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16 de diciembre de 2009

Oficina del Fiscal General
- Anne Milgram, Fiscal General
Division de Justicia Criminal
- Deborah L. Gramiccioni, Directora

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Peter Aseltine
609-292-4791

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Padre e Hijo son Acusados de 4.5 Millones de Dólares en Robo y Lavado de Dinero Mediante Falsas Solicitudes de Préstamos de Viviendas

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TRENTON - La Fiscal General Anne Milgram informó que un padre y su hijo han sido acusados con sus respectivas firmas de bienes raíces del robo aproximado de 4.5 millones de dólares de los prestamistas de hipotecas al proveer falsa información en las solicitudes de prestamos en viviendas.

La directora de Justicia Crimina Deborah L. Gramiccioni, explicó que un Jurado Investigador formuló los cargos en contra de Martín Gendel, de 64 años, de Montville y su hijo Seth Gendel, de 35 años, de Long Island, N.Y., así como a las firmas de bienes raíces que son propietarios:Casey Properties LLC, Lee Alan LLP, y Andrea Management LLC, todos establecidos en la ciudad de Totowa. Cada uno de los acusados enfrenta cargos de conspiración, robo y dos cargos de lavado de dinero (en Segundo grado).

Martín Gendel fue arrestado en su casa en Montville y fue conducido a la cárcel del condado de Morris. Seth Gendel también fue arrestado en su casa en Long Island, Nueva York y será extraditado a New Jersey.

Entre diciembre de 2005 y septiembre de 2007, los demandados presuntamente engañaron a siete prestamistas de hipotecas para que les proporcionen aproximadamente $ 4.5 millones de dólares en préstamos para la compra de 14 viviendas. Seis de ellas en Paterson, seis en Newark y dos en East Orange.

"Los acusados sometieron falsas solicitudes de compradores de vivienda que no tenían calificaciones y pudieron obtener $ 4.5 millones de dólares en préstamos", manifestó la Fiscal General Milgram. "Como se detalla en una demanda civil que presentamos a principios de este año, los demandados reclutaron a los inversionistas para la comprar de propiedades urbanas de alto costo, y luego desviaron los fondos del préstamo para su propio enriquecimiento, dejando a los inversionistas y dueños de casa enfrentarse a la ejecución de embargos hipotecarios”.

Se presume que los demandados sometieron falsa información acerca de lo empleos y los ingresos en las solicitudes de préstamo y sobre las formas de arreglo con HUD para que los compradores puedan obtener préstamos para los cuales no estaban calificados. En algunos casos, incluyeron información falsa de los contratos de alquiler y los ingresos de las propiedades. Nueve de los clientes compraron 14 viviendas.

“La División de Justicia Criminal ha intensificado sus actuaciones judiciales de casos complejos respecto a los delitos de “cuello blanco”, incluyendo los casos de fraude hipotecario y lavado de dinero", dijo la Directora Gramiccioni. "En estos tiempos difíciles en la parte económica, debemos estar atentos para evitar que vendedores de viviendas deshonestos cometan fraudes a los prestamistas, inversionistas y propietarios de viviendas”, indicó Gramiccioni.

Desde junio de 2008, la Oficina del Fiscal General ha presentado un total de 11 demandas civiles por fraude hipotecario con nombres y corporaciones de 102 individuos y empresas cuyas conductas fraudulentas han afectado a más de 950 víctimas, así como propiedades por más de $ 29,1 millones de dólares. La Oficina del Fiscal General ha obtenido acusaciones o actos de culpabilidad en ocho casos de fraudes en hipotecas con un total de 15 acusados. Los demandados han sido acusados de causar daños a 60 personas y bancos en relación con los préstamos por un valor de $ 15 millones. Además, la Fiscal General ha sometido acciones legales de violaciones en contra de nueve firmas que tienen sus sedes de operaciones en Nueva Jersey y ofrecen servicios de préstamos hipotecarios y modificaciones sin una licencia de ajuste de la deuda. Se evaluaron las penalidades civiles que llegan a $45 mil dólares ($ 5 millones de dólares cada una) y se les pidió la restitución a los compradores.

Los delitos en segundo grado acarrean una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 150 mil dólares. Los delitos en segundo grado de blanqueo de dinero se castigan con una multa de 500 mil dólares y un potencial castigo de blanqueo de dinero por 250 mil dólares.

La acusación fue entregada a la Jueza del Tribunal Superior Linda R. Feinberg, en el Condado de Mercer, quien asignó el caso al Condado de Morris, donde los acusados serán procesados en una fecha posterior en los cargos.

La demanda civil fue sometida por la Fiscalía General en marzo abriéndose cargos en contra de Martín Gendel, Seth Gendel, Casey Propiedades y Alan Lee LLP con violar las leyes civiles de Chantaje Organizado y actos de Corrupción (RICO por sus siglas en Ingles). Se Acusó a los Gendels y otros seis individuos de engaño - con falsa información de crédito a sus víctimas - para obtener préstamos hipotecarios fraudulentos para la compra de propiedades urbanas con precios súper inflados. Ellos convencieron a las víctimas para comprar viviendas en Newark, Paterson, Irvington y la ciudad de East Orange y fueron objeto de evaluaciones falsas, entonces se aprovecharon de los intereses altos en el cierre.

Los acusados les dijeron a los inversionistas que Casey Properties se haría cargo de todos los aspectos de la venta y el manejo de la propiedad, incluida la búsqueda de inquilinos, cobro de alquileres, pago de las hipotecas y hacer las reparaciones necesarias. Sin embargo, Casey Properties nunca mantuvo los hogares y menos efectuó los pagos de las hipotecas. Al final, las víctimas habían arruinado su crédito y se les hizo responsables al ver que sus casas fueron dilapidadas y habían sido puestas en ejecuciones de embargos de hipoteca o abandonadas.

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