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Attorney General's Biography
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Para su Publicación Inmediata:
Contacto:
28 de septiembre 2012

Oficina del Fiscal General
- Jeffrey S. Chiesa, Fiscal General
División de Justicia Criminal 
- Stephen J. Taylor, Director
Oficina de
Información Pública:

Peter Aseltine
609-292-4791

Información para
los ciudadanos:

609-984-5828
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Un ex -trabajador en campaña electoral en Condado de Essex es declarado culpable de participar en fraude en 2007 en Distrito 29
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TRENTON - El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa informó que un hombre del Condado de Essex fue declarado culpable en un juicio por someter votos fraudulentos por correo, mientras trabajó en la campaña electoral en el 2007 de Teresa Ruiz por el Senado de New Jersey en el Distrito 29 de ese condado.

John Fernández, de 61 años, de Belleville, fue declarado culpable de fraude electoral por un jurado del Condado de Mercer al concluir un juicio de dos semanas en la sala del Juez Robert C. Billmeier. El veredicto del jurado lo encontró culpable de los cargos de conspiración (segundo grado), fraude electoral (segundo grado), fraude del voto en ausencia (tercer grado), manipulación de los registros públicos o de información (tercer grado) y falsificación (cuarto grado). Los Vice Fiscales Cynthia M. Vázquez y Víctor Salgado representaron a la División de Justicia Criminal durante en juicio.

En el veredicto, Fernández, quien trabajaba en el Departamento Desarrollo Económico del Condado de Essex, en forma fraudulenta manipuló la documentación de los votos en ausencia del proceso electoral del 6 de noviembre 2007 al someter las papeletas en nombre de los electores que nunca recibieron las boletas o tuvieron la oportunidad de emitir su voto. Los cargos de segundo grado se castigan con sentencias de 5 a 10 años en una prisión estatal. El juez fijó la sentencia de Fernández para el 30 de noviembre.
"Este veredicto de culpabilidad debe presentarse como una advertencia a cualquiera que trate de corromper el proceso electoral en New Jersey y socavar el derecho de los ciudadanos a votar ya que sus votos sean contados con justicia", dijo el Fiscal General Chiesa. "Pondremos énfasis en perseguir a los que cometen fraude electoral”.

"Nuestro éxito en este caso y otros casos relacionados dependió mucho de la cooperación de los votantes que habían sido afectados y, en algunos casos, privados de sus derechos por los acusados ​​que han sido condenados", dijo el director Stephen J. Taylor, de la División de Justicia Criminal. "En todas las elecciones, instamos a los votantes de New Jersey ponerse en contacto con la División de Justicia Criminal, si tienen motivos para sospechar un fraude electoral".

En 2009, Fernández fue acusado junto con otras personas después de la ​​ investigación realizada por la División de Justicia Criminal y la Unidad contra la Corrupcion de la Oficina del Fiscal del Condado de Essex. Los demandados fueron acusados ​​de múltiples acusaciones relacionadas con el voto en ausencia que recogieron y presentaron como trabajadores de la campaña de Ruiz para el Senado de New Jersey. Otros cuatro acusados ​​se declararon culpables, y otros tres perdieron sus cargos públicos y fueron admitidos por el tribunal en el Programa de Intervención de Cuestiones Preliminares.

El Estado presentó los testimonio y las evidencia en el juicio para mostrar el jurado que Fernández participó en la conspiración en la que él y otras personas sometieron solicitudes de boletas de mensajería de personas no facultadas para recibir y fraudulentamente se designaron como mensajeros autorizados o portadores. Obtuvieron los votos como mensajeros del Secretario del Condado y los sometideron a la Junta electoral del Condado como votos a favor de los electores que, de hecho, nunca recibieron o votaron.
En las elecciones del 6 de noviembre 2007, las boletas mensajeras eran sólo para los votantes que no podian abandonar su casa debido a una enfermedad, dolencia o discapacidad. Estos votantes pueden llenar una solicitud, designar a un familiar o un votante registrado en el condado mediante un mensajero o al portador.

Los delitos en segundo grado se castigan con sentencias de 5 a 10 años de prisión y una multa de hasta $ 150.000, mientras que los delitos en tercer grado se castigan con sentencias de 3 a 5 años de prisión y una multa de hasta $ 15.000. Los delitos en cuarto grado se castigan con sentencias de hasta 18 meses de prisión y una multa de $ 10.000.
La investigación fue dirigida por la División de Justicia Criminal por el Vice Fiscal Vincent J. Militello, el sargento. James Scott y la sargento. Lisa Shea.

El 3 de marzo de 2010, otro de los acusados​​, Gianine Narváez, de 39 años, de Belleville, técnico en procesamiento de datos para el Comisionado deRegistro y Superintendente de Elecciones del Condado de Essex, se declaró culpable de los cargos de tercer grado por cometer fraude conla papeleta de voto ausente y manipulación de documentos públicos o información. Narvaez está a la espera de su sentencia. El Estado recomendará que sea sentenciada a 3 años de prisión, incluyendo un sistema obligatorio de 2 años de suspensión condicional. Narvaez perdió su trabajo y las pensiones públicas, y estará permanentemente prohibida de volver a trabajar e un empleo público en New Jersey.

Otros dos acusados, Edwin Cruz, de 50 años, de Newark, y Rocío Rivera, de 52 años, de Washington, NJ (Hunterdon County), se declararon culpables el año pasado. Cruz se declaró culpable de manipulación de los registros públicos o de información, y Rivera se declaró culpable de fraude en tercer grado en votos en ausencia. Ambos están a la espera de la fecha de sus sentencia. El Estado recomendará que cada uno sea condenado a una pena de libertad condicional. Rivera perdió su trabajo en la Oficina del Alguacil del Condado de Essex.

Ángel Colón, de 49 años, de Newark, se declaró culpable de fraude en las elecciones y fue condenado en enero de 2012 a 5 años de libertad condicional. El Estado apeló la sentencia, indicando que debería haber recibido una pena de 5 a 10 años de prisión con base en su declaración de culpabilidad.

Ruiz, esposa, el ex Legislador del Condado de Essex County Samuel González, también fue acusado en el caso. En marzo de 2011, accedió a renunciar a su puesto como Legislador del Condado y su trabajo como asistente de un concejal de la ciudad de Newark, y fue admitido en el Programa de Pre-Trial Intervention (PTI). Otros dos acusados ​​perdieron sus puestos de trabajo en elmunicipio de Newar y el Condado de Essex y fueron admitidos al PTI.

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