
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