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NEWARK-
La Oficina del Fiscal General y la División
de Asuntos del Consumidor hoy pusieron demandas
en contra de tres compañías
que falsamente anunciaron que estaban autorizadas
para preparar documentos de inmigración
de parte de los clientes. Solamente abogados,
o ciertos otros representantes autorizados
por el Gobierno Federal, pueden presentar
documentos legales tales como formularios
de inmigración de parte del cliente.
Adicionalmente, el Estado alega que una
de las compañías remitió
formularios de inmigración de parte
de un ciudadano naturalizado de Estados
Unidos, cuyas hijas fueron luego amenazadas
con deportación porque los documentos
no estaban completos y fueron presentados
incorrectamente.
“Las
víctimas en estos casos eran inmigrantes
legales que querían extender sus
visas o aplicar para ciudadanía,
como muchos millones lo han hecho desde
la fundación de nuestra nación,”
dijo la Fiscal General Paula T. Dow. “Desgraciadamente,
los estafadores ven a personas con un conocimiento
limitado de la lengua inglesa y de las leyes
americanas como un blanco fácil para
la estafa. Estos estafadores falsamente
dicen que son abogados, o pretenden estar
autorizados para presentar documentos de
inmigración de parte de un cliente.
Como resultado, inmigrantes legales pierden
dinero o se encuentran en situación
de deportación debido a que los documentos
fueron presentados erróneamente o
no fueron presentados.”
Las
quejas fueron anunciadas hoy como parte
de “Lucha contra las Estafas de Servicios
de Inmigración,” una iniciativa
nacional a la que la Oficina del Fiscal
General y la División de Asuntos
del Consumidor se han unido con la Comisión
Federal de Comercio FTC, la División
Civil del Departamento de EE.UU. de Justicia
y la Oficina Ejecutiva de Reviso de Inmigración
(EOIR), los Servicios de Ciudadanía
e Inmigración de EE:UU. (USCIS),
la Implementación de Inmigración
y Aduanas (ICE), varios Fiscales Generales,
y muchas de las autoridades a nivel de municipios
y condados. La iniciativa fue anunciada
hoy en Washington DC y en centros regionales
a través de la nación. En
todo el país, la iniciativa incluye
demandas y acciones administrativas locales
en contra de los proveedores de servicios
de inmigración así como educación
para los consumidores en varios idiomas
y un incremento de cooperación entre
los agentes de implementación de
ley.
“Estamos
tomando una posición firme en contra
de esos negocios sin conciencia que se aprovechan
de explotar la confusión que muchos
inmigrantes legales tienen de nuestras diferencias
lingüísticas y culturales, como
la definición de un ‘notario
público’ versus la definición
de un abogado,” dijo el Director Interino
de la División de Asuntos del Consumidor
del Estado Thomas R. Calcagni.”Estafadores
que proveen servicios de inmigración
falsamente proclaman que están autorizados
para proveer servicios legales de inmigración.
Sus víctimas pagan por lo que creen
que son servicios honestos, y terminan siendo
defraudados, perdiendo ahorros y documentos
valiosos como partidas de nacimiento o los
pasaportes, o todavía peor, enfrentandose
con la deportación debido a que los
documentos fueron erróneamente o
falsamente preparados.”
La
División de Asuntos del consumidor
ha puesto hoy demandas en contra de los
siguientes proveedores de servicios de inmigración:
Lili Pablo Agents, LLC, de Elizabeth; RMS
Services, Inc., de Elizabeth; y RC Travel
LLC, de Newark.
El
asunto en contra de RMS Services, Inc.,
empezó con una queja de un consumidor
en contra de la compañía que
fue reportada a la División de Asuntos
del Consumidor el día 14 de Marzo
del 2011. El consumidor, un ciudadano naturalizado
de los EE.UU., nacido en Colombia, puso
en mayo del 2009 Petitions to Remove Conditions
of Residence (Petición para Remover
las Condiciones para Residencia) para sus
dos hijas, entonces de 14 y 19 años
de edad.
La
demanda del Estado alega que Ana Burgos,
que trabaja para RMS y está comisionada
como notario público, le dijo a los
consumidores que ella los podía ayudar
en la preparación y presentación
de los documentos necesarios, aunque ella
no era un abogado. Se alega que Burgos recibió
$450 dólares por presentar los documentos.
Sin
embargo, porque los alegados documento preparados
por Burgos eran insuficientes, el derecho
de las hijas de vivir y trabajar en los
EE.UU., estuvieron en peligro de ser revocados
por los Servicios de Ciudadanía e
Inmigración de los EE.UU. La madre
entonces contrató a un abogado legítimo,
y pagó $500 dólares en costos
de abogado y $545 por remitir los documentos
para resolver el problema.
La queja en contra de Lili Pablo Agents
LLC, y RC Travel, LLC, resultaron por la
investigación clandestina de la División
de Asuntos del Consumidor. El Estado alega
que ambas compañías violaron
el Acta de Fraude para el Consumidor y las
Regularizaciones de Publicidad, por ofrecer
preparar formularios de inmigración
a pesar de no estar autorizados para hacerlo.
Además
de la acción de implementación
de la ley, la División de Asuntos
del Consumidor este verano conducirá
una campaña de alerta para ayudar
a las familias de los inmigrantes. La División
de Asuntos del Consumidor tendrá
charlas públicas con grupos de la
comunidad, trabajará con la media
étnica, y proveerá información
en su website en inglés, español
y mandarín.
La
División ha creado los folletos “Lucha
contra las estafas de servicios de inmigración”
y los ha puesto en su website:
Los
folletos explican:
-
Solamente abogados y ciertos otros representantes
autorizados por los Servicios de Ciudadanía
e Inmigración de EE.UU. (US Citizenship
and Immigration Services) están
autorizados a preparar documentos legales
de inmigración, dar aviso en asuntos
legales, o representar a clientes en procesos
legales. Los consumidores que están
buscando si un individuo o una organización
está autorizada para hacer estos
servicios pueden visitar: www.USCIS.gov/immigrationpractice
o llamar a USCIS al 1-800-375-5283.
-
Los estafadores que pretenden estar autorizados
para rellenar documentos de inmigración,
con frecuencia dejan a sus víctimas
en problemas financieros, posibilidad
de enfrentarse con la deportación
y la pérdida de irremplazables
documentos como partidas de nacimiento
y pasaportes.
-
Negocios deshonestos usan anuncios diseñados
para aprovecharse del malentendido de
la lengua y la cultura de los inmigrantes.
El término ‘notario público’
o ‘notary public,’ se ha usado
para engañosamente representar
que una persona está licenciada
para proveer servicios legales, porque
el término significa una cosa muy
diferente en algunos países de
América Latina del que tiene en
Estados Unidos.
-
Cualquiera que solicite negocios falsamente
proclamando ser un abogado está
cometiendo una violación del Acta
de Fraude para el Consumidor y está
sujeto a $10,000 dólares de multa
por la primera ofensa, y cualquiera que
sabiéndolo se envuelve en el ejercicio
de derecho sin estar autorizado está
cometiendo un crimen del cuarto grado
y una ofensa de persona desordenada.
-
Inmigrantes legales y residentes legales
pueden ponerse en contacto con US Citizenship
and Immigration Services para asistencia
con documentos de inmigración.
Aquellos que quieren encontrar información
acerca de asuntos de inmigración
pueden ir a la website de la FTC a:
www.FTC.gov
(Pulse en español)
- View
Lili Pablo Agents, LLC Complaint
- View
RMS Services, Inc. Complaint
- View
RC Travel, LLC Complaint
Los
consumidores que creen que han sido defraudados
por un negocio o individuo o sospechan fraude
pueden reportarlo en una queja a la División
de Asuntos del Consumidor www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf
o llamando al número: 1-800-242-5846
(gratis si llama desde Nueva Jersey) o al
973-504-6200.
La
Delegada del Fiscal General Alina Wells
de la Sección de Prosecución
de Fraude al Consumidor representó
a la División en este asunto. El
Investigador Oscar Mejía de la Oficina
de Protección al Consumidor de la
División, condujo la investigación.
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